miércoles, enero 31

DESMENTIDAS A CORO

El ex concejal Darío Boscarol (UCR) aseguró que no tuvo “ningún contacto con empresas” durante el tratamiento de los pliegos para la licitación del relleno sanitario de Santa Fe. Para el dirigente radical se trató de un trámite transparente. Sin embargo admitió que varios interesados consultaron el pliego cuando este se discutió en el Concejo Municipal. Desde el oficialismo descalifican al denunciante y hablan de operaciones políticas.

Mientras se aguardan los primeros pasos de la investigación judicial iniciada con la denuncia de Carlos Maldonado – colaborador del ex concejal Gerardo Crespi - sobre presuntas conductas ilícitas de algunos ediles santafesinos en el tratamiento de la licitación del nuevo relleno sanitario de la ciudad, los distintos actores políticos involucrados van tomando posición frente al controvertido caso.

El primero en darse por aludido fue el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Darío Giménez (concejal hasta diciembre de 2005), quien le dijo al diario El Litoral que "jamás mantuvo una charla con ninguna consultora y nunca me reuní con gente de la empresa" Milicic, que fue la única que presentó propuesta en la licitación y resultó adjudicataria. El actual funcionario municipal deslindó cualquier tipo de responsabilidades, asegurando que el caso ya lo conocía a través del subsecretario de Medio Ambiente. "Teníamos la denuncia en la Municipalidad, me la acercó Jorge Aimi, quien me dijo todo lo que estaba pasando, y le dije que lo deje porque no decía nada de nosotros, es un problema de Crespi y de Maldonado", justificó.

Por su parte, el intendente Martín Balbarrey, en diálogo con la prensa, calificó el proceso licitatorio como "impecable", pero adelantó su compromiso para que "se investigue todo porque en esto hay muchos intereses y se le han puesto palos en la rueda desde el principio". Apelando a ciertos códigos comunes entre los dirigentes, el jefe político de la ciudad recordó que "se ha hecho un procedimiento donde ha intervenido mucha gente: la UNL, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y todos los bloques de concejales, porque excepto los de Martínez, todos los otros han votado los pliegos licitatorios y se han publicado durante cuatro meses en Internet".

Para redondear su respuesta, el oficialismo califica la denuncia de Maldonado como “operación política” y “puesta en escena". En tanto, desde el obeidismo, los socialistas y un sector radical se mantiene un expectante silencio. Esto no fue obstáculo para que el ex concejal Darío Boscarol, de destacada participación durante el trámite de la cuestionada licitación, dijera lo suyo.

El dirigente enrolado en el radicalismo universitario le dijo a Fuera de Foco que recibía “con sorpresa” que se trate de instalar “una sospecha tan generalizada sobre el Concejo Municipal y algunos actores en particular del oficialismo”. Según Boscarol “en todo ese periodo no hubo ningún tipo de contacto con empresas ni con consultoras ligadas a empresas”, aunque reconoció que “se rumoreaba que había tres empresas interesadas en el relleno sanitario”.

“Una era local (Ponce) que anduvo solicitando el pliego para estudiarlo, había otra vinculada a Macri que también mandó a solicitar el pliego y estaba Milicic que ya tenía el relleno sanitario y tenía interés en continuar”, detalló.

“En este marco – agregó el ex concejal - cada una de estas consultas se remitió al Ejecutivo Municipal para precisiones o variaciones técnicas (sic) vinculadas al relleno. El Concejo lo que establece son las reglas del juego y en la licitación el mejor postor es el que gana. Y en este caso se presentó solo Milicic”.

- ¿Estas consultas fueron antes de aprobar el pliego?

- Fueron en la etapa donde el mensaje viene al Concejo y al momento de la aprobación. Es el único tramo donde el Concejo participa, luego que se sanciona el pliego de bases y condiciones el proceso lo sigue el Ejecutivo Municipal.

- ¿Y las modificaciones introducidas respondían al pedido de las empresas?

- Yo estimo que no. En lo que a mí respecta no tuve contacto con ninguna empresa, ni me han hecho llegar ningún tipo de sugerencia de modificación y las modificaciones que introdujo el Concejo no fueron sustanciosas, fueron más vinculadas a la protección del espacio, a darle más lugar al cerco verde. Recordemos que hubo preocupación de algunos vecinos por el tema del olor. Fueron más que todo, precauciones por el cuidado del medio ambiente y el sector donde se iba a instalar el relleno sanitario.

Para Boscarol ninguna de estas circunstancias justifica la sospecha sobre los procedimientos empleados en la discusión del pliego de bases y condiciones. “Yo tengo la certeza que en lo que a mí compete y por lo que uno ha visto, ha sido un trámite más que transparente. Vuelvo a repetir, lo que hace un pliego es establecer las reglas del juego y no hay posibilidad de generar situaciones sospechadas en su elaboración. Es más, si alguna otra empresa interesada hubiera advertido esto lo hubiera denunciado en su momento. Lo raro es que habiendo tres empresas interesadas ninguna hizo observaciones sobre que el pliego era tendencioso o tenía vicios de direccionamiento”, concluyó.

Finalmente, y pese a descartar cualquier irregularidad, el ex concejal radical reconoce que “la actitud de ir a la justicia ha sido la correcta, se tendrá que investigar a fondo para buscar las razones. Me parece que se debe indagar la relación que tiene esta consultora con las empresas. Me parece bien que sea la justicia la encargada de dirimir esta situación”.

lunes, enero 29

AUMENTÓ EL BOLETO DE COLECTIVO

Sin demasiado escándalo, el boleto del transporte urbano de pasajeros sufrió un incremento de cinco centavos con la anuencia del municipio. Enero es el mes propicio para hacerlo: menos usuarios para protestar y concejales ausentes de sus bancas.

Presentada como una mejora y un avance para los usuarios, la nueva tarjeta para viajar en colectivos permite un aumento del boleto en cinco centavos, eliminando de un saque el beneficio que por ordenanza deben tener los sistemas de abonos.

La nueva tarjeta, de color naranja, está a la venta desde el 8 de enero y según señaló un operador a Fuera de Foco, las conocidas tarjetas azules han dejado de fabricarse y serán reemplazadas progresivamente.

Funcionarios municipales, señalaron que el sistema permitirá al usuario no estar “condicionado” y ahora podrá comprar una tarjeta de $ 10 o $ 15, realizar un recorrido normal, centro, barrial o escolar sin necesidad de adquirir una tarjeta para cada ocasión.

Sin embargo, los funcionarios no expresaron que esta nueva modalidad elimina el descuento previsto por la ordenanza 11.131/04, que en su artículo 3º señala: “Los permisionarios podrán implementar un sistema de abono que sea compatible con el sistema alternativo elegido para el expendio de boletos. A tales efectos, se considerará como abono el elemento que permita acceder al pasajero al viaje en una o más líneas predeterminadas. Este elemento podrá ser impreso, tarjeta magnética, u otro creado o a crearse, que sea autorizado previamente por la Dirección de Transporte. Dichos abonos serán expendidos por un importe no menor al equivalente a diez (10) viajes valuados a La tarifa vigente al momento de la adquisición, y su utilización no tendrá vencimiento. Las empresas permisionarias deberán otorgar un descuento por las ventas realizadas bajo esta modalidad equivalente, como mínimo, al cinco por ciento (5%) del importe de la compra”.

A mediados de diciembre, los empresarios habían advertido a la municipalidad que atravesaban serias dificultades económicas.

Quizás esta sea parte de una respuesta de salvataje mientras se espera que Néstor Kirchner firme el decreto de redistribución de los subsidios del transporte urbano de pasajeros, que según Ezequiel Martín Balbarrey, prácticamente está redactado de su puño y letra.

Falta aún por conocer si el intendente autorizó por decreto, sin haberlo hecho público aún, la modificación o elminación del artículo 3º de la ordenanza 11.131.

No molestarse en revisar la página web de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. La sección de prensa no se actualiza desde el 17 de octubre del año pasado.

EL RASTRO DE LA BASURA

La justicia recibió pruebas documentales sobre posibles irregularidades en la licitación del relleno sanitario. Un colaborador del ex concejal Gerardo Crespi entregó al fiscal José Luis Paz copias de correos electrónicos enviados por una consultora que habría intermediado entre la única empresa oferente y el Concejo Municipal. Los mensajes refieren al pago de coimas para que los ediles voten favorablemente el pliego. El escándalo involucra al oficialismo y la oposición.

La licitación del relleno sanitario de Santa Fe suma un nuevo escándalo en su polémica historia. El pasado 17 de enero, un colaborador del ex concejal justicialista Gerardo Crespi presentó un escrito ante el Fiscal Nº 5 José Luis Paz, en donde pide la apertura de una investigación para determinar si en el transcurso del trámite legislativo que culminó con la aprobación del pliego de bases y condiciones para la contratación de un sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos, hubo “conductas de funcionarios o de personas interpuestas, que podrían tipificar delitos contra la Administración Pública, en particular los que refieren al Cohecho y Tráfico de influencias, y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

Como se recordará, el debate de este proyecto se produjo en los últimos meses de 2005, luego de las elecciones legislativas que marcaron el fin del mandato de varios concejales. El mensaje del Ejecutivo Municipal ingresó al Concejo el 20 de septiembre de ese año y se transformó en la Ordenanza Nº 11.237 el 12 de noviembre de 2005. Sin embargo, la discusión sobre el futuro del relleno sanitario se venía dando desde mediados de 2003 cuando las instalaciones ubicadas en Peñaloza y callejón El Sable quedaron al borde de la saturación como consecuencia de la enorme cantidad de basura generada luego de la inundación del río Salado. Primero se discutió la renegociación del contrato con Milicic y luego se resolvió la prorroga de la concesión a cambio que la empresa obtuviera un nuevo terreno para continuar con la actividad. En todo ese periodo, el Concejo Municipal fue la caja de resonancia de numerosos debates que sembraron dudas sobre la transparencia de las decisiones tomadas.

La presentación judicial que reabre la polémica fue realizada por Carlos Alcides Maldonado, quien se desempeñó como colaborador del ex concejal justicialista y actual asesor presidencial, Gerardo Crespi, en la oficina del anexo del Concejo Municipal de calle 4 de Enero 2179, en la segunda mitad de 2005. Como principal elemento de prueba el denunciante aportó una serie de correos electrónicos intercambiados entre la oficina de Crespi y la Consultora FIDES de la ciudad de Paraná, referidos a la licitación del relleno sanitario de la ciudad de Santa Fe.

En los mensajes entregados a la justicia por Maldonado, puede leerse, como el titular de la consultora, Carlos Ubaldo Piñeyro, se comunica con otro colaborador de Gerardo Crespi llamado José Dinotto, intercambiando información sobre el proceso en curso.

En un correo fechado el 6 de octubre de 2005, Carlos Piñeyro le informa a José Dinotto: “le conseguí dos empresas grandes, una de Bs. As. y otra de Brasil por el tema del reciclado de basura”. Más adelante agrega, “cuando reciba este mensaje si puede llamarme. Viajaría a la tardecita para ver Oscar (Yódice) el tema del pliego”.

Para esta fecha el intendente Martín Balbarrey había enviado al Concejo el mensaje con el pliego del llamado a licitación. Y en ese momento Oscar Yódice ocupaba la banca de concejal dejada por Gerardo Crespi, luego de su designación como asesor presidencial.

En otra comunicación electrónica, fechada el 12 de octubre de 2005, Carlos Piñeyro realiza una minuciosa descripción de las negociaciones entabladas entre los concejales y la empresa que luego sería la única oferente en el proceso de licitación. El titular de la consultora FIDES explica que, “la conformación del pliego fue realizada por una comisión del PE Municipal y del Consejo deliberante con las consultas continuas a la empresa Melicich (sic) SA”.


Piñeyro también hace referencia “a una reunión mantenida el día anterior con los representantes de los bloques mayoritarios” donde supuestamente se explicitaron “los honorarios que abonaría la empresa”. Estos ascenderían a un millón doscientos mil pesos. “De los cuales una parte: cien mil serían adelantados para que voten el proyecto de pliego a presentar. El pago del resto sería en principio en cuotas por el término de duración del contrato (12 años) con prórroga de dos años más”.

En otro párrafo del mensaje se anticipa que el “presupuesto máximo” que pagaría por tonelada de basura la municipalidad de Santa Fe “sería (confidencial) $ 62 por TN”, con una estimación mensual de 7.000 toneladas; advirtiendo que de “interesar este negocio tenemos que hacer que la sesión (…) pase para después del 23/10, atendiendo que la semana que viene no habría sesión”.

Más adelante, aparece un dato revelador de los alcances que puede tomar este caso de prosperar la investigación judicial. “Nuestra consultora se encuentra trabajando actualmente en otros emprendimientos con el partido de uno de los bloques, de ahí nuestro conocimiento de los aquí planteado”. Cabe aclarar que la elaboración del pliego de licitación estuvo a cargo de una comisión integrada por tres miembros del Ejecutivo Municipal y los entonces concejales Darío Jiménez (PJ) y Darío Boscarol (UCR).


Finalmente, en otro correo fechado el 10 de noviembre de 2005 (dos días antes de la aprobación del llamado a licitación), José Dinotto, colaborador de Gerardo Crespi y Oscar Yódice, recibe un archivo adjunto en donde se detallan las “observaciones” al pliego. “Para alcanzarle a Gerardo de parte mía. Carlos”, dice el escueto mensaje enviado desde la consultora FIDES.

Todos estos elementos, ya fueron derivado al Juez de Instrucción de la 3ª Nominación, Julio Cesar Costa, y “ameritarían la investigación judicial, para deslindar responsabilidades sobre la probable consumación de delitos”, según señala el escrito presentado por Maldonado.

Las razones de la denuncia

Carlos Alcides Maldonado se presenta como un hombre decepcionado por el clientelismo político del partido Justicialista. Actualmente se encuentra desocupado y su quiebre se produjo cuando no cumplieron la promesa de conseguirle un trabajo. El sabe que esta circunstancia puede mellar su credibilidad, pero igual está dispuesto a dar la cara y seguir adelante con su denuncia.

Consultado por Fuera de Foco, en primer lugar explicó las tareas que realizaba para Gerardo Crespi hasta diciembre de 2005. “Dentro del bloque yo colaboraba llevando a las chicas de Mesas de Trabajo a cualquier lugar, si había que llevarle algo a Yódice (Oscar) yo también lo hacía”.

Señala que en un comienzo se lo designó “para que atendiera el local de barrio San Lorenzo que inauguró Mesas de Trabajo antes de las elecciones a concejal. Allí se abrió un centro asistencial que nunca funcionó. Hoy todavía se puede ver la inscripción. Yo anotaba los pacientes y siempre tenía que dar excusas porque nunca anduvo”.

Después de esa tarea se acercó a las oficinas del Concejo Municipal donde trabajó bajo las órdenes de José Dinotto. “Como éramos conocidos el me dijo que íbamos a empezar a recibir cosas de Paraná y quería que yo abriera los emails, porque el no entendía bien esas cosas. Después que empezamos a ver que algunos decían “confidencial” acordamos guardarlos y él estuvo de acuerdo que lo hiciéramos en mi cuenta, para que se conservaran”.

Respecto al rol de José Dinotto en el esquema del bloque, Maldonado explicó que “era el que estaba en acción social dentro de lo que era el trabajo de concejal de Gerardo Crespi y también colaboraba en Mesas de Trabajo Solidario” consiguiendo medicamentos y haciendo gestiones por temas de salud.

Conviene señalar que José Dinotto es un personaje conocido dentro de la militancia barrial del justicialismo. Durante muchos años trabajó en el dispensario de EMAUS en barrio Centenario como agente comunitario, hasta que una denuncia periodística puso al descubierto que negociaba leche maternizada y ofrecía viviendas y trabajo en el Hospital Orlando Alassia a cambio de dinero. El sumario abierto por el Ministerio de Salud culminó con su expulsión de la administración pública provincial.

Maldonado sostuvo que a partir de su relación con Dinotto pudo participar de algunas reuniones con la consultora FIDES. En uno de esos encuentros realizados en Paraná “estaba Carlos Piñeyro, al que yo conocí primero por emails y luego personalmente en una reunión donde estaba Oscar Yódice, Dinotto, y por razones de tiempo no llegó Gerardo (Crespi)”.

Maldonado también revela que la consultora FIDES manejaba otros proyectos con Mesas de Trabajo, como créditos para frigoríficos o empresas que estaban en crisis. “Tenían relación con Gerardo (Crespi) y con Oscar (Yódice) y a través de ellos me conocen a mí”.

Pero de todos estos contactos lo más importante estaba relacionado a la licitación del relleno sanitario. De la información que manejaban en la oficina de Crespi “hubo un diskette que me llamó poderosamente la atención por la cantidad de recomendaciones que me dieron. No hables con nadie, anda derecho a Tribunales y dale este diskette a Yódice (Oscar)”, recuerda Maldonado. Tanta reserva lo hizo sospechar, por lo que decidió “guardar una copia de esto no vaya a ser que esté cometiendo un ilícito”, aunque en ese momento no pudo dimensionar la información que estaba transportando. “Cuando llegué a mi casa lo abrí y no entendí nada, después me doy cuenta que eran los pliegos” enviados a la consultora.

Finalmente, las mayores dudas surgieron con los correos electrónicos “donde se habla de honorarios de un millón doscientos, de 62 pesos la tonelada con un estimado de 7 mil toneladas mensuales, y ahí supimos que habían tenido una reunión con los bloques mayoritarios”.

- En algún momento pidió explicaciones por el contenido de esos mensajes.

- Cuando quise pedir explicaciones fue que discutimos. Me dijeron que me alejara del bloque porque el trabajo se iba a demorar. No me dejaron leer más lo emails. Esta discusión fue con Dinotto y me dijo que era orden de Gerardo.

- ¿Y porque demoró tanto en denunciarlo?

- Siempre tuve la intención de llevarlo a la justicia, pero no es fácil para un ciudadano común. Vos te preguntas si le van a dar importancia.

- Pero pueden decir que quiere sacar provecho personal.

- Si yo quisiera algo voy con estas pruebas y se las ofrezco a los que están implicados. No soy un Robin Hood, pero cualquiera que escuche las cosas que digo le duele que la gente siga impune. Cuando yo le pregunté a Gerardo que pasaba si se conocía esto me dijo: ¿Y que queres que me hagan, yo soy Gerardo Crespi y vos quien sos?

El pliego modificado

Esta denuncia gira en torno a la posibilidad de que algunos concejales santafesinos hayan negociado con la empresa Milicic aspectos esenciales del pliego de bases y condiciones antes del llamado a licitación. Según uno de los correos electrónicos ofrecidos por Maldonado como prueba esta transacción se hizo a cambio de un millón doscientos mil pesos en concepto de supuestos “honorarios”. En otro de los archivos presentados a la justicia aparecen las modificaciones solicitadas por la consultora FIDES, supuestamente en nombre de Milicic.

Estas “observaciones” al pliego comprenden una veintena de artículos del proyecto de ordenanza elaborado por los funcionarios del intendente Balbarrey junto a los entonces concejales Gimenez y Boscarol. Las mismas abarcan las condiciones de los oferentes; una restricción a las empresas vinculadas al barrido y limpieza de la ciudad; las cláusulas de rescisión unilateral del contrato; la antigüedad del parque móvil; el esquema de amortización; y la fórmula para la redeterminación del precio en caso de inflación, entre otras cuestiones.

Todas las modificaciones solicitadas tienen un fuerte impacto económico en beneficio de la empresa adjudicataria. Pero del análisis de la Ordenanza Nº 11.237 surge que ninguno de estos pedidos fue atendido por los concejales. Excepto el método para la redeterminación de precios.

El cambio fue introducido por un nuevo proyecto de ordenanza presentada por el entonces concejal, y actual subsecretario de Gobierno de Municipalidad, Darío Gimenez. La iniciativa ingreso al Concejo Municipal a los pocos días de aprobado el pliego de bases y condiciones y su texto se ajusta a lo solicitado por la consultora FIDES, según surge de las pruebas aportadas a la justicia por Carlos Maldonado.

De acuerdo al Artículo 56 de la Ordenanza Nº 11.237, “el precio se modificará cuando el valor de alguno de los componentes del costo del precio unitario del servicio (Materiales, Mano de Obra, Maquinarias y Equipos), sufriera una variación mensual superior o inferior al 5%”.

A partir de la modificación impulsada por Darío Gimenez “el precio será redeterminado mensualmente, a solicitud de la contratista o la Municipalidad, si el costo del servicio variara en más o en menos de 5% del valor del último precio vigente”.

El cambio es sustancial. En la versión original del pliego la variación del 5% en los costos para habilitar un ajuste de precios debía producirse en un lapso de 30 días. Con la versión modificada el ajuste del precio se produce cuando se acumule un 5% de mayores costos sin importar el tiempo transcurrido. Con este cambio al contratista le resulta más sencillo lograr un aumento de los montos mensuales facturados a la Municipalidad.

En los fundamentos de su iniciativa, el ex concejal Gimenez sostuvo que: “Una vez promulgada la Ordenanza Nº 11.237 pasará a ser la pétrea letra de un Pliego General a través del cual se llamará a licitación pública, con lo cual de promulgarse con simples errores, los mismos quedarán en forma definitiva y sin posibilidad de ser modificadas por una aclaración sin consulta”.

Giménez reconoce que consultó después de levantar la mano, y aclara que “con esta modificación lo que se pretende es nada más y nada menos que otorgar claridad en la aplicación de este pliego que no será otra cosa más que otorgar claridad y transparencia en el proceso licitatorio encarado”.

Objetivos que a luz de las crecientes sospechas aparecen como lejanos, para una licitación, que ahora será investigada por la justicia.

TEXTO COMPLETO DE LA DENUNCIA

Carlos Alcides Maldonado, argentino, DNI: 14.653654, con domicilio en Arenales 10.366, de la ciudad de Santa Fe, comparezco, por derecho propio, ante la Fiscalía penal de turno, a fin de solicitar su intervención para evaluar, y en su caso investigar, si los hechos que en este escrito se describen, pueden o no constituir la comisión de un delito.

Me desempeñé como colaborador partidario (Partido Justicialista) en el ámbito del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe (Anexo de 4 de enero 2179, primer piso), más precisamente en la oficina del concejal Gerardo Crespi, desde mediados de 2005 hasta diciembre del mismo año, aproximadamente, lapso en el cual se desarrollaron los hechos.
En esa circunstancia, el señor José Dinotto, quien estaba a cargo de la tarea de acción social que llevaba adelante el concejal Gerardo Crespi, me solicita, ante su impericia en el manejo de la computadora y los servicios de Internet y correo electrónico, que “me encargue de la apertura de los mail recibidos en la computadora de la oficina. Cumpliendo con esta instrucción procedo a la apertura de la casilla del señor José Dinotto (josedinotto82@yahoo.com.ar) quien me brinda para esos fines la contraseña respectiva y “bajó” los mail que estaban en la bandeja de entrada.

Algunos mail me encomendó que los imprimiera y guardara; para más seguridad procedí a enviármelos a mi casilla de correo particular (carlosalcidesmaldonado@hotmail.com). Este es un procedimiento bastante habitual para contrarrestar cualquier pérdida involuntaria de los mensajes. Esta tarea la cumplí a lo largo de varias semanas, sin darle mayor importancia. Cabe destacar que algunos mail del mismo emisor (Carlos Piñeyro, de la Consultora FIDES, con actuación en la ciudad de Paraná) también eran dirigidos a mi persona y recibidos en mi cuenta personal, como se refleja, en el mail del día 19 de octubre de 2005, donde además me solicita mi número telefónico para un contacto directo. Este mail cuya copia adjunto, se encuentra a disposición de la justicia en mi propia cuenta de Hotmail.

En ese marco, de tareas de colaboración, luego de que me ordenara José Dinotto, llevar un disquete al concejal Oscar Yódice y me resultaran sospechosas la cantidad de indicaciones que se me daban - por ejemplo, no hablar con nadie del tema, y entregárselo a él en persona, con la mayor reserva, y hacer el recorrido directamente desde del anexo del Concejo hasta la playa de la Legislatura donde me iba a esperar el Concejal para llevar el disquete a Paraná -, me surgen dudas.

Esas dudas se vinculan a la responsabilidad y a la vez el temor, de que podría estar incurriendo en algún hecho ilícito que me comprometiera; fue así que me detuve en un “ciber” ubicado en calle Urquiza casi Salta, para realizar una copia del disquete. Luego en mi domicilio, después de abrirlo y leerlo, no me pareció nada extraño y, prácticamente, me olvidé del tema…

Fue así que en el mes de diciembre de 2005, cansado de las continuas dilaciones en las promesas de empleo que me formulaban los señores Gerardo Crespi, Oscar Yódice y José Dinotto, decido dejar de prestar colaboración en ese ámbito y empezar a buscar un empleo que me diera seguridad económica. Me sentía defraudado, usado, no respetado en mi dignidad como persona.

En diciembre del 2006, hablando con gente conocida del bloque del Ari en el Concejo Municipal, comento estos hechos y muestro la información que conservaba en mi poder; me sugieren que las presente ante la justicia, teniendo en cuenta la posible comisión de un hecho ilícito. Y eso es lo que estoy haciendo con este escrito.

Sobre la base de la información asentada en los mail que adjunto, y que todavía conservo en mi casilla de correo, del mensaje del día 6 de octubre de 2005, surge que el señor Carlos Piñeyro de la Consultora Fides de la ciudad de Paraná, le señala al señor José Dinotto, que ya consiguió dos empresas para la próxima licitación de “La disposición final de residuos sólidos urbanos, por el sistema de relleno sanitario Santa Fe Capital”, comentándole que necesita hablar con Oscar Yódice (en ese momento concejal) por el tema del pliego.

En otra comunicación de mail realizada el día 12 de octubre de 2005, entre Carlos Piñeyro y José Dinotto, con archivo adjunto, se informa acerca de datos supuestamente “confidenciales” sobre la elaboración del pliego “con consultas continuas a la empresa Milicich S. A”., que a la postre fue adjudicataria del relleno sanitario.

También Piñeyro hace referencia “a una reunión mantenida el día anterior con los representantes de los bloques mayoritarios” donde supuestamente se explicitaron “los honorarios que abonaría la empresa”, que ascenderían a un millón doscientos mil pesos. De los cuales una parte: cien mil serían adelantados para que voten el proyecto de pliego a presentar. El pago del resto sería en principio en cuotas por el término de duración del contrato (12 años) con prórroga de dos años más. La situación descripta, considero, reúne elementos suficientes que ameritarían la investigación judicial, para deslindar responsabilidades sobre la probable consumación de delitos. Además un interrogante que surge a simple vista es la naturaleza de la intervención de “la consultora Fides” en este proceso de licitación.

Seguidamente, se anticipa el monto que pagaría por tonelada la municipalidad de Santa Fe, de “62 pesos la tonelada”, y se formula una estimación mensual de 7.000 toneladas. Hay que destacar que hasta ese momento los pliegos no habían sido aprobados, ni mucho menos puestos a la venta de los potenciales interesados.

También interroga el señor Piñeyro al señor José Dinotto, -reiteramos colaborador estrecho del por entonces concejal Gerardo Crespi-, “si ellos tienen otras firmas a las que les interese “el negocio” y “los honorarios que se abonarían”.

Además se habla de proponer “cambios en el pliego” y se plantea la conveniencia de realizar la sesión del Concejo para su tratamiento después “del 23 de octubre”, y no el día 13 como estaba anunciada.
Respecto de las modificaciones a los pliegos fueron comunicadas a través de otro mail, dirigido a José Dinotto con fecha 10 de noviembre, pero fueron propuestas el día 8 de noviembre, como consta en el archivo adjunto.
Además con respecto a los pliegos propiamente dichos, un borrador de éstos se encontraba dentro del disquete en mi poder para ser entregados a la consultora.

Por todo lo expuesto, de ser pertinente, solicito al señor Fiscal la requisitoria de instrucción para investigar y determinar si de los hechos descriptos surgen conductas de funcionarios o de personas interpuestas, que podrían tipificar delitos contra la Administración Pública, en particular los que refieren al Cohecho y Tráfico de influencias, y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Santa Fe 17 de enero de 2006.

domingo, enero 28

DEMASIADA NOVELA POLICIAL

En el edificio en que vivo murió alguien. Quizás fue un asesinato, tal vez una muerte natural. La policía y el juez, investigan. Trasnochada por varios episodios de CSI y muchas novelas de la Dra. Scarpetta, un puñado de preguntas de sentido común.

En el edificio en el que vivo hubo, quizás, un crimen. Tal vez una muerte natural. Se investiga. Lo cierto es que el pobre Miguel está muerto, dicen que había algunas cosas revueltas, pero no signos de violencia y que la cerradura no estaba forzada. Ergo, si alguien lo mató, probablemente tenía llave.

Pero mientras se investiga, espero, algunas preguntas del más puro sentido común (Bah, de una lectora empedernida de las novelas policiales de la Dra. Kay Scarpetta y espectadora trasnochada de CSI).

3.40 am del domingo (sí, muy tarde). Entro con mi llave al departamento, pero el pobre y solitario policía que está en palier no sabe que vivo allí, que merezco esa llave y que merezco entrar al edificio con esa llave y descansar en mi departamento.

El pobre y solitario policía toma mates. “Buenas noches”, digo por decir algo. “Buenas noches”, saluda. Y entro.

Si el asesino (si es que fue un asesinato) entró con su llave, como entré yo, ¿cómo lo hubiera identificado el pobre y solitario policía que estaba despierto, cerca de las cuatro de la mañana, para solamente decir buenas noches a todo el que entrara?

(¿Es como en las novelas? ¿El asesino siempre vuelve al lugar del crimen? En este edificio, fue un festín para el asesino… seguramente volverá cuando ya no haya un pobre y solitario policía para “frenarlo”. ¿Estaría el pobre y solitario policía dispuesto a “actuar” si el ascensor se detuviera en el tercer piso? ¿Sería tan estúpido el asesino? Infinitos je).

(¿Quedará un pobre y solitario policía en la puerta de un monoblock de Barrio Centenario o Las Flores, o en las casas de Barrio Chalet, esperando a que vuelva el asesino?)

Antes, temprano, por la tarde, ya sin los patrulleros, vi a un hombre (seguramente otro pobre y solitario policía) “de incógnito”, nada disimulado vigilando desde un auto la puerta del edificio. Cuando volví, ya no estaba.

Durante los 50 minutos que por la noche esperé el 16 frente al edificio (colectivo que nunca pasó, me había olvidado del servicio solidario para barras bravas los días de partido), otro pobre y solitario ¿policía? de civil estaba en la puerta. Nada disimulado.

¿Y Miguel?

Bah. Mucho CSI.

sábado, enero 27

1.200 MILLONES PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL

Según Rafael Bielsa la campaña electoral del justicialismo debe apoyarse en la millonaria inversión en obra pública que se ejecuta en la provincia. El uso partidario de los fondos públicos fue sugerido por el presidente Néstor Kirchner. Ningún dirigente de la oposición cuestionó tales propósitos.

Igual que el alcohol y algunas drogas, el calor del verano muchas veces impacta sobre los sentidos y los frenos inhibitorios de las personas. Y cuando el afectado es un dirigente político las consecuencias suelen ser mucho más evidentes.

Un ejemplo de esta sintomatología lo podemos encontrar con Rafael Bielsa en las recientes declaraciones luego de su promocionada reunión con el presidente Néstor Kirchner. Cuando el periodista de La Capital, Mauricio Maronna, le preguntó qué consejo le dio el presidente para la campaña electoral, el precandidato a gobernador del justicialismo explicó con brutal honestidad: “Seguir con el ritmo de incursiones al territorio, armonizar el calendario de concreción de obras públicas nacionales y provinciales con una explicación por mi parte de qué significado tiene cada inversión en cada lugar, traducir las ideas centrales en un lenguaje accesible, ser tan generoso y contenedor como realista y memorioso”. (1)

La revelación es sorprendente en boca de un dirigente oficialista, pese a que todos los actores políticos admiten en privado el uso clientelar de los fondos del presupuesto. No es común que un candidato reconozca con tanta claridad que la obra pública será utilizada para mejorar sus chances electorales. Por el contrario, son los referentes de la oposición los que vienen denunciando el uso electoralista de los fondos públicos.

Por ello es sorprendente la escasa reacción de los dirigentes radicales y socialistas frente a semejante revelación, más allá del entretenimiento que significa la definición del compañero de fórmula Hermes Binner y los posibles efectos adormecedores del calor.

Si el oficialismo logra “armonizar el calendario de concreción de obras públicas nacionales y provinciales con una explicación” por parte de su candidato, dispondrá de una formidable masa de recursos para hacer campaña electoral, que podría ser determinante para el resultado de septiembre.

De acuerdo al proyecto de Presupuesto enviado a la Legislatura por el gobernador Jorge Obeid, la inversión en obras públicas en la provincia de Santa Fe ascenderá a 1.184 millones de pesos durante 2007. Como se desprende del cuadro de inversiones – y tomando por cierta la revelación de Bielsa - el peso de la campaña electoral recaerá, además del candidato, en los ministerios de Finanzas (126,1 millones) y Obras Públicas (119 millones); en las direcciones provinciales de Vialidad (345,6 millones) y Vivienda (359,5 millones); y en las conducciones de la EPE (61,3 millones) y ASSA (83,4 millones). A estos fondos hay que sumarles los 38 millones de pesos en subsidios que la Gobernación tiene para distribuir en subsidios entre instituciones, comunas y personas necesitadas.

Un adelanto de cómo puede instrumentarse electoralmente la inversión pública comenzó a ensayarse desde la Empresa Provincial de Energía. Los mensajes publicitarios pautados en radio y televisión terminan con la siguiente frase: “Santa Fe está creciendo, que nada la detenga”. Tratándose de crecimiento, la advertencia de parálisis solo podría venir de la mano de un descalabro macroeconómico, o quizás, ¿de un triunfo electoral de la oposición? El mensaje por ahora deja abierta la respuesta.

Otra lectura interesante para analizar el posible impacto electoral del esquema conversado entre Bielsa y Kirchner surge de la distribución territorial de las obras. Tomando como ejemplo el presupuesto de Aguas Santafesina SA, tenemos que de los 83 millones programados para invertir durante 2007, 41 millones corresponden a Rosario, 29 millones a la ciudad de Santa Fe, y el resto a las otras 13 ciudades atendidas por la nueva empresa estatal de saneamiento. Los datos revelan una relación directamente proporcional entre inversión, usuarios, votantes y dificultades electorales.

Aceite para la maquinaria
El
otro elemento importante en la estrategia electoral del justicialismo es publicidad oficial. De nada sirven las obras si los votantes no se enteran de su concreción. Hasta ahora estos fondos fueron utilizados para condicionar a los medios de comunicación e inducir alineamientos editoriales. La novedad introducida por Bielsa es que también pueden servir como portadores del discurso electoral del partido de gobierno. Un ejemplo ya lo tenemos con la EPE, donde los fondos públicos sirven para pedir “que nada nos detenga”.

Esta forma de utilizar los fondos de la publicidad oficial ya es una práctica común en la política argentina y ha generado ruidosos debates entre algunas empresas periodísticas, el gobierno nacional y la oposición. Incluso en algunas provincias se discute en ámbitos judiciales. También desde el mundo académico y algunas organizaciones de la sociedad civil se ha debatido la situación para producir recomendaciones con el objetivo de evitar los abusos y las presiones.

El año pasado, por ejemplo, un conjunto de entidades convocadas por la Asociación para los Derechos Civiles (ADC) produjo un documento titulado: “Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial”. (2)

Entre sus principales recomendaciones se pueden destacar:

- “La publicidad oficial debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población. Su propósito es: difundir las políticas, programas, servicios e iniciativas gubernamentales; promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública. La producción y asignación de publicidad oficial debe regirse por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos”.

- “La publicidad oficial no debe promover -explícita o implícitamente- los intereses de ningún partido político ni del gobierno, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión”.

El trabajo también se detiene en las regulaciones establecidas en diferentes países para evitar que la publicidad estatal sea utilizada como propaganda encubierta. En la provincia de Ontario, Canadá, la ley establece que los avisos del gobierno no deben tener como propósito crear una imagen positiva del partido gobernante o generar una impresión negativa de una persona o entidad crítica del gobierno. En España, la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional, prohíbe específicamente contratar campañas “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por el gobierno. En la exposición de motivos de la ley se manifiesta que “la utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”. (2)

En Santa Fe, mientras tanto, la Ley 12.080 de Campañas Electorales, establece en su Artículo 6º que “durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno en cualquiera de sus niveles y categorías, no podrá contener elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos”, quedando prohibido durante 15 días anteriores a la fecha del comicio, “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación directa del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos”.

Difícilmente un aviso publicitario oficial promueva la “captación directa del sufragio” a favor de algún candidato justicialista, pero sobran los ejemplos de campañas montadas para promover una imagen positiva de la gestión del partido de gobierno o para generar una imagen negativa de cualquier sector crítico al oficialismo, como fue el caso de los docentes provinciales durante la huelga de 2005.

Pero tal como sucede con los límites temporales a las campañas o la obligación de rendir cuentas de los gastos electorales, ninguna autoridad política o judicial se muestra interesada en hacer cumplir esta ley.

Para el oficialismo la tentación es muy grande. Los fondos destinados a publicidad oficial superan holgadamente los gastos de campaña de todos los partidos de la oposición. En 2006 se presupuestaron 14 millones de pesos sumando todas las jurisdicciones. Si bien no se conoce la ejecución presupuestaria del año que terminó, se estima que dicho monto fue superado. Para el 2007 el presupuesto total de propaganda supera los 19 millones de pesos, aunque también es lógico esperar que dicha cifra sea superada.

Como puede verse en el cuadro la mayor parte del presupuesto publicitario está concentrado en la Subsecretaría de Información Pública (11,4 millones) que depende del Ministerio Coordinador. Otro auspiciante estatal de importancia es Lotería de Santa Fe (2,9 millones), destacándose la asignación de recursos para Aguas Provinciales SA (3,4 millones), lo que convierte a la nueva empresa estatal de saneamiento en un jugador de importancia dentro de la estrategia electoral oficial.

(1) http://www.lacapital.com.ar/2007/01/14/politica/noticia_357997.shtml

(2) http://www.adc.org.ar/recursos/661/Principios%20Basicos%20Publicidad%20Oficial.p

miércoles, enero 24

Fotógrafos go home!

Se cumplen 10 años sin José Luis Cabezas, el magistral fotógrafo de la revista Noticias asesinado salvajemente. Pequeño homenaje a todos los fotógrafos, rescatando un trocito de la historia de esa profesión en nuestra ciudad.

Homenaje a Cabezas

Un recuerdo de José Luis

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Se cumplen 10 años sin José Luis Cabezas, el magistral fotógrafo de la revista Noticias asesinado salvajemente. Pequeño homenaje a todos los fotógrafos, rescatando un trocito de la historia de esa profesión en nuestra ciudad.

Que siempre, en todas las profesiones hay que rebuscárselas para tener un mango extra, no es novedad.

1937 fue el tiempo de los fotógrafos. No alcanzaba con el periodismo, tampoco con los casamientos, así que los fotógrafos santafesinos fueron por los funerales.

El diario El Orden publicó el 19 de abril de ese año una crítica a la decisión del intendente municipal de prohibir el acceso al cementerio de todos los fotógrafos.

La medida se apoyaba en que un grupo de fotógrafos particulares “se había dedicado a la tarea de explotar los sentimientos más respetables del público, obteniendo fotografías de la entrada de los féretros al cementerio o del acto de inhumación de los restos, las que luego eran ofrecidas a los familiares del extinto. Se había llegado a un verdadero abuso que era necesario reprimir pues muchas familias expresaron quejas por semejante aprovechamiento”, señalaba el periódico.

Sin embargo, El Orden solicitaba al intendente algunas excepciones, por ejemplo para los reporteros gráficos que acudían al Cementerio a buscar información o a realizar la cobertura de homenajes públicos. A ellos también los porteros del Cementerio les impedían la entrada diciendo que “sin orden del intendente no podían entrar”.

miércoles, enero 3

LA PROVINCIA MIRA PARA OTRO LADO

La madre del militante secuestrado en Venado Tuerto denuncia la falta de compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos. “La Secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe tenía conocimiento de la situación de riesgo de mi hijo”, aseguró Nelida Caseri. La investigación quedó en manos de la justicia federal. Durante el cautiverio Héctor Darío Bustos escuchó amenazas para la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.Leer más!


Las comparaciones son odiosas pero a veces arrojan resultados elocuentes. Solo basta mirar el despliegue político, judicial y mediático producido luego de la desaparición de Luís Gerez, en la ciudad de Escobar, y preguntarse luego, porque en la provincia de Santa Fe el secuestro y tortura de un militante social puede pasar desapercibido.

A una semana de la aparición con vida de Héctor Darío Bustos, luego de 13 días de cautiverio y torturas en las cercanías de Venado Tuerto, la madre de la víctima le dijo a Fuera de Foco que la investigación del caso no tuvo ningún avance y que se están perdiendo pruebas.

“En realidad creo que desde el Poder Judicial y desde algunos organismos de la provincia de Santa Fe se estaría creando una cortina de humo minimizando este hecho”, denunció Nelida Caseri.

“Nosotros estamos muy preocupados porque estamos reclamando la participación institucional del gobierno de la provincia y de la Secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe que tenía conocimiento de la situación de riesgo de Héctor Darío Busto”, agregó la mujer.

- ¿Por qué la Secretaria de Derechos Humanos minimiza el caso?

- Porque participó y consumió de la venta de pescado podrido que está haciendo la policía de la provincia. El secuestro fue a cara descubierta y mi hijo tiene capacidad de identificar los rostros. Está siendo presionado. Los patrulleros de la Comisaría Segunda están rondando la casa en actitud intimidatoria. En la secretaria cuando llamo me ponen los contestadores.

- ¿Usted no tiene diálogo directo con algún funcionario de la provincia?

- No, no. Mientras mi hijo estuvo desaparecido estuvieron presentes, a partir de que Bustos reapareció estuvieron presentes un solo día. Hoy los desaparecidos son sus representantes. Nos dicen que no saben hasta donde es el alcance de su competencia.

La madre del militante secuestrado sostuvo su hijo le pidió protección - “dos días antes del secuestro” - al subsecretario Alfredo Vivono, “pero la Secretaría de Derechos Humanos no arbitró ningún medio, minimizó el caso diciendo que mi hijo magnificaba”.

A Nelida Caresi le preocupa “que desde la Provincia se está informando incorrectamente sobre cual es el cuadro de situación, cuales fueron los móviles y cual fue la realidad de lo que hemos vivido”.

Además reveló que “en la mesa de torturas” a mi hijo le transmitieron “mensajes de muerte para Estela Carlotto” y otros integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo. “También le pedían información sobre las visitas que hacía a la Casa Rosada. Por eso estamos reclamando que tanto el Gobernador y la Secretaría de Derechos Humanos se pongan al frente del caso y pongan en conocimiento al gobierno nacional de este hecho, que reviste una gravedad institucional extrema”, afirmó Caresi.

La mujer sostuvo que se comunicó con Estela Carlotto. “La puse en conocimiento y me dijo que desde la provincia le habían informado otra cosa la que. Que mi hijo era un esquizofrénico, que esto no tenía nada que ver con su actividad con derechos humanos y que era una cuestión personal”.

Finalmente, Nelida Caseri confirmó que la investigación quedó en manos de la justicia federal de Rosario debido a que el juez de instrucción de Venado Tuerto, Hugo Perassi, se declaró incompetente.