martes, octubre 31

HAY QUE HERMOSEAR EL BOULEVARD


Se destinarán más de cinco millones de pesos para jerarquizar aún más los bulevares, zona ampliamente favorecida por las inversiones públicas y privadas. Mientras, el oeste se aglutina en un foro para pedir una limosna en obras de saneamiento. Pero el paseo santafesino no hace más que continuar con su propia historia: los que tienen nunca ponen nada.

Boulevard Gálvez nació en 1887. Era gobernador en ese entonces… José Gálvez, que no se puso colorado cuando Emilio Schnoor, uno encargados de proyectar la obra propulsó ese nombre en homenaje a quien gobernaba la provincia.

El boulevard nació de la necesidad imperiosa de unir el este y el oeste de la ciudad. Las tierras pertenecían, al sur a Pablo Marcial Candioti, y al norte, a un exponente del patriciado santafesino, Ignacio Crespo.

En 1888 los canteros ya estaban trazados según la jardinería francesa que hacía furor en ese momento.

Y hablando de franceses, un año después el director de la Compañía Francesa de Trenes compró la actual esquina de Las Heras para construir su hogar. El boulevard comenzaba a poblarse de selectos habitantes.

El ex gobernador Luciano Leiva (1894-98) también se muda a una pomposa mansión, hoy sede de la Escuela Centenario (hoy, esquina Lavalle). Su hijo Manuel construye en los años del Centenario su imponente residencia, que hoy es la Casa de la Cultura.

Pero quien dio el mayor impulso al embellecimiento del paseo, fue justamente, el gobernador Crespo (1910-11), y el intendente Edmundo Rosas (1908-12).

Bajo la gestión “Rosas”, se proyectó una forestación, trayendo desde Europa centenares de árboles.

El 15 de marzo de 1910, bajo su empuje, se dicta la ordenanza 1032. Ayer como hoy, los que tenían, no ponían.

Aparecida, como se acostumbraba entonces, en el diario Nueva Época, la norma exoneraba de todo impuesto de edificación y del pago de cinco años de contribuciones municipales a todos los propietarios de terrenos con frente al bulevar que edificaran dejando al frente un espacio destinado a jardín no menor de seis metros medidos desde la línea de edificación al interior. Además, para continuar con los beneficios, debían construir el muro de cerco de material o de verja o en otra forma que deje los claros necesarios para que desde el exterior puedan ser vistos los jardines que se formen.

Una belleza.

sábado, octubre 28

TRIÁNGULO MISTERIOSO


Los cuatro querellantes de la causa federal donde se investigan los crimenes de la dictadura en Santa Fe, presentaron en el Ministerio de Gobierno abundante documentación que compromete a José Bernhardt, actual subsecretario de Emergencia de la provincia y ex miembro del Batallón de Inteligencia 601 del Ejercito. Daniel Garcia advirtió sobre los vínculos del pasado que enlazan a Jorge Obeid y Roberto Rosua con el cuestionado funcionario.


Cuatro víctimas santafesinas de la dictadura militar tomaron el guante lanzado por el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y se presentaron en la mesa de entrada de su despacho con abundante documentación que compromete al actual subsecretario de Emergencias, José Bernhardt, con la estructura de intelegencia del Ejercito que operó durante la represión ilegal desatada a partir de 1976. Jorge Pedraza, Amalia Ricoti, Daniel García y Alba Sánchez, entregaron copia de los antecedentes del funcionario incorporados como prueba en la causa federal 311donde se investigan crímenes de lesa humanidad.

Allí constan los destinos que el ex teniente coronel José Bernhardt tuvo durante la dictadura, su paso por la Escuela de Inteligencia, las denuncias de un policía que lo vinculaban a la represión ilegal, y las acusaciones contra un estrecho colaborar suyo durante su gestión al frente de la subsecretaría de Seguridad Pública, en la primera gobernación de Jorge Obeid.

Consultado por Fuera de Foco, Daniel Garcia explicó: “Ya que Rosua le dijo a la prensa que necesitaba pruebas lo que hicimos fue reunir lo que nosotros teníamos. La gran mayoría se encuentra agregada en la causa 311 de la que somos querellantes y que lleva adelante el juez Reinaldo Rodriguez. Uno de los elementos más urticantes es Nicolás Correa, que es uno de los procesados en esta causa y Bernhardt lo tuvo como asesor categoría A durante toda la primer gestión de Obeid, como su mano derecha dentro de la Secretaria de Seguridad. Por esta razón, figuran en la causa una enorme cantidad de datos sobre la actividad del ex teniente coronel José Bernhardt durante los años de plomo y sobre los hechos concretos de Correa”.

Respecto a Bernhardt, agregó: “Fue un oficial de intelegencia del Ejercito que desempeño gran parte de su carrera en la zona de frontera, como Paso de la Patria. El lugar por donde entraban y salían quienes se iban al exilio o retornaban. Fue un alumno aventajado en un curso de la Escuela de Inteligencia. Sobre 24 oficiales elegidos en todo el país el obtuvo el puesto N° 8 en el orden de merito”.

“Luego de este curso fue ascendido a capitán y le dieron destino en el Batallón de Inteligencia 601, que era la elite de lo que se llamó la lucha contra la subversión. Conviene recordar que según la CONADEP siguieron desapareciendo ciudadadnos argentinos hasta noviembre de 1983”, precisó el denunciante.

Garcia señaló que uno de los elementos más comprometedores “es una denuncia realizada por un comisario de apellido Galanzino, en la ciudad de Rosario, donde acusa de represores a Bernhardt y Correa”. Y estos dichos luego fueron ratificados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Lo que nosotros reclamamos, es que ante denuncias como estas nunca se hizo un sumario administrativo para deslindar responsabilidades dentro del gobierno provincial”.

Para el querellante, la única explicación de la defensa monolítica que el gobierno provincial hace de Bernhardt, son los vínculos del pasado. ¿Cual es el compromiso tan grande, que contra viento y marea, el gobernador y Rosua sigan manteniendo a una figura, por lo menos sospechada, dentro del gabinete?. Nosotros decimos que Bernhardt tiene una inhabilidad política para seguir dentro del gobierno”, sostuvo García.

Remarcando la diferencia de conductas entre el gobierno nacional y el gobierno santafesino, García reveló que el pasado 29 de mayo - Día del Ejercito – “el gobernador Obeid destacó al ex teniente coronel Bernhardt como representante del gobierno provincial en los actos del Ejercito. Mientras tanto, Kirchener estaba con la ministra Garré soportando que los militares en la formación se dieran vuelta y le faltaran el respeto. Son cosas que realmente no se entienden. El compromiso debe ser muy grande. Inclusive en la gobernación de Carlos Reutemann, se le hizo un pedido a Mario Esquivel para que lo mantuviera dentro del gobierno como asesor. Repito, el compromiso debe ser muy grande, pero no sabemos cual és”.

NOTA DE LOS QUERELLANTES

SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y CULTODE LA PROVINCIA DE SANTA FEDr. ROBERTO ARNALDO ROSÚA
S------------------/------------------D
De nuestra mayor consideración:

Habiendo tomado conocimiento por medios periodísticos de su requisitoria para que le “arrimen pruebas” con respecto a la actuación -durante la triste etapa de la Dictadura que asoló a nuestro país- de un miembro del gabinete provincial, el ex Tte. Coronel de Inteligencia Militar, José Alberto BERNHARTD, quien está próximo a cumplir once años de actuación dentro del Ejecutivo, según Ud. en forma “leal y eficiente”, y a quien un grupo de denunciantes, testigos y querellantes en causas que por delitos de lesa humanidad se llevan adelante en esta Provincia, reunidos en su despacho y en Rosario, en ocasión de su ofrecimiento de “seguridad”, sindicáramos como un personaje que actuara durante un año, en plena dictadura y con el grado de Capitán, en el "Batallón de Inteligencia 601" de la ciudad de Buenos Aires, central nacional de la represión ilegal que dirigió el Terrorismo de Estado, haciendo el listado de las víctimas a secuestrar, torturar y desaparecer durante los años de plomo, y que hoy se está juzgando a lo largo y ancho del país.

Le manifestamos a Ud. en esa oportunidad que no solamente se había reciclado BERNHARTD en la primera gestión del Gobernador Obeid como Secretario de Seguridad Pública bajo su gestión de Ministro de Gobierno, Justicia y Culto, sino que además había colocado en un puesto de mucha importancia (su segundo) a un repudiado y sanguinario torturador y probablemente asesino, como fue el Suboficial Mayor del Ejército Nicolás “El Tío Nicola” Correa, ex integrante del Destacamento de Inteligencia 122, la voz gruesa de los interrogatorios en las torturas, hoy detenido y procesado por delitos de lesa humanidad. Desde 1995 a 1999 Correa tuvo la misión de ser quien primero "abarajaba" y daba órdenes en el segundo piso de la Casa de Gobierno a los Jefes de Unidades Regionales que por lo general le tenían temor reverencial, por encima del JPP, porque sabían de su actuación en la "Patota" de los años de plomo.

Ante este pedido de remoción basado en al menos la causal de "inhabilidad política" Ud. manifestó a la prensa que el mismo Tte. Coronel reconoció que la designación de Correa se trató de un “error”. Por ello venimos a hacerle notar que ese “error” en que se escuda BERNHARDT y su gobierno, perduró durante casi tres años, hasta diciembre de 1999, a pesar de muchos avisos puestos de manifiesto por sobrevivientes y militantes de derechos humanos a partir de la emisión del programa televisivo "Mujeres de fin de siglo" en Cablevideo de Santa Fe, en fecha 06.03.97, según consta en la causa 311/02, donde está reservado como prueba dicho video.-

A pesar de estar convencidos que con su actitud de solicitarnos “las pruebas”, las que son públicas y notorias, no busca más que dilatar una situación que hoy más que nunca resulta insostenible, aún así aportaremos por esta vía los datos que obran agregados a las causas que se llevan adelante en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, y que son de público conocimiento, lo que provoca en nosotros la sensación de que no existe de su parte, como Ministro Político, la convicción de otorgarle a estos temas la seriedad y respeto que merecen, tratando de mantener un statu quo, que por un lado nos obliga a recorrer un repetido y doloroso camino, de reiterar lo que tantas veces dijimos, y para colmo comprobar en la práctica que todo continúa igual.

Ante su ofrecimiento de seguridad, nuestro pedido fue simple y claro, solicitamos del Ejecutivo Provincial y de Ud. mismo un gesto político que dejara ver a todo el mundo que su posición y la del Gobierno Provincial estaba firmemente del lado de la Verdad y la Justicia y para ello le pedíamos, que apartara del Gabinete provincial a toda persona sospechada de haber actuado en la represión y/o en la Inteligencia de la dictadura militar, y depurara de estos elementos a las fuerzas de seguridad a su cargo.-

A continuación y dado su requerimiento, nos permitimos acercarle algunos datos y solicitarle sean tenidos en cuenta:

I.- Con respecto al desempeño de Nicolás “El Tío” Correa, como asesor categoría A, en la Secretaria de Seguridad Pública, acompañamos copia de su decreto de nombramiento, Nro.0083 del 31 de enero de 1996, firmado por el Gobernador Obeid, por Ud. y por el Ministro Garnero. Debemos señalar que la gestión de CORREA y de su superior BERNHARTD (designado por Decreto 021/95, segunda numeración), al frente de la Policía, se extendió hasta la finalización del mandato del Gobernador, o sea diciembre de 1999. Según sus propias apreciaciones, todo ese tiempo duró el “error”. A continuación detallamos alguno de los “avisos” realizados en ese periodo.

1.- Con fecha 06.03.97, anunciado desde días antes por muchos medios de comunicación, se emite por la señal de Cablevideo de Santa Fe el programa “Mujeres de Fin de Siglo”, conducido por la periodista Ana Fiol. En el mismo por primera vez en nuestra ciudad se denuncia públicamente los centros clandestinos de detención que utilizó el Terrorismo de Estado de los setenta, y sobre todo se da a conocer un listado de integrantes de las fuerzas de tareas de la represión, destacándose en la misma la actuación de Nicolás “El Tío” Correa, y lo más significativo, se menciona que cumplía funciones en el Ejecutivo Provincial (pasarían casi tres años para que dejara de hacerlo). La veracidad de los dichos de Ana Fiol se ve lamentablemente corroborada. Comienza a ser amenazada con total impunidad hasta que decide seguir su carrera en el exterior. Copia de este programa (video), como así de las crónicas del diario El Litoral sobre estas amenazas, como del anuncio del programa televisivo que se iba a emitir, que son nueve artículos publicados entre el 26.02.97 al 20.03.97 obran agregadas en la causa, a pedido de la parte querellante.-

2.- Con fecha 21.12.98 el diario El Litoral publica un reportaje del periodista Rogelio Alaniz al Comisario Avelino Canteli, ex titular de Robos y Hurtos de la ciudad de Santa Fe. En el mismo imputa como represores en la dictadura militar a la dupla BERNHARTD y CORREA, copia que también obra en la causa federal Nro. 311/02.- Citado a declarar en fecha 24.04.03 Canteli ratifica sus dichos.

3.- A principios del año 1997, militantes de Derechos Humanos dan aviso de la presencia de estos personajes en el Ejecutivo al entonces Secretario de Asuntos Legislativos y ex preso político, Dr. Esteban Borgonovo. Este hace las averiguaciones con sus superiores y contesta que es imposible, que se trataría de un “error”, coincidiendo con lo dicho por Ud. y BERNHARTD nueve años más tarde.-

4.- El 08.06.99 en el diario "El Ciudadano" de Rosario el periodista Carlos del Frade publica un reportaje realizado al Comisario General Luis Galanzino quien imputa a BERNHARTD haber realizado traslados de detenidos a centros de detención no formales de Rosario en los años 1976 y 1977, y según sus dichos ratifica esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Recorte de este articulo figura agregado a la causa 311.- En ese momento el Ministerio de Gobierno debió haber iniciado al menos un sumario administrativo citando al funcionario policial para que ratifique o rectifique sus declaraciones, ya que afectaban a la conducción de la fuerza policial. No lo hizo.

5.- En la causa 311 declaran el hermano y la viuda de Fernando Dussex, en junio y agosto de 2003 respectivamente, y afirman que Fernando, militante de la JUP de Santa Fe, hoy desaparecido, luego de ser secuestrado y tenido prisionero en la Quinta de Funes, en cortos diálogos permitidos con sus familiares en el centro de la ciudad de Rosario, les manifestó ... "que el Tete (apodo familiar de Correa) no se haga el boludo porque sabe de mí, porque me vé (en el chupadero)". Cabe hacer notar que Correa es pariente de los Dussex. Quiere decir que Correa viajaba periódicamente a los centros clandestinos de detención de Rosario donde había muchos militantes oriundos de la capital de la Provincia.

6.- En sus respectivas indagatorias en la causa 311/02 los ex coroneles y jerarcas de la represión ilegal Domingo Manuel Marcellini y Juan Orlando Rolón reconocieron que el Suboficial Mayor Nicolás Correa fue reincorporado al D.I. 122 luego de haberse retirado a principios de 1975.

Por eso la pregunta de rigor debe ser: ¿De dónde conocía BERNHARTD a CORREA para tener tanta confianza de ponerlo como su segundo para manejar a la Policía de la Provincia ? ¿En qué consistió su error para meter en semejante cargo a un suboficial del Ejército de casi setenta años ? ¿Fue un error político de subestimación de la capacidad de denuncia de sus víctimas o un error pensando que nadie lo iba a reconocer? ¿O quizás era estar cebados con una sensación de impunidad luego de las rebeliones carapintadas y el dictado de las leyes de impunidad y del indulto?

II.- Con respecto exclusivamente al ex Tte. Coronel BERNHARTD, acompañamos copia de su legajo personal en el Ejército Argentino, que obra reservado en Secretaría Penal del Juzgado Federal Nro. 1 de Santa Fe a pedido de la Fiscalía. Al respecto hacemos notar lo siguiente:

1.- Sugestivamente desde 1976 hasta 1979 sus destinos fueron en zonas de frontera por donde entraban o salían clandestinamente los militantes populares de la resistencia o perseguidos políticos, y su continua movilidad entre diversos destinos en la región (Posadas, Corrientes, Paso de los Libres, etc.) con periódicos viajes "en comisión" a Rosario (en 1976 y 1977), y Buenos Aires, movilidad al menos curiosa por tratarse de un Tte. Primero.-

2.- Su destino en febrero de 1982 a la Escuela de Inteligencia perteneciente al Comando en Jefe del Ejército, entre 24 oficiales elegidos de todo el país obtiene el puesto 8 en el orden de mérito, con calificaciones cercanas a los cien puntos. Entre las materias que cursa se enumera: Actividades Psicológicas donde obtiene 84 puntos sobre 100, Información Política y Social (87 puntos), Información Ideologías Totalitarias (97 puntos) y algunas otras mas que resultan afines.-

3.- Inmediatamente finalizado este curso es ascendido a Capitán y destinado al nefasto "Batallón de Inteligencia 601" (nombre de guerra del Servicio de Informaciones del Ejército, SIE), ubicado en Viamonte y Callao, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, que fuera la Central Nacional de Inteligencia Militar, que concentraba y clasificaba toda la información que provenía desde los distintos puntos del país, verdadera “Elite” en la conducción de la llamada "Lucha Antisubversiva”, y cuya pertenencia era considerada un premio a quienes hubieren realizado eficientes labores previas. Estuvo casi un año como Capitán en dicho Batallón de Inteligencia 601, desde el 01.12.82 al 30.11.83, dato que nunca reconoció públicamente, Se deberá tener presente que en Argentina, continuaron desapareciendo ciudadanos por causas políticas hasta noviembre del 83, según los informes de la CONADEP.-

Sr. Ministro, estas son algunas de las pruebas que obran en su mayoría en las causas federales. Algunos de sus colaboradores podrán verificarlas, e informarle a Ud. de la veracidad de lo que aquí decimos.-

Por ello reiteramos nuestro pedido, y por su intermedio lo extendemos al Sr. Gobernador para que se liberen de toda sospecha de compromiso, y realicen una profunda depuración de los bolsones procesistas que aún perduran, de todo elemento que haya tenido algo que ver con la Dictadura o con la persecución política. Así nos sentiremos mucho mas seguros para continuar adelante con nuestra lucha.- De lo contrario nos forzará a preguntarnos: ¿Cuál es el compromiso del Gobernador Obeid de mantenerlo a BERNHARTD desde hace once años como miembro del gabinete provincial ?, teniendo en cuenta también su firme pedido al ex Gobernador Reutemann de que lo mantuviera como asesor "A" en la Secretaría General de la Gobernación entre 1999 y 2003, haciéndolo nombrar mediante Decreto 731/00.

Los hechos ocurridos en todo el país a partir de la desaparición del testigo Jorge Julio López y la ola de amenazas y hostigamientos a jueces, fiscales, querellantes y testigos exigen que tanto el Estado Nacional como los gobiernos provinciales adopten las medidas indispensables para que ningún sector residual del Terrorismo de Estado que asoló a nuestro Pueblo en la década del setenta y que hoy pretende contraatacar pueda valerse de algún apoyo infiltrado en áreas de gobierno. No sólo hay que mejorar la Inteligencia en la Defensa de la Democracia, designando todo el personal de refuerzo que haga falta en los Juzgados Federales y Fiscalías, como así proveer de abogados querellantes, sino también profundizar la limpieza para que nunca más transiten los despachos de la democracia personajes como Riegé, el licenciado Enrique Alvarez, el Tte. Cnel. Bernhartd, el Suboficial Mayor Correa ni ningún otro que haya pasado por la dictadura militar. Si en verdad adhieren a la Política de Estado de profundizar los juicios contra "la madre de las impunidades" deberán dejar de "hacer la plancha", poner todas las fuerzas del Estado para detener a los represores "prófugos" como el comisario retirado Rodolfo Daniel Isach (cuyo paradero en un chalet frente al mar en Mar del Plata fue descubierto por periodistas de "Entre Líneas", según su último ejemplar del 25.10.06), o el caso de Walter Pagano, asesino del Dr. Felipe Rodríguez Araya, que fue detenido en una misa por el hijo policía de otro represor ya detenido, el Tucu Constanzo, "porque le daba bronca que su padre esté preso y Pagano se pasee libremente por las calles de Rosario".

Al Gobierno Provincial le pedimos además que brinde apoyo político para que las causas que se siguen a los represores den un salto cualitativo. Que se impute de una vez por todas por el centenar de homicidios cometidos en la ciudad capital, para que se ordene la detención, ya solicitada por la parte querellante, de los máximos responsables militares, como fueron en la ciudad de Santa Fe los Coroneles José María González (Jefe de Area 212 hasta noviembre de 1976), "Nolo" Martínez (del D.I. 122) que toma café en Rosario en el mismo bar que frecuenta Ud. cercano a su domicilio, "Potín" Dominguez (D.I. 122) que luego de Santa Fe recalara en Inteligencia de Formosa, los restantes miembros del Destacamento de Inteligencia 122, alguno de los cuales hoy camina por nuestras calles; el famoso "Quique" de la Uocra, que con total impunidad designa familiares en la administración pública, etc.- Que se apoye públicamente la detención de represores que actuaron en la zona de Reconquista y Rafaela. Que se capture a los prófugos de Rosario. Que se de apoyo político a la reapertura de la causa Razzetti, víctima de la Triple A. Que se exija la inmediata constatación de los lugares denunciados como centros clandestinos de detención en Santa Fe y alrededores. Que asegure que sus funcionarios que distribuyen la publicidad oficial sean más ecuánimes a la hora de hacerlo con aquellos programas con editorialistas que viven denostando la política de derechos humanos del gobierno nacional y/o haciendo apología del terrorismo de estado. Que evite designar nuevamente a BERNHARTD como representante del Gobierno Provincial ante los actos del Día del Ejército, tal como ocurrió el último 29.05.06 frente a la Casa Gris según la crónica de ese día del diario El Litoral, siendo que simultáneamente en Campo de Mayo el Presidente y la Ministra de Defensa afrontaban con valentía algunos planteos de grupos refractarios que se resisten a la Justicia y al cambio de mentalidad.

Quedamos a su disposición para cualquier otra información que vuestro Gobierno desee le ampliemos.

Santa Fe, 27 de octubre de 2006.
DANIEL GARCÍA
ALBA SANCHEZ
AMALIA RICOTTI
JORGE PEDRAZA

DESDE ESTAS HERMOSAS PLAYAS


Un represor santafesino se encuentra escondido cerca del mar. El Comisario Mayor (RE) de la Policía de Santa Fe, Rodolfo Daniel Isach, es señalado como uno de los responsables de la muerte de militantes secuestrados en dos centros clandestinos de la dictadura. Llegó a ser Jefe de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. Terminó denunciado por enriquecimiento ilícito. La Unidad Fiscal Especial de Investigación de la justicia federal de Rosario pidió su captura. Lo ubicamos en un pueblito de la costa atlántica bonaerense.

Publicado en revista Entre Líneas – Octubre de 2006

Uno de los aspectos menos analizados de la represión clandestina de la última dictadura es el robo de los bienes de los detenidos-desaparecidos que los intengrantes de “la patota” perpetraban luego de cada allanamiento. Numerosas pruebas y testimonios corroboran que este latrocinio se produjo de manera sitemática en Rosario y Santa Fe a partir de 1976. El objetivo principal era reforzar el financiamiento de los operativos, aunque una parte sustancial de lo sustraido terminaba en manos de los represores, para lo cual, contaban con la colaboración de reducidores y de algún cagatinta que simulaba el traspaso legal del botín. En su libro “Recuerdos de la Muerte”, Miguel Bonasso presenta la primera descripción de los responsables del centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes, aportando además, algunos rasgos de comportamiento o personalidad que echan luz sobre esta metodología del saqueo.

Allí aparecen personajes como, “Sergio I: Suboficial de la Aeronáutica. Encargado de la logística casera (...). Vago. Malandra. Sinverguenza. Borracho. Se gasta lo que roba en los boliches (...) Puma: Policía Federal. Un degenerado. Mercenario, chorro y borracho”, terminando la descripción con un policía santefesino. “Hay otro también, ese hijo de puta que no me acuerdo como se llama. Pinta de gringo. Parece que es el que hace negocios con el botín de guerra. Hincha de Newell’s Old Boys. Además de hijo de puta, necio”. (1)

Todos estos elementos se sumaron al esfuerzo colectivo para identificar a los integrantes de la patota, que tras largos años de lucha de los organismos de derechos humanos, comenzaron a ser citados por la justicia federal de Rosario. Hacia fines de 2003 se reactivó la causa por la Quinta de Funes, luego que el juez Omar Digerónimo declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El mismo camino siguieron la causa Feced, la que investiga los enterramientos clandestinos en el cementerio de San Lorenzo y la de la Fábrica Militar Domingo Matheu.

En mayo de 2004 se logra la detención de diez represores: el teniente coronel Juan Daniel Amelong, responsable de la Quinta de Funes, entre octubre de 1977 y enero de 1978; Enrique Jordana Testoni, director de la Fábrica Militar Domingo Matheu; Luciano Jaúregui, ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército; Oscar Pascual Guerrieri, Eduardo Constanzo y Carlos Sfulcini, ex miembros de inteligencia del Ejército; el gendarme Eugenio Zacarías, Rubén Fariña; el teniente coronel Rubén Cervera y Pedro “Pili” Rodríguez, ex diputado provincial del justicialismo y por entonces concejal de San Lorenzo, en donde ocupó la Dirección de Asuntos Jurídicos durante la última dictadura.

Las causas siguieron su trámite – en medio de muchas complicaciones – y surgieron nuevos datos que permitieron ampliar el número de militares, gendarnes y policias acusados. Sin embargo, 14 represores eludieron las citaciones. Frente a este panorama, Ana Oberlin, abogada del Equipo Jurídico de Derechos Humanos, sostuvo que una de las principales preocupaciones es la cantidad de prófugos. “Es una particularidad que se da sólo en Rosario”. Además, agregó que la mayoría de los procesados no fue capturado sino que se entregaron por decisión propia. “Esto hizo que nosotros reclamáramos porque nos parecía irregular y apuntamos al trabajo policial y de las fuerzas de seguridad. Además, hemos hablado con el gobierno nacional y se han articulado algunas cosas pero todo va muy lento. Principalmente hemos hechos pedidos para que existan más recursos y que dinamicen el presupuesto destinado a los fiscales. De todas maneras sabemos que esto se enmarca en el estado de la Justicia en general y de problemas estructurales que afectan a todos los juzgados”, finalizó Oberlin. (2)

Atando cabos

En la sesión del 5 de octubre de la Cámara de Diputados, Alicia Gutierrez (ARI), fustigó duramente al oficialismo por los represores que se reciclaron en la estructura del estado provincial. Recordó al teniente coronel Rodolfo Riegue y al suboficial del Ejercito Nicolás Correa; y destacó el caso de “jefes policiales como Rodolfo Isach – que inclusive estuvo a cargo de la Unidad Regional de San Lorenzo – acusado de enriquecimiento ilícito, porque con un sueldo de 1.800 pesos es dueño de yates, casas, campos; y habría que preguntarse de donde los obtuvo ya que era uno de los integrante de la patota de Rosario que devastaban las casas de los detenidos-desaparecidos y se quedaban con sus bienes. Todavía no ha llegado el momento de la justicia para él”, sentenció.

El planteo de la legisladora retomaba la preocupación de los organismos de derechos humanos sobre los vasos comunicantes que todavía existen entre las fuerzas de seguridad y los represores de la dictadura. La reactivación de la causa por enriquecimiento ilícito, seguida contra Isach en el Juzgado de Instrucción Penal N° 8 de Rosario – revelada por Entre Líneas - despertó nuevamente el interés por el paradero de este jefe policial, señalado como uno de los asesinos de los militantes secuestrados en La Calamita y la Quinta de Funes.

Reciclado

Rodolfo Daniel Isach ingresó a la Policía de Santa Fe a comienzo de los años ’70. Luego se integró a los grupos de tareas que el Segundo Cuerpo de Ejercito organizó para desatar la represión clandestina durante los años de la dictadura, según consta en varios expedientes judiciales. Reciclado en democracía tuvo multiples destinos en la policía santafesina hasta llegar a ser Jefe de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. En su larga carrera nunca fue molestado por su actuación en los años de plomo. Recién en 1998 cesa en el cargo, como consecuencia de la denuncia prentada por la Dirección de Asuntos Internos en la justicia provincial por supuesto enriquecimiento ilícito.

En el informe presentado ante la Fiscal N° 12 de Rosario, Cristina Rivoira, se consignaba que el comisario Isach poseía un patrimonio imposible de acumular con un sueldo de 1.800 pesos mensuales. Lo que más llamó la atención fueron las embarcaciones adquiridas entre julio y diciembre de 1997, cuando todavía estaba en funciones. A su nombre aperecía el yate "Romina" - 14 metros de eslora valuados en 60.000 dólares - mientras que uno de sus hijos era dueño de otro barco llamado el "Matrero III". El listado de bienes detectados se completaba con casas, campos y automóviles costosos.

Esta investigación fue el “caso testigo” que el gobierno de la provincia quizo mostrar como muestra de su voluntad para enfrentar la corrupción policial. A partir de la denuncia presentada por Asuntos Internos la justicia penal de Rosario dictó el procesamiento de Isach. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó esta decisión, sosteniendo entre otros motivos, que se omitió solicitarle al investigado la justificación de sus bienes en sede administrativa, antes de denunciarlo y llevarlo a declaración indagatoria. A partir de ese momento el trámite judicial quedó paralizado.

Hubo que aguardar hasta la sanción de la Ley N° 12.238 (04/12/03), para que la Dirección de Asuntos Internos quede habilitada para investigar y presentarse a la justicia, en los casos de supuesto enriquecimiento ilícito de policías en funciones o hasta los seis años posteriores de su renuncia o retiro.

Con este nuevo marco legal la denucia contra Isach fue presentada nuevamente en 2005, en el Juzgado de Instrucción Penal N° 8 de Rosario, a cargo de Juan José Pazos. Fuentes tribunalicias le confiaron a Entre Líneas que en los próximos 60 días surgirán definiciones.

Escurridizo

Pese a todos los antecedentes, este represor reciclado logró jubilarse sin problemas al cumplir 30 años de servicio. El 14 de julio de 2000, Carlos Reutemann y Angel Baltuzzi – gobernador y ministro de gobierno respectivamente - firman el Decreto N° 1994 que dispone el pase a Retiro Obligatorio de 33 oficiales superiores de la policia provincial, entre ellos, Rodolfo Daniel Isach, quien recien en 2002 comienza a cobrar su jubilación.

En mayo de 2004, el juez federal Omar Digerónimo ordena la detención de la primera tanda de represores, previsor, Isach abandona Rosario y se radica con su familia en la costa atlántica bonaerense. Cuando la Unidad Fiscal Especial de Investigación de Rosario, a cargo de Griselda Tessio, pidió su citación a declaración indagatoria, el comisario ya no se encontraba en los lugares que solía frecuentar y se le perdió el rastro.


Para los organismos de derechos humanos, el escondite de Isach estaba en la zona de Pinamar. En base a este dato, Entre Líneas pudo conocer detalles de su situación. Como policía retirado Isach recibe todos los meses el recibo de haberes que la Caja de Jubilaciones de Santa Fe le envía por correo. El domicilio del destinatario es una cómoda casa ubicada en calle Irigoyen N° 98 de la localidad Mar de Ostende – enclavada entre Pinamar y Cariló - en el corazón de una de las zonas turísticas más exclusivas de la Argentina. Mientras los tiempos de la justicia federal y provincial juegan a su favor, Isach disfruta del aire marino y de los bienes acumulados durante su carrera, además del dinero de su jubilación, ganada luego de 30 años de servicio para el estado santafesino.Cerca del marEl refugio elegido por Isach es el lugar soñado por cualquiera que busque alejarse del ruido de la ciudad. Partiendo de Pinamar hacia el sur, por la ruta interbalnearia, el viajero se encuentra con Mar de Ostende, una pequeña villa costera de escasas cinco cuadras de largo y tres de ancho, “testimonio de una historia de pioneros belgas muy particular”. Según informa el sitio web del municipio, “los restos de su rambla semi enterrada se mantienen a la vista del visitante para contar la historia de aquellos inmigrantes que descubrieron aquí un lugar similar al que dejaron en Europa, buscando nuevos horizontes”, como los que pensó encontrar el represor santafesino.


La casa del comisario se encuentra a pocos metros del mar, en diagonal a un balneario y frente al Hotel Dubrava. Fue bautizada “Sudestada” y en el fondo de la propiedad se levanta una estructura en construcción que todavía encubre su forma definitiva. Allí vive con su esposa y tres de sus cinco hijos. Con 59 años recién cumplidos - nació el el 29 de julio de 1947 – se lo ve algo canoso y un poco excedido de peso.
La elección del lugar para esconderse no fue caprichosa. En el último medio siglo, el partido de Pinamar se transformó en el destino preferido por empresarios emergentes, políticos enriquecidos y militares o policías que no querían ser molestados. Incluso se cuentan historias de nazis escapados. Por ello, el comisario Isach no tuvo problemas de adaptación y rapidamente se integró a la vida comunitaria de Mar de Ostende. Lo primero que hizo fue acercarse al entorno político del intendente de Pinamar, Blas Altieri, trabando amistad con el secretario de Acción Social del municipio, Alberto “Beto” Morales, quien a su vez, lo conectó con algunas instituciones de la zona. Una de ellas es el PAC (Atención Personas con Capacidades Diferentes) a donde concurre con una de sus hijas que padece una discapacidad. También participó en actividades institucionales de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar (CALP), levantando la mano en algunas asambleas como delegado de distrito.
Quienes lo frecuentan saben de su pasado y están al tanto de las cuestiones pendientes que tiene con la justicia en Santa Fe. El comentario que circula es muy expresivo: “Tiene algunos muertitos por ahí”. Sin embargo, casi nadie se siente molestó por la situación.
Ahora se lo ve “más camuflado” haciendo un esfuerzo para no ser tan visible. El año pasado, por ejemplo, dio de baja su teléfono particular (02254-408750) y recientemente cerró las cuentas bancarias que tenía en Pinamar. Uno de sus allegados describió el panorama: “Se le viene una grande”.

Hermanito

Entre los represores buscados por violaciones graves a los derechos humanos, se encuentra Carlos Isach, ex miembro de la inteligencia del Ejército y hermano de Rodolfo. Su caso fue denunciado por el director del Museo de la Memoria, Rubén Chababo, que detectó que se venía desempeñando como inspector municipal en la Dirección de Política Ambiental de Rosario. La sorpresa es que su actividad no es desconocida ni marginal: es inspector municipal en Rosario.

Cuando la Policía Federal intentó atraparlo, todos los operativos en los domicilios declarados fueron negativos. Despues se supo, que enterado de su pedido de captura, pidió un semana de licencia y desapareció.

La Quinta de Funes

“Todos nos reuníamos, todo el personal del destacamento que éramos más de cien, más la sección Operaciones Especiales, llamada la patota, para que cada uno diga sus opiniones (sobre qué) hacer con esta gente. Poquito antes del mundial el Ejército decide matarlos”. “Nos ordenan a todos los de la patota que teníamos que estar a las ocho de la noche en la Intermedia sin armas y dejar el auto a 1 kilómetro de la Intermedia. Llegamos al chalet y había en el living dos tablones largos. Ocupando un tablón estaban los montoneros, en el otro tablón estábamos nosotros. La mesa estaba dividida así porque si ellos querían fugarse tenían que pasar por donde estábamos nosotros. Los gendarmes afuera tenían orden de tirar”.“Desde el primero al último los mataron con una ametralladora Ingran con silenciador, con dos balazos en el corazón. Cuando terminaron todo el trabajo, ellos, Gerrieri (Guerrieri), Fariña, Amelog e Isaac (Isach), nos llamaron a nosotros para que sacáramos los cadáveres y los desnudemos a todos y los colocáramos en la galería de la casita uno al lado de otro. Luego fueron trasladados en un camión hasta el aeropuerto donde los esperaba un avión Hércules”. (3)

La Calamita

"Ahora me voy a referir a un homicidio que se cometió en el año 1977. Trajeron detenido a La Calamita, donde yo estaba, a un muchachito apodado o llamado Remo. Era oriundo de San Juan. Los montoneros lo trajeron engañado diciéndole que aquí le iban a dar trabajo y lo alojaron en la casa de un tal negrito Julio con el que nunca pudimos dar, y que lo llevaba en motocarro hasta Avellaneda y Godoy a la mañana muy temprano”.

“Con esa información los Jefes montaron un operativo en Godoy y Avellaneda para detenerlo al negrito Julio. Fuimos al Operativo toda la patota con los Jefes, Fariña, Guerrieri, Amelong...."

"Como no llegó el negrito Julio volvimos a La Calamita, donde todos siempre estábamos antes de pasar a Funes. Yo volví en la parte de atrás de una citroneta con este chico Remo. Llegamos a La Calamita, estacionamos la citroneta y descendí junto a los demás, salvo Remo que quedó adentro. Se arrimó el Puma, y junto a otro lo bajaron de la camioneta tirándolo de los pies; imagínese la cabeza como debe haber golpeado con el paragolpes trasero porque lo bajaron por la parte de atrás. Lo llevan para adentro a una habitación. Remo estaba vendado, y se paran los tres a la vuelta de él, y hacían como ruidos de que arrancaba una moto, pegándole patadas en las costillas, en el hígado, en todos lados; yo sé esto porque lo veo porque tenía que pasar por donde lo tenían a Remo para buscar mis pertenencias, para volverme a mi domicilio. Cuando regreso con mis pertenencias y vuelvo a pasar por donde lo tenían a Remo, veo que uno de ellos el Comisario general (Isach), le abre la boca y le hecha un paquete de Celusal; les digo 'lo van a matar', y me fui".“Resulta que de los cuatro que lo habían matado, sólo uno estaba entre los seis a los que nos mandaban a cavar, que como dije fue el que le metió un paquete de sal en la boca. Se hicieron las 20:00 horas y yo no aflojaba, los otros me decían que vaya que no haga lío, pero yo me negaba porque nosotros no habíamos hecho nada; a lo último me convencieron y tuve que ir obligado porque sino no iba a salir vivo de ahí".

"Asi fue que fuimos a cavar el pozo, y yendo me dice el Comisario general (Isach): cavemos un poco más acá porque ahí (señalando un lugar) está enterrado el soldado Prat (que es un soldado que yo supe o me dijeron que habían matado antes, que era asistente del mayor Pérez, y que según comentaban lo habían matado porque quería entregar al mayor). Mientras nosotros cavamos el pozo, a cada rato iba el sargento Mario V. a medir con un metro para ver si llegábamos a cavar un metro ochenta centímetros de profundidad, y lo sacamos corriendo porque con el frío que hacía y sin tener nada que ver nos venía a controlar, asi que lo saqué a palazos y no volvió más. Tal es asi que se lo enterró inclinado, y le quedaron los pies afuera y hacia arriba, casi al ras del piso. Es todo lo que tengo que decir". (4)

Autor: Pablo Bosch
Informe desde Pinamar: Victor Gamarra
(1) Miguel, Bonasso. Recuerdos de la Muerte. Bruguera. 1984. Página 212.
(2) El Ciudadano. 9 de Enero de 2006.
(3) y (4) Fragmento de la declaración indagatoria del represor Eduardo “Tucu” Constanzo, ante el juez federal German Sutter Schneider. (14/02/06)

martes, octubre 24

CAPITAL PROVINCIAL DEL ENGANCHADO


Santo Tomé es una de las ciudades santafesinas con mayor porcentaje de robo de energía eléctrica. En los últimos dos años se labraron 4.500 actas de infracción. En los barrios céntricos se detectaron los problemas más graves. Mientras tanto crece el reclamo para que se respeten los derechos del usuario.
Publicado en revista Santo Tomé Investiga - Octubre 2006
En el edificio central de la Empresa Provincial de Energía, en calle Primera Junta de la ciudad de Santa Fe, se encuentran guardados los artilugios más curiosos hallados en los procedimientos antifraude realizados a lo largo y ancho de la provincia. Esta pequeña colección ha ido creciendo en cantidad y calidad a medida que se extendieron los controles y “el ingenio popular” se acomodaba a los cambios en las políticas de control de la empresa provincial. La mayoría de estos elementos son medidores adulterados que han sido cuidadosamente catalogados y son utilizados con fines didácticos para descubrir las tácticas que van surgiendo desde el campo de ese enemigo multiforme y extendido que todos los años se lleva 80 millones de pesos por robo de energía eléctrica.
Seguramente, varios de esos medidores fueron descubiertos en Santo Tomé, donde los niveles de fraude, hurto y robo de energía eléctrica llegan a valores de escándalo. Esto pudo ser comprobado por las cuadrillas que recorrieron los barrios San Martín, Loyola y General Paz en enero de 2005. Los datos de ese operativo arrojaron que sobre 1.639 clientes inspeccionados, 1.205 presentaban algún tipo de irregularidad en la conexión de bajada, lo que representa el 73% de los casos. Estos resultados convirtieron a la ciudad en uno de los lugares con mayor porcentaje de perdidas en la provincia.
Desde ese momento los controles se ajustaron y se extendieron a otros barrios de la ciudad, llegando a labrarse hasta la fecha más de 4.500 actas de infracción; de las cuales, 1.200 dieron origen a una denuncia en la justicia penal, mientras que el resto se manejo por la vía administrativa con el objetivo de recuperar parte del valor de la energía robada.
Muchas de estas actuaciones originaron reclamos de los clientes denunciados por hurto o robo de electricidad, debido a la supuesta arbitrariedad de la EPE al momento de realizar las inspecciones o determinar la deuda reclamada. Pero más allá de las circunstancias de cada caso, lo cierto es que la masividad de los operativos, ha puesto en un primer plano la necesidad de establecer reglas claras entre los usuarios y la empresa.Según estimó el ingeniero Dante Adalia, Jefe del Area de Control de Perdidas de la EPE, las inspecciones realizadas en 2005 y 2006 permitieron incrementar la facturación de la sucursal Santo Tomé en 1 millón de pesos anuales; mientras que el recupero por energía no registrada alcanzó los 350 mil pesos para el mismo periodo.
Pero llegado este punto, conviene señalar algunos aspecto importantes para entender la dimensión del problema: los ingresos de la EPE se encuentran limitados por la imposibilidad política y social de aumentar las tarifas; las mayores compras de energía en el mercado mayorista para abastecer la demanda creciente de hogares, comercio e industria elevaron los costos internos de la empresa; el mayor consumo de energía requiere de importantes inversiones que alguien debe financiar; y como resultado de los condicionantes anteriores se ha previsto un deficit de 103 millones de pesos, que en parte será cubierto por el estado santafesino mediante un aporte de 75 millones en 2006. En este contexto, recuperar una parte de las perdidas por hurto de energía - que corresponden mayoritariamente a usuarios con capacidad de pago - es un camino inevitable que deben transitar las actuales autoridades de la distribuidora eléctrica provincial.
Perdidas millonarias
Todos los años la Empresa Provincial de Energía deja de facturar 80 millones de pesos por razones que se podrían evitar. Este número, tantas veces repetido, pierde su real dimensión sino se lo ubica en el contexto de una sociedad llena de carencias. Conviene recordar además, que el gobierno de la provincia auxiliará a la EPE con 75 millones de pesos durante 2006, por lo que vale preguntarse, cuántos son los proyectos que se podrían concretar si ese déficit no existiera.
Solo a modo de ejemplo, se puede decir que las perdidas de la EPE equivalen: al consumo eléctrico anual de 111 mil hogares de clase media; al valor de 53 mil equipos de computación; a 67 millones de raciones de comedor escolar; al costo de construcción de 1.300 viviendas básicas; al sueldo promedio de 66 mil maestros de grado; o al gasto anual que demandarían 22 mil planes sociales de 300 pesos cada uno.
Por ello, tampoco debe perderse de vista que gran parte de las perdidas por robo de energía se originan en sectores acomodados que tienen capacidad de pago. Así lo explica el ingeniero Dante Adalia, Jefe del Area de Control de Perdidas de la EPE: “La empresa tiene una energía operada de 8.000 gigavatios/hora, esta es la energía que entra al sistema. De esa cantidad anual se factura el 78%, lo que quiere decir que tenemos perdidas totales del 22%, de las cuales, el 10% corresponde a perdidas técnicas que no pueden ser evitadas por ninguna empresa de energía del mundo. Entonces, las perdidas no técnicas, que corresponden a fraude o hurto son el otro 12%. Este porcentaje significa una perdida aproximada de 80 millones de pesos al año. De este monto, solo 35 millones de pesos corresponden a los barrios carenciados de toda la provincia”.
Sobre este punto, el funcionario remarca que los restantes 45 millones que se pierden al año, “corresponden a usuarios con capacidad de pago” que viven en zonas no carecientes. “Están en zonas muy buenas de las ciudades y nosotros tenemos un especial seguimiento de esta gente, porque tenemos en el sistema informático los antecedentes de consumo y ahora hemos desarrollado – y estamos en etapa de prueba – un sistema inteligente que detecta con altisimo grado de acertividad al usuario que tiene irregularidades en su consumo”, dijo Adalia.
Respecto a los resultados de los operativos de control, Adalia explicó que, “en el último tiempo hemos logrado disminuir las perdidas en un 1,5% - lo cual es inédito en empresas del estado - que significó un recupero de 25 millones de pesos y de 90 millones de kilovatios/hora en el último año”.En cuanto a las denuncias presentadas por hurto de energía, precisó que, “a nivel provincial tenemos unas 23.000 al año. En Rosario son 12.000 y en Santa Fe serán 1.400 denuncias al año”.
Adalia destacó que en Santo Tomé las irregularidades detectadas fueron muy importantes. “En la ciudad tenemos unos 25.000 clientes y encontramos un nivel altísimo de perdidas no técnicas por fraude. Entre el 40 y 50 por ciento de la población tenía problemas en este sentido. Se han hecho denuncias a partir que se encontraban las anormalidades y logramos disminuir mucho estas perdidas. Hay problemas en el setor carenciado, pero la principal incidencia en Santo Tomé es en sectores con capacidad de pago. Comercio, industria y residencial”. Si bien en la empresa conocen el poder disuasivo de la denuncia penal, también son conscientes de las demoras y dificultades con que se mueve la justicia santafesina. “Está sobrepasada con otros tipos de delitos, así que con el fraude eléctrico incrementamos más ese desborde. Por ello, según el tipo de fraude que se detecte hacemos la denuncia policial y judicial o buscamos otra vía de arreglo”.
Para el futuro, el ingeniero Adalia confía en que “no habrá un solo fraude que no pueda ser detectado”, adelantando que la empresa se está preparando para inspeccionar 170.000 clientes en Rosario y 100.000 en Sante Fe, abarcando también San Lorenzo y el interior de la provincia. “Vamos a incrementar el personal y los vehículos, y a través de la búsqueda del sistema inteligente que desarrollamos, tenemos una precisión del 80% para encontrar un caso de fraude. Cada vez va a ser más dificil robar energía”, prometió.
Enganchados
Las técnicas utilizadas para el robo de energía son variadas y su nivel de sofisticación depende de la posición socioeconómica del “enganchado”. El objetivo básico es consumir energía sin que esta quede registrada en el medidor y evitar que la maniobra sea detectada por los procedimientos de control. En los barrios periféricos el método es sencillo: conexión directa a los cables de distribución sin pasar por el medidor, ya que muchas veces, este no existe. Es facil de descubrir pero también es sencillo volverse a “enganchar”.
Un paso más adelante se encuentra la técnica de “puentear” el medidor. Para ello se realiza una conexión entre los cables de bajada y los cables que salen del medidor e ingresan al domicilio. Si el trabajo es precario y se hace “por afuera” es facilmente detectado por el empleado que realiza la lectura del medidor. Igualmente se requiere de cierta pericia porque se deben manipular conductores conectados a la red. En cambio, si fue ejecutado por un electricista, el puente seguramente fue camuflado mediante conexiones internas embutidas en la pared que no pueden ser descubiertas a simple vista. De todos modos, cuando se instaló el sistema preemsanblado se instalaron nuevos cables de bajada de tipo “concéntrico” muy difíciles de cortar para realizar un empalme. Fue así como se descubrieron miles de “puentes” que luego no pudieron ser reinstalados.
Pero como se sabe “el ingenio popular no descansa”, y luego del preemsanblado, comenzarón a extenderse nuevos métodos de fraude acordes a la capacidad de pago del cliente. En estas maniobras fue determinante el papel jugado por los empleados infieles de la empresa que conocián los secretos y debilidades de los medidores.
Hubo un tiempo donde el truco consistía en invertir los cables conectados al medidor. Como el disco de lectura gira por el efecto magnético de una bobina, intercambiando los polos, el contador marcaba para atrás. La respuesta de la EPE fue introducir medidores con un sistema antiretroceso primero, y luego, instalar equipos que efectuan la lectura en ambos sentidos. Pero la clave del exito de estas maniobras era conseguir los precintos de seguridad, para evitar que la manipulación de la caja sea detectada. Este elemento solo se conseguía dentro de la EPE.
Y como cualquiera se puede imaginar, el mayor grado de sofisticación para concretar el fraude vino desde adentro de la empresa. El artilugio consitía en abrir el medidor y agregar algún elemento que frenara el movimiento del disco de lectura para que se registrara menos energía de la realmente consumida. El problema a resolver fue el siguiente: ¿Cómo alterar el sistema interno de un medidor sin ser descubierto? La solución fue práctica y audaz. Se sacaba el medidor de la caja, se lo reemplazaba por uno “muleto”, se abría el equipo en las instalaciones de la EPE o en algún taller particular, se alteraban sus parámetros de medición, y luego se lo volvía a instalar. Este sistema fraudulento fue descubierto recientemente por las TOE en Rosario y San Lorenzo, y derivó en la detención y procesamiento penal de varios empleados de la empresa y comerciantes involucrados.
Al margen de estos casos, las cuadrillas de control detectaron maniobras desopilantes para intentar engañar al medidor. Algunos ejemplos: tirarle tierra o aceite, colocarle nidos de pajaros, o introducir roedores muertos.
Derechos y garantías
La intensificación de los controles en Santo Tomé provocó la reacción de muchos usuarios que denunciaron un supuesto accionar arbitrario de la EPE en la inspección de las instalaciones y en la determinación de las deudas. Advierten que se violan garantías constitucinales y los derechos del consumidor; ya que, no se les permite presenciar los procedimientos, constatar las irregularidades detectadas, y ejercer su derecho de defensa.
La controversia no es nueva y pone en evidencia el atraso que existe en Santa Fe para reconocerle a los usuarios de energía eléctrica los mismos derechos que tienen en relación a otros servicios públicos regulados por el estado.La solución de este problema fue reclamada por la filial local de ADELCO. La entidad presentó el 2 de febrero pasado “Una propuesta de trabajo para la transformación de la EPE”. En ella se contemplan una serie de modificaciones internas tendientes a garantizar una relación más equilibrada entre usuarios y empresa, que pueden servir de referencia para el debate que agita a un sector de la ciudad.
ADELCO sostiene que el fracaso de la utopía neoliberal respecto a la eficiencia intrínseca de la empresa privada “no justifica que las Empresas Publicas que han quedado en manos de los distintos gobiernos provinciales sigan dando las paupérrimas prestaciones que en muchos casos brindan violentando de manera sistemática los derechos de los usuarios”. La propuesta sostiene que “es posible llevar adelante un modelo de gestión que integre los mejores aspectos del ámbito público y el privado” que sea ejemplo en el ámbito nacional “con una empresa fortalecida, con usuarios satisfechos y que además contribuya como herramienta estratégica para el desarrollo de la región”.
Para ello se proponen tres objetivos básicos:
1) Proteger los derechos de los usuarios y conciliarlos con la acción, derechos y atribuciones de las autoridades regulatorias y del prestador.
2) Mejorar la gestión empresaria, garantizando el mantenimiento, la rehabilitación, mejora y desarrollo del servicio, asegurando los fondos necesarios para tal fin..
3) Garantizar una adecuada calidad técnica, estableciendo las normas que permitan asegurar niveles de excelencia y eficiencia acordes con la naturaleza del servicio.
Siguiendo esta línea, la entidad advierte que la EPE, “posee un reglamento de suministro que no reúne las mínimas condiciones en cuanto las modernas concepciones respecto a la tutela de los derechos de estos, puesto que este enuncia solamente las obligaciones y responsabilidades de los usuarios para con la firma, pero nada indica sobre los deberes y compromisos de la firma para con los usuarios”. En particular reclama, el establecimiento de normas administrativas que regulen la resolución de conflictos, los resarcimientos económicos, las normas técnicas en cuanto a la calidad de las prestaciones y muy especialmente las regulaciones para los procedimientos antifraudes.
Finalmente, la propuesta de ADELCO apunta a modificar el sistema de relación entre los usuarios y la empresa. Señala que las gerencias comerciales o similares tienen como objetivo principal maximizar los ingresos de la empresa y que se relacionan con los clientes mediante técnicas de marketing. Pero como la EPE es un servicio monopólico con usuarios cautivos, resulta fundamental “la tutela de los derechos de los consumidores y la resolución de conflictos”. Por ello se propone “la creación de un área especifica, que se dedique a recibir y tramitar las quejas de los usuarios que reporte directamente a las máximas autoridades y que cumpla una doble misión, por un lado brindar a los usuarios un trato equitativo y digno, hacerles sentir que son clientes de la firma y por otra parte detectar las falencias de prestaciones, generando un sistema de control interno en cuanto a la calidad y eficiencia del servicio”.
Números al rojo
El déficit proyectado de la Empresa Provincial de la Energía ascendería a los 103 millones de pesos en 2006. El dato fue aportado por el diputado socialista Antonio Bonfatti, a partir de una circular interna, que no fue desmentida por las autoridades de la empresa.
Por otra parte, el balance que la EPE presentó en la Legislatura para el ejercicio 2005, indica que la “perdida neta final” fue de 12 millones de pesos. Si se descuentan los ingresos extraordinarios y los generados por actividades distintas a la distribución de energía, el “resultado operativo” arroja un quebranto de 55 millones de pesos. Según las autoridades del organismo, el resultado negativo del último ejercicio se produce por “la incidencia en el mismo del incremento en el gasto en personal, en las cargas impositivas y en el resultado financiero generado por los pasivos bancarios”.
Para enfrentar esta situación el gobierno provincial resolvió efectuar un aporte extraordinario de 40 millones de pesos para financiar un plan de obras de emergencia que permita superar el próximo verano sin inconvenientes en el servicio. La decisión quedó plasmada en el Decreto N° 1336/05 y se fundamentó en la “imposibilidad de contar con recursos propios que permitan dar respuesta a dichos requerimientos”. Además, el interventor del organismo, Luis El Halli Obeid, solicitó a la Camara de Diputados la inclusión de una partida adicional de 35 millones pesos en el Presupuesto 2007 destinada a financiar las perdidas por los consumos no facturados al sector carenciado de la población.

Autores: Pablo Bosch y Cintia Mignone.

domingo, octubre 22

GESTIÓN RODOLFO


Muchas veces nos preguntamos cómo fue que se le ocurrió a Ezequiel Martín ponerle a cada publicidad, a cada inauguración el sello “Gestión Balbarrey”. Traigo la respuesta. Algunas actitudes, se heredan. Al menos en este caso, parece que fue así.

¿Cómo se le ocurrió a nuestro intendente bautizar a cada obra, o a cada “no-obra” (como el triunfo de Germán Chiaraviglio en Beijing) el sello “Gestión Balbarrey”? Ha sido el propio intendente el que ha hecho gala de su prosapia: que tres gobernadores, que un intendente, etc., etc., en su familia. Y si se escarban los archivos, también se encuentran más cosas que las se quieren contar.

Su bisabuelo Rodolfo Freyre, gobernador entre 1902 y 1906, había inaugurado una escuela en Rosario poniéndole en el mismo acto su nombre. Pero no fue lo único.

Decía el diario Unión Provincial en 1905: puentes, puertos, escuelas, bombas de incendio.

“En el rodolfismo, en el sin mácula donde no hay sino puros lomos colorados, es decir, gente que lleva la vergüenza en el lomo, por cuya razón es inútil buscársela por ninguna otra parte, va siendo manía dar a todas las cosas el nombre del súper, del divino, del eterno patrón que reconocen, el nombre de Freyre”.

El periódico continuaba: “No encontrando obras nuevas que bautizar con ese gran nombre, que de puro grande no cabrá en la historia, se ha formado una sociedad cooperativa de rodolfistas para… ¿a que no adivinan ustedes? … Pues nada, que para construir mingitorios públicos en esta capital”.

Habían denominado gobernador Freyre a la cooperativa y, según Unión Provincial, “resolvieron colocar en bajo o alto relieve, como mejor resulte, la efigie del ídolo en todas las obras que para alivio del buen público levanten en esta capital”.

Esta vez, el diario no tenía quejas: “Por fin tenemos que aplaudir una feliz iniciativa del rodolfismo. La empresa nos parece necesaria, el nombre apropiado y justo el homenaje”.

Leer más sobre el Rodolfo en Historias Colaterales Versión Bitácoras o Versión Blogspot

martes, octubre 17

EL CONTROL A LA PERINOLA

El Tribunal de Cuentas estableció que las compras menores del estado solo se controlaran cuando salgan elegidas en un sorteo. Con este método solo un tercio de las adquisiones o contrataciones inferiores a $ 30.000 serán auditadas. Esta flexibilización se hace por aplicación de la Ley N° 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, exigida por el Banco Mundial. Esta semana terminan las indagatorias en la investigación judicial sobre el sistema de compras irregulares montado desde la Secretaria Privada de la Gobernación durante la última gestión de Carlos Reutemann.


La figura del “estado bobo” frecuentemente se utiliza para señalar – entre otras cuestiones - que la administración pública no aprende de sus errores. Pero tal afirmación supone la existencia de una voluntad de superación y mejora, orientada supuestamente, para alcanzar el bien común. Sin embargo, la experiencia de los últimos años permite argumentar que algunos errores no son inocentes y que las dificultades de aprendizaje en realidad obedecen a una decisión política destinada a satisfacer los intereses particulares de un sector.
Un ejemplo de esto puede verse en el nuevo método de control implementado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe. Mientras se incrementan las partidas presupuestarias destinadas a los más diversos fines, y crece la demanda de transparencia, los controles sobre las adquisiciones menores de $ 30.000 se flexibilizan al punto que se deciden por azar.
De acuerdo a la Resolución N° 007/06 del TCP, el “control de legalidad” de los actos administrativos que estén vinculados a la hacienda pública será realizado “selectivamente”. El criterio de esta selección se define mediante un sorteo semanal. Todos los lunes se eligen tres “digitos de control” y solo aquellos trámites cuyo número de terminación coincidan con la elección serán auditados por el Contador Fiscal Delegado de la repartición.
Siguiendo este curioso método, solo un tercio de las compras o contrataciones menores a $ 30.000 que realizan las distintas dependencias del estado provincial, estarán sometidas a un control medianamente riguroso, el resto de las operaciones quedan tácitamente aprobadas.
Las implicancias de esta decisión son enormes. Las compras o contraciones realizadas por “caja chica” involucran millones de pesos cada año. Si un funcionario quiere evitar las preguntas indiscretas sobre una operación presumiblemente ilegal, solo tiene que enterarse cual es el “dígito de control” de la semana y caratular el trámite con una numeración diferente.Según pudo saber Fuera de Foco, los “digitos de control” se comunican telefónicamente al Contador Fiscal Delegado asignado a cada repartición. Por su parte, la elección semanal de los números se realiza utilizando “papelitos” donde se escribe del 1 al 10. Alguién hace un “bollito” y el Contador Fiscal General elige tres. Ninguno de los pasos que conforman este procedimiento queda registrado en actas, por lo que, el margen de discrecionalidad es enorme.

No quieren aprender

Esta semana culminará la ronda de declaraciones indagatorias que el juez Carlos Ferrero lleva adelante para dilucidar como funcionaba el sistema de compras irregulares montado desde la Secretaria Privada de la Gobernación durante la última gestión de Carlos Reutemann. La investigación fue iniciada por una denuncia de la AFIP, presentada luego que la revista Tercer Mundo, publicara un informe donde se revelaba que numerosas adquisiciones realizadas desde la oficina que manejaba la sobrina del primer mandatario – Verónica Reutemann – estaban dirigidas a empresas vinculadas a varios de los empleados a su cargo.
El sistema denunciado operó durante varios años y fue corroborado por una auditoría interna del Ministerio Coordinador culminada en octubre de 2004. El trabajo señalaba en sus observaciones finales que: “Resulta llamativo que en la mayoría de las firmas proveedoras, los apellidos de los titulares sean coincidentes con los agentes de la Dirección General de Administración”, de la Secretaria General de la Gobernación. “De la evaluación de la documentación se observa que la mayoría de los proveedores unicamente operaban con el estado provincial y en particular con ciertas reparticiones dependientes de la Dirección General de Administración”. Agregando que, “en algunos casos se observan proveedores que facturaban asiduamente en un periodo determinado y abruptamente dejaban de facturar a los organismos antes mencionados, surgiendo nuevas firmas en su reemplazo, que a partir de ese momento iniciaban sus actividades”.
La base de esta metodología era realizar compras directas y sucesivas a un mismo proveedor, pero siempre por montos pequeños, con el objetivo de no superar los topes que fija el régimen de contrataciones del estado, y de esa manera, evitar el concurso de precios o la licitación.
Este sistema de compras desdobladas para favorecer a determinadas empresas no fue descubierto por el Tribunal de Cuentas, pese a la obligación existente en ese momento, de controlar “todos” los actos administrativos que comprometan fondos públicos, por más pequeña que fuera la cifra.Si “la oportunidad hace al ladrón” el Tribunal de Cuentas de la Provincia ha incrementado exponencialmente las posibilidades.

Ley Mercier
La decisión de definir por sorteo el “análisis de legalidad” de los gastos menores del estado no es exclusiva del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La Resolución N° 007/06 que establece el sistema de los “digitos de control” es consecuencia de la aplicación de la Ley N° 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, exigida por el Banco Mundial y redactada por el senador justicialista Juan Carlos Mercier.
Esta norma, aprobada en diciembre de 2005, establece en su artículo 205° que el Tribunal de Cuentas realizará la tarea de control “selectivamente” quedando facultado para definir cuales serán los criterios de selectividad.
Las implicancias del artículo 205° generó suspicacias entre los legisladores de la oposición durante su tratamiento en la Cámara de Diputados; aunque luego, socialistas y radicales aprobaron el proyecto del oficialismo. El tema fue abordado en particular cuando Nora Vallejos – presidenta del TCP – visitó la comisión de Hacienda, en noviembre de 2005, para defender la propuesta. En el encuentro, un colaborador de Antonio Riestra (ARI), le preguntó a la funcionaria si los controles disminuirían a partir del nuevo criterio de selectividad. “No está en la voluntad del Tribunal de Cuentas dejar de controlar como se viene haciendo ahora”, aseguró la ex diputada del obeidismo. Cuando le señalaron que la Ley N° 12.510 los autorizaba a controlar solo lo que consideraran pertinente, Nora Vallejos replicó: “No es nuestra intención”.
La Resolución N° 007/06 se publicó en el Boletín Oficial el 31 de mayo de 2006, con la firma de Nora Vallejos (presidenta); Angel Espósito (vocal); Horacio Alessandria (vocal); José Luis Betello (vocal subrogante); y Bernardo Salzman (vocal subrogante).

lunes, octubre 16

CONCEJO VIRTUAL

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Los ecos de la fallida interpelación al intendente Balbarrey están lejos de acallarse. El bloque “Santa Fe es el Centro” adelantó que podría recurrir a la justicia si siguen sin obtener respuestas. Las justificaciones de una gestión que se controla sola.

En su respuesta ingresada el último jueves al Concejo Deliberante, el intendente Ezequiel Martín Balbarrey utiliza apenas un centenar de palabras. Emplea en cambio muchas más el fiscal municipal Dr. Raúl Boni para esclarecer por qué lo votado por el cuerpo es un pedido de informes y no una interpelación.

Tiene un “fin cognitivo”, no es un “medio de control”, argumenta. Y por si no queda claro para los ediles, asegura: “El Intendente y sus Secretarios carecen de responsabilidad política destitutiva ante el H.C.M.”. Para no despertar suspicacias señala además que la gestión Balbarrey no desconoce el valor del cuerpo como institución. Es por ello que brinda las explicaciones que cree necesarias.

De los temas requeridos por los concejales que se sustancian en sede judicial (“Obras virtuales” y subsidios al transporte), Boni dice que hablar de ese tema en el recinto, podría entorpecer la labor de la autoridad competente. Podrían desatarse polémicas o verterse expresiones inexactas, afirma; “máxime cuando el instituto legal que encausa la consulta no constituye un instrumento que permita efectivizar alguna clase de responsabilidad política”.

En este mismo sentido, el propio fiscal deja en su escrito las huellas de un principio que, silenciosamente, recorre y estructura a esta gestión: no queremos ser controlados.

Respecto a los múltiples reclamos de los concejales acerca de la irregular constitución del Tribunal de Cuentas, único ente de control de la ciudad, el Dr. Boni lo cataloga como un “órgano infralegal”.

El tema no preocupa demasiado a la gestión Balbarrey. En sus escuetas palabras, el intendente afirma que en breve se remitirán los pliegos para la normal integración del Tribunal. Y el fiscal asegura textualmente que “el Tribunal de Cuentas Municipal no es un órgano constitucional ni legal”.

Además asevera: “en el Régimen Municipal santafesino existe un control administrativo, realizado por el mismo Departamento Ejecutivo al resolver los reclamos, denuncias y recursos impuestos por particulares, o bien de oficio, al fiscalizar en forma permanente y continua la legitimidad y oportunidad del obrar administrativo y la correcta gestión municipal”.

Tras las 55 fojas de la respuesta, no pocos ediles mostraron su disconformidad. Marcelo Ferreira, del bloque “Santa Fe es el Centro”, calificó ante Fuera de Foco que el informe es “pobre, incompleto y fuera de término. Pobre porque contesta como un pedido de informes cuando nosotros lo invitamos al intendente a que venga a dar explicaciones; no fue un pedido de informes, fue un pedido para que venga a contestar sobre esos temas. Incompleto porque como lo contesta como un pedido de informes no nos da las precisiones de algunas preguntas que nosotros queremos hacer en la interpelación, por qué se pagó en el 90% de las compras sobreprecios, queremos saber cuáles fueron las prioridades para dejar de hacer alguna obra y hacerla en otro lugar, queremos saber si alguien ha salido castigado por algún mal procedimiento”.

Además agregó que se agotarán todas las instancias administrativas “y si tenemos que recurrir a la justicia Santa Fe es el Centro irá, no tiene inconvenientes. Nosotros vamos a presentarnos a la justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Nosotros creemos que el intendente está equivocando el camino, no sólo político, sino institucional y eso es más grave todavía. Él cree que puede contestar cualquier cosa y que el concejo es virtual”.

Por su parte, el concejal Jorge Henn, integrante del Bloque Encuentro por Santa Fe consideró “insuficiente la información que nos ha brindado el intendente, más parecido a un pedido de informes que a una interpelación”.

“Evidentemente no hay una voluntad política del intendente de ser investigado. La actitud del intendente no se condice con lo que uno espera de una persona que debe liderar la búsqueda de soluciones desde la ciudad de Santa Fe”, concluyó.

LOS BORRACHOS DE SANTA FE

Que los santafesinos seamos los mayores consumidores de alcohol del país, no debería sorprender. Dejando momentáneamente de lado las tragedias que esto produce, habrá que remitirse a algunos pasajes de nuestra historia para descubrir que nada cambia demasiado.
Según Manuel Cervera en su Historia de la Ciudad y la Provincia de Santa Fe, el uso abusivo del vino era general en la antigua ciudad. El gobernador Lariz, en 1651 trató de borrachos a los santafesinos. Algunos años después, se prohibió su venta en abundancia a negros, indios y mulatos.

Indios abstemios
En 1672 el gobernador Hernando de Rivera Mondragón dictó un bando prohibiendo salir después del toque de queda. A quienes llevaran espada desnuda u otras armas prohibidas, las perderían y luego, si reincidían, serían desterrados al fuerte de la frontera a servir sin sueldo por un mes.

Se prohibía a partir de allí una costumbre previa y que sobreviviría más adelante: “comprarse” a los indios a cambio de bebidas espirituosas. Parece que las “gratificaciones” no sólo no traía la paz esperada, sino que agravaba la situación. En ese bando, se prohibió llevar vino a los charrúas y chanaes, ya que se llegó a la conclusión de que con el vino los naturales se alzaban y efectuaban robos y muertes de caballos.

También se penaba a aquellos pulperos que vendieran vino a indios o mulatos, salvo aquellos que iban a comprarlo para sus dueños.

Un año después, el siguiente gobernador, también dictó un bando reforzando las medidas anteriores: se incrementaba la pena por vender vino a indios y mulatos.

Una rara evaporación
Un poco más acá en el tiempo, en 1836, el apoderado de Santa Fe en Buenos Aires envía a nuestra ciudad un cajón con medicinas, otro con purgantes y otro con el vomitivo Lerroy. También adjuntaba veintiocho botellas de vino madera con quina, a pedido del ministro general Domingo Cullen.

El vino quinado se hace con la corteza del quino y tiene dos funciones: se usa en medicina por tener propiedades eficaces contra la fiebre y también se usa como aperitivo. Es de suponer que estas dos docenas solicitadas por Cullen tenían fines médicos, sin embargo lo que sucedió después, lo pone en duda.

El “quinado” fue realizado durante el viaje. Finalmente llegaron a Santa Fe sólo 24 botellas, y se explicó que la quina, los coladores y “lo que se evaporó” al tiempo de la evaporación causaron la merma de cuatro botellas.

La gran duda, es en qué parte del cuerpo de los viajantes se evaporaron estas cuatro botellas.

Chupandinas
Y si venimos otro poco más acá en el tiempo, en enero de 1905, nos encontramos con una brevísima noticia en Unión Provincial. Su título: “Lo que da la chupandina”. El texto: “En el año fenecido el impuesto al alcohol produjo 15 millones de pesos”.

Unos días después, solamente obra de la casualidad, en otro diario apareció una publicidad: “Si tiene usted el vicio fatal de la bebida y desea sinceramente curarse, no espere a mañana, hágalo hoy. Las píldoras antialcohólicas de Scott con un poco de buena voluntad han curado a muchos. Lo curarán también a usted”.

A tomar nota.

jueves, octubre 12

DISCUTIR CON FANTASMAS


El Director Provincial de Epidemiología, Nicolas Mocarbel, garantizó la calidad y seriedad de la campaña de vacunación contra la rubéola congénita que se impula en todo el país. Descalificó durante los intentos de los grupos Pro-Vida de sembrar temor entre la población. El ARI presentó un pedido de informes sobre la negativa de dos colegios católicos a que sus alumnos sean vacunados.

El Director Provincial de Epidemiología, Nicolas Mocarbel, salió al cruce de las versiones lanzadas por los grupos Pro-Vida de la Iglesía Católica, quienes aseguran, que la campaña de vacunación contra la rubéola congénita es un “genocidio” encubierto contra las mujeres fértiles de la Argentina. (Ver:)

El funcionario del Ministerio de Salud de Sant Fe, explicó que “en el ámbito cientifico, en el ámbito de la información racional, de la información consistente que pueda tener credibilidad, siempre hay un pie de autoría y una demostración que puede ser comprobable o revisable”. Resaltando que, “todos los actos de salud que encara la provincia de Sante Fe tienen ese sustento. Y yo me hago cargo de esta actividad de vacunación que es protectiva para nuestra población”.

“Queremos evitar enfermedades en nuestros niños, queremos evitar que nuestros niños corran el riesgo de padecer las alteraciones de una rubéola congénita”, dijo Mocarbel.

El Director Provincial de Epidemiología, le dijo a Fuera de Foco, que conocía el contenido de los mensajes anónimos lanzados masivamente contra la vacuna de la rubéola. “He leido muchos de esos mails, que me han llegado a mí también, y debo decir que tienen el valor de un panfleto. No alcanzan el valor de una conjetura para poder ser discutidos y no tienen siquiera la validez de un razonamiento”.

“Sorprende esta insidia que está divulgándose”, aunque, reconoció que “este no es un acto inocente o ingenuo, la campaña de vacunación se viene discutiendo desde hace tiempo y la lanzamos cuando ya había 200.000 personas vacunadas, no por nada aparecen ahora cuando hay tensiones dentro de la sociedad argentina y se ataca desde los lugares más bajos con la intención de meter miedo y temor”.

Mocarbel agregó que los instigadores de esta campaña de rumores “buscan crear una situación similar a la corrida bancaria minando la confianza en la entidad diciendo que va quebrar. En esta caso el banco sería el sistema público de salud, pero tenemos suficiente confianza en la población como para superar con tranquilidad esta situación”.

“Sigo apostando por la razonabilidad de nuestra población y por el reconocimiento de la historia de inmunización que tenemos con nuestros niños”, dijo el funcionario.

Finalmente, insistió con la falta de seriedad de las versiones, remarcando que “no se puede discutir contra fantasmas que están escondidos”.

Pedido de Informes

El diputado Antonio Riestra – presidente del bloque ARI - presentó un proyecto de comunicación para que el Ministerio de Salud informe sobre algunas dificultades surgidas en la campaña de vacunación que se realiza en todo el territorio provincial. Hemos tomado conocimiento que las autoridades de dos colegios privados de Santo Tomé impidieron el trabajo de los vacunadores aduciendo que la inoculación tiene el objetivo oculto de provocar un “genocidio” entre la mujeres fértiles del país.

Recureda que el gobierno de la Provincia de Santa Fe adhirió a la Campaña Nacional de vacunación para el Control de la Rubéola y Eliminación del Síndrome de Rubéola Congénita que se desarrolla durante los meses de septiembre y octubre del corriente año.

El objetivo de la misma es eliminar una discapacidad prevenible por vacunación, que afecta fundamentalmente, a mujeres embarazadas en el primer trimestre de gestación, produciendo graves patologías y discapacidades en los recién nacidos como sordera, ceguera y retraso mental, entre otras.

En este sentido, se ha informado que la meta de esta campaña nacional es vacunar al 100% de las mujeres entre 15 y 39 años, durante el período septiembre - octubre de 2006, y como estrategia complementaria, se vacunará a hombres del mismo grupo de edades que habiten en comunidades cerradas (Fuerzas Armadas, cárceles, etc.) o que pertenezcan a grupos de riesgo como los trabajadores de la salud, personal de áreas de frontera, entre otros.

Pero recientemente, “hemos tomado conocimiento que las autoridades de dos colegios privados de la ciudad de Santo Tomé, impidieron que los vacunadores del Ministerio de Salud ingresaran a los respectivos establecimientos para realizar la vacunación contra el síndrome de rubéola congénita”, explicó el diputado Riestra.

Pero la sorpresa fue mayor, “cuando comprobamos que la decisión de los directivos de ambos establecimientos escolares se apoya en un líbelo donde se asegura que las autoridades sanitarias de todo el país impulsan un “genocidio” mediante campañas masivas de vacunación”, agregó el legislador.

Según se pudo saber, este hecho fue informado a la Ministra de Salud Silvia Simoncini por el presidente del Samco de Santo Tomé Gustavo D’Ascenso, sin que se conozca, hasta el momento, la postura de los funcionarios provinciales frente a esta grave acusación.

Debemos hacer notar que la resistencia de las autoridades de estos colegios a la campaña de vacunación contra el síndrome de rubéola congénita, se produce en forma simultanea y con los mismos argumentos que los utilizados por algunos grupos denominados Pro-Vida, que a través de distintos medios, intentan generar temor en la población adjudicándole supuestos efectos nocivos a la vacuna utilizada por el estado santafesino”, dijo.

Por estos motivos, se presentó un pedido de informes, para que las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia se expidan sobre esta cuestión, llevando claridad a la población, dado que la masificación de las vacunas se constituyó en uno de los pilares fundamentales de la salud pública."

miércoles, octubre 11

CÓMO LO NUEVO PARECE SER TAN VIEJO…


¿Aumento de salarios en funcionarios políticos? No es nuevo. ¿Parientes en la administración pública? No es nuevo. ¿Periodistas funcionarios? No es nuevo. ¿Deudas al FAE? No es nuevo. ¿Municipalización del transporte? Es viejo.

Según una breve biografía realizada por Diego de Santillán en su Gran Enciclopedia de la Provincia de Santa Fe, Manuel de Irigoyen fue un gran intendente de la ciudad. Fue nombrado en el municipio por Rodolfo Freyre y gobernó entre 1904 y 1908.

En su gestión hizo adoquinar 78 cuadras, construyó la capilla y el osario del cementerio de Barranquitas, construyó la maestranza municipal, proyectó y ejecutó el banco Municipal, reorganizó el alumbrado público con lámparas de arco voltaico y de incandescencia, municipalizó los servicios de tracción a sangre de la empresa Juan Velar, entre otras cosas más.

(¡Entonces, una vez, en Santa Fe, existió el estado municipal! Nada de lo hecho por Irigoyen se hizo sin consultar a Freyre: ni lo bueno, ni lo malo. ¿Se heredan en los genes estas acciones? Freyre es el bisabuelo de Ezequiel Martín…)

Una cosa es escribir una enciclopedia, y otra es escribir un artículo periodístico en el mismo momento en que Irigoyen gobernaba.

El 8 de enero de 1905, el opositor diario Unión Provincial, publicó un artículo que tenía un extenso título: “Administración municipal. Menos recursos y más gastos. Aumentos a granel. Camino a la bancarrota”.

Decía la nota: “El nuevo intendente y sus consejeros, como si tuvieran prisa en sacarle jugo a las prebendas que ocupan, lo primero que han hecho para regularizar la administración municipal es aumentarse los sueldos de la siguiente forma: intendente (la caridad bien entendida empieza por casa) de 500 a 600$, y como el señor intendente tiene $ 200 para gastos de representación gozará de $ 800 al mes de sueldo, casi el doble de la dieta de senador”.

Según el artículo, el Receptor de rentas, que era hermano del intendente, había tenido un incremento de 250 a 300. El secretario del Concejo Deliberante había obtenido igual aumento; “casi no vale la pena de observar”, dice el diario: “se sabe que es uno de los íntimos de Freyre y el prosecretario, director de un subvencionado”, decía refiriéndose a un diario oficial.

Finalmente, y como un antecedente de las actuales deudas con el FAE, Unión Provincial cerraba su artículo señalando: “La municipalidad va hacia la bancarrota por ese camino de rumbosidades a favor de sus empleados superiores. A esto se agrega que la municipalidad no puede pagar desde hace varios meses los $ 1500 mensuales que debe entregar al Consejo de Educación por la subvención escolar, deuda sagrada que debería abonar antes que ninguna otra.

LECCIONES DE PERIODISMO

No me crean soberbio, no es que voy a dar lecciones de periodismo, es que quiero tomarlas, porque hay cosas que no entiendo.
Hay un señor, de apellido Sánchez que me contaron que fue autor de una pieza de museo, hace cosa de un año. Me dicen que estuvo a cargo de la delegación local del COMFER en los 90. Me dicen que es periodista y como yo quiero ser periodista, me puse a leerlo.

Me encontré con un artículo, o mejor dicho con dos. El señor (me dicen que le encanta que lo llamen señor, aunque probablemente con mayúsculas, pero yo no lo conozco, así que va con minúsculas y espero que no se enoje, o las siete plagas caerán sobre este Tábano) estaba muy molesto con la reproducción en Rosario/12 de un artículo publicado en la última edición de Entre Líneas.

Su pieza periodística se compone de dos partes: en la primera desarrolla su tesis y en la segunda reproduce la nota de Rosario/12. Se trata de la producción firmada por Maximiliano Ahumada, que construye un artículo desde la declaración en sede judicial del Padre Jorge Montini.

El señor se pregunta: “¿Qué busca Montini? ¿Notoriedad? ¿Regresar a la ciudad sede? ¿Conmocionar la Iglesia santafesina? Es interesante saberlo por la inoportunidad de la aparición mediática del sacerdote”.

Y entonces este Tábano se preguntó: ¿Perdón? ¿Montini habló con Rosario/12? ¿Con Ahumada quizás? ¿No era una declaración en sede judicial?

El señor, que quizás no alcanzó a leer siquiera el segundo párrafo del diario rosarino que aparece en su propia nota (“En rigor, se trata de la declaración que dio Montini el 10 de septiembre de 2002 ante el fallecido juez Eduardo Giovannini, que recién ahora trasciende”), opina que la “reaparición de Montini en el mundillo mediático, curiosamente el de Rosario/12, medio dependiente del oficialista Página/12 y en el marco de uno de los momentos más tensos de las relaciones entre la iglesia y el gobierno nacional. La virtud o el don de la oportunidad no es exactamente lo que posee Montini que es funcional hoy a los intereses de un declarado enemigo de la iglesia”.

Reitero: como yo quiero ser periodista quiero que alguien me aclare las cosas. ¿Apareció Montini? ¿No era un expediente judicial?

Cierro estas palabras con una confusión enorme. Y como quiero aprender, termino con las palabras del propio señor en la nota de marras: “Es que no todos los periodistas están informados y los que lo están, también comen”.

martes, octubre 10

ENTIDADES Y ACTIVISTAS CATÓLICOS ATACAN LA VACUNA CONTRA LA RUBÉOLA CONGÉNITA


Dos colegios católicos de Santo Tome impidieron el trabajo de los vacunadores del Ministerio de Salud y le enviaron a los padres de sus alumnos una carta donde aseguran que se trata un “genocidio mediante campaña de vacunación”. Conferencias, cadenas de e-mails y operaciones de prensa forman parte de esta ofensiva. Estas actividades se hacen con conocimiento del Arzobispado de Santa Fe.


El miércoles 4 de octubre, las autoridades de la Escuela Nuestra Señora de la Paz y del Instituto San José de la ciudad de Santo Tomé, impidieron que los vacunadores del Ministerio de Salud ingresaran a los respectivos establecimientos para llevar adelante la campaña nacional de vacunación contra la rubéola congénita.

Para justificar esta decisión, los directivos de ambos colegios distribuyeron entre los padres una nota donde aseguran que las autoridades sanitarias de todo el país impulsan un “genocidio mediante campañas masivas de vacunación”. El hecho fue informado a la ministra Silvia Simoncini por el presidente del Samco de Santo Tomé Gustavo D’Ascenso, sin que se conozca, hasta el momento, la postura de los funcionarios santafesinos frente a esta grave acusación.

La postura de estas instituciones educativas se inscribe en la ofensiva lanzada por grupos extremistas de la Iglesia Católica contra la campaña nacional de vacunación contra la rubéola congénita, que a través de conferencias y cadenas de e-mails, divulga información seudo científica para infundir temor. Un ejemplo de esto fue la reciente charla brindada por Mónica del Río y el sacerdote Juan Claudio Sanahuja en el colegio de Nuestra Señora del Huerto de Santa Fe, donde aseguraron que el Ministerio de Salud de la Nación perseguía la “esterilización” de las mujeres argentinas. (Ver: Plan de Batalla celestial)

Esta conferencia y la nota distribuida en Santo Tomé estaban en conocimiento del Arzobispado local. Según pudo saber Fuera de Foco, los directivos de los colegios de la vecina ciudad consultaron con el sacerdote Gonzalo Grenon los pasos a seguir.

Genocidio

Para sostener que las autoridades sanitarias del país y de nuestra provincia ejecutan un “genocidio”, los promotores locales de esta acusación utilizan datos extraidos del sitio digital www.diario7.com.ar, elaborado por el activista de derecha Juan Carlos Sanchez, que en tiempos de Carlos Menem ocupó la delegación santafesina del COMFER y que en la actualidad se desempeña como vocero oficioso de los militares, policias y civiles procesados por la justicia federal por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar.

En la nota distribuida por los colegios de Santo Tomé se combinan definiciones ideológicas y vaguedades seudo científicas. Apelando a los prejuicios raciales de un sector de la población se informa que “la vacuna viene de la India”. Se agrega que “el programa es financiado por el Banco Mundial (desde hace tiempo propone planes masivos de control de la natalidad como contraprestación a los préstamos que otorga. Es uno de los organismos recomendados por los Rockefeller para llevar adelante y promover este tipo de políticas, ya desde 1969)”, pese a que supuestos “expertos sostienen que la rubéola no es una prioridad epidemiológica”.

Otro motivo de sospecha esgrimido en la misiva es que la campaña esta dirigida "a quienes ya se hayan vacunado previamente o hayan sufrido la enfermedad”, y que el Ministerio de Salud oculta que "los problemas más graves asociados a la rubéola suelen presentarse en mujeres embarazadas que contraen la enfermedad durante la gestación o en los meses anteriores al embarazo" y que "la vacuna no se debe administrar durante el embarazo ni en los tres meses anteriores a la concepción y las mujeres embarazadas deben mantenerse alejadas de personas con rubéola".

Pero el argumento principal es que la vacuna contiene la hormona gonadotrofina coriónica (HGC), que inoculada en “el sistema inmunológico de una mujer no embarazada, crea una respuesta autoinmune y evita que pueda quedar embarazada. Es decir, queda infértil y sin posibilidad de embarazarse”.

El punto 11 de la nota agrega: “En la mayoría de los casos, sería permanente. Dicen los inmunólogos que depende de la respuesta de cada organismo pero que en la mayoría de los casos produciría esterilidad”. Para reforzar esta afirmación se explica que en distintas zonas del país se está tratando de “certificar que no sea una partida aislada la que tendría restos de HGC”, sin aclarar quienes serían los responsables de esta verificación. Igualmente, se asegura que “hay ya resultados positivos en Paraná, San Juan, Mendoza, La Plata”; que se está “recertificando las pruebas para que no haya dudas que lo hallado es HGC”; y que se iban a analizar “otras vacunas contra la rubéola, - no la oficial - para verificar si tienen la misma composición que las otras. Esto se ha hecho con escribanos en todo su trayecto y con bioquímicos”.

Cerrando la nota se sostiene que “de verificarse que tiene HGC en proporciones para producir infertilidad es gravísimo. Sería genocidio. Roguemos a Dios que no sea así”.

Por esta razones, los directivos de la Escuela Nuestra Señora de la Paz y del Instituto San José de la ciudad de Santo Tomé, escribe que “ante la información recibida no se vacunará en este establecimiento dejando a su criterio la desición(sic) de que su hijo/a sea vacunado en un entidad pública”

DE CÓMO ESCALAR POSICIONES EN LA DOCENCIA


Doblar un poco el espinazo, no ser tan inflexible en sus principios, aprender el arte de la cortesía, eran los consejos de un diario santafesino para saltar de dos en dos los escalones que llevan a las alturas.
Gobernaba la provincia Luciano Leiva. El diario que se había fundado para combatir su candidatura, siguió publicándose para combatir su gobierno.

En 1896, el diario Unión Provincial recibió una carta del maestro Solanés. El docente informaba que había puesto su diploma en manos del presidente del Consejo de Educación y que varias veces había pedido su devolución, después de haber renunciado. Como no recibió respuesta, pidió consejo al periódico. “Dígame, ¿cómo podría volver a entrar yo en posesión de ese diploma, que es para mí un montón de recuerdos y un puñado de esperanza?”.

En el diario le contestaron: “Amigo muy estimado. ¿Que se le ha quedado el Consejo Escolar con el diploma que le da derecho a llamarse Profesor Normal? ¿Y de qué se queja usted? Pues a mí me parece que debía estar más contento que unas castañuelas. Sé yo de más de diez y aún de más de ciento que han perdido, en aquellas encrucijadas, el título, la salud y hasta el poco pelaje con que se metieron en las veredas desusadas y peligrosas en estos desventurados tiempos”.

Era Domingo Silva quien contestaba. Le decía al maestro que era demasiado quisquilloso estar molesto por la pérdida de un “papelote”, ya que podrían haberle ocurrido cosas peores en una provincia gobernada por Leiva y con Gregorio Romero al frente del Consejo. “Otros maestros, menos felices, han perdido el estómago por comer poca carne y tragar mucha bilis, y la ropa, por esperar pagos que todavía no llegan, y la fe, por esperar una justicia que no acaba de llegar”.

Después, le daba consejos, porque no todo estaba perdido. Si Solanés quería volver a la actividad docente e incluso llegar a ser inspector o director general de escuelas, era cuestión de “doblar un poco el espinazo, de no ser tan inflexible en sus principios, de aprender el arte de la cortesía”.

Así, le decía Silva, vería cómo resultaba fácil, subir de dos en dos los escalones que llevan a las grandes alturas.

Fuentes:
Diario Unión Provincial, 1896
Elías Díaz Molano. “Domingo G. Silva”. Buenos Aires, Plus Ultra, 1981