viernes, noviembre 30

POLÍTICOS Y PERIODISTAS EMPLEADOS DE LA INTELIGENCIA MILITAR

El último número del periódico Edición 4 de la ciudad de Reconquista publica un amplio informe sobre el personal civil de inteligencia (PCI) que operó bajo el mando del coronel Domingo Manuel Marcellini, en el ámbito del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército, durante la pasada dictadura militar. Entre los involucrados aparece el periodista Carlos Rafael Cenoz y el dirigente justicialista Enrique Horacio Vallejos. Ambos estarían incluidos en un listado de 50 soplones rentados enviado hace poco tiempo por el Ministerio de Defensa de la Nación al Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe. Tanto Cenoz como Vallejos negaron veracidad de la versión aportada por diversas fuentes al periódico norteño. El primero consideró “una barbaridad” la información y añadió que las mentas “vienen de lejos, de esa época”. El segundo simplemente negó que fuera así. “Para nada”, dijo el abogado actualmente radicado en Ushuaia.

El rastro del personal civil de inteligencia (PCI) que operó en nuestra zona durante la pasada dictadura militar emergió de las sombras cuando el juez federal Reinaldo Rodríguez procesó al ex dirigente sindical, Horacio Américo Barcos, por delitos de lesa humanidad, entre ellos tormentos y privación ilegítima de la libertad.

El caso se había iniciado con la denuncia de Amalia Ricotti, secuestrada junto a su esposo el 16 de mayo de 1978. Luego de dos años de espera el magistrado federal dispuso una rueda de reconocimiento donde Horacio Américo Barcos fue identificado por su víctima.

Según relató Ricotti, Barcos participó en su secuestró y la mantuvo en cautiverio junto a su esposo - José Alberto Tur - durante 15 días. El torturador ahora procesado fue identificado en varias oportunidades por la mujer, quien le dijo al juez como se lo cruzaba en la peatonal, en la cola de un banco o saliendo del edificio de la actual subsecretaría de Seguridad Pública.

A partir de los datos aportados por la querella se pudo establecer que Barcos fue un activo militante gremial en la década del setenta, vinculando principalmente a la UOCRA de Santo Tomé, cuando la entidad era conducida por Rubén “el mono” Gaziano.

A lo largo de la investigación judicial se realizaron numerosas diligencias, entre las que estuvo, un pedido de informes al Ministerio de Defensa de la Nación, para que aporte información sobre el personal que reportaba directamente al Destacamento de Inteligencia del Ejército durante la dictadura militar. Luego de sortear las limitaciones establecidas por las leyes de seguridad de la Nación, el Juzgado Federal de Santa Fe recibió un listado de 50 ciudadanos que trabajaron como personal civil de inteligencia (PCI) que todavía aguarda tratamiento por parte del magistrado interviniente. Allí figuraría el nombre de Horacio Américo Barcos, del periodista del multimedios Sin Mordaza Carlos Rafael Cenoz y del ex legislador justicialista Enrique Horacio Vallejos.

Para el abogado querellante Jorge Pedraza, la información suministrada por el Ministerio de Defensa de la Nación tiene una enorme trascendencia “porque nos revela mejor aún cómo fue la transición de la dictadura a la democracia, cómo se pactó la no revisión del pasado, cómo ciertos dirigentes políticos o gremiales trabajaron juntos en la represión ilegal y por eso luego fueron premiados con posicionamientos legislativos”. (http://www.notife.com/ – 03/11/07)

Bajar archivo para leer informe completo: DivShare File - Edición 4 271107.pdf

FUE ANULADA LA LICITACIÓN PARA REPOTENCIAR EL SISTEMA DE BOMBEO

La decisión fue tomada esta semana por la Municipalidad de Santa Fe. Se habían presentado dos empresas internacionales pero sus ofertas fueron desestimadas por errores de forma. La inversión prevista superaba los 15 millones de pesos. Con esta obra se triplicaba la capacidad de bombeo en la ciudad. Ahora los trabajos sufrirán una postergación.

La obra fue anunciada en un acto multitudinario realizado el pasado 11 de julio en el Palacio Municipal. Estaban presentes el intendente Martín Balbarrey, el ministro de Asuntos Hídricos Alberto Joaquín, el diputado provincial Mario Lacava, el senador Juan Carlos Mercier, todos los concejales del Partido Justicialista (incluido el tránsfuga Rafael López) y funcionarios del gabinete local. En aquella ocasión se firmaron dos convenios, por los cuales el gobierno provincial se comprometía a desembolsar aportará 25 millones de pesos para optimizar la capacidad de bombeo de los sectores oeste y este, readecuar los lagos reservorios, rellenar sectores bajos y trasladar viviendas en situación de riesgo.

A la hora de los discursos, Martín Balbarrey explicó: "Triplicaremos la capacidad de bombeo del Gran Santa Fe por el oeste y el este, incluyendo Recreo, Monte Vera y Rincón. Se van a comprar 30 bombas de más de 2.500.000 de litros horas, con otra cantidad de unidades portátiles móviles a combustible y grupos electrógenos".

Por su parte, el ministro Alberto Joaquín que a partir de esta obra " la Municipalidad pueda contar con un sistema de bombeo adecuado para enfrentar esta nueva situación que implica el cambio climático. No son medidas improvisadas, sino que se basan en estudios profundos que hemos realizado", sostuvo.

Para acortar los plazos administrativos se optó por el llamado a un Concurso Público de Precios. La recepción de las ofertas debía concretarse el 25 de septiembre pero este acto fue postergado hasta el 1º de noviembre. Se presentaron las empresas KSB Compañía Sudamericana de Bombas SA e ITT Flygt Argentina SA. Ambas compañías cotizaron sus trabajos en dólares. La primera ofreció U$S 5.158.628, para los tres ítems de la convocatoria. En tanto, la segunda cotizó U$S 3.486.037 para solo dos ítems.

Ahora se sabe que todo el procedimiento fue anulado por errores en la forma de cotizar las ofertas. La información fue confirmada a Fuera de Foco por el actual secretario de Asuntos Hídricos de la municipalidad, Horacio Ruiz, y por el futuro secretario de Obras Públicas, Roberto Porta.

Según explicó Horacio Ruiz “las ofertas son inadmisibles porque contienen errores jurídicos y formales que no hubieran sido aceptados por el Tribunal de Cuentas y la Provincia”. Ambas empresas cotizaron sus trabajos en dólares y constituyeron las garantías en pesos. “La Ley de Contabilidad (sic) no permite eso”, dijo el actual funcionario municipal.

En tanto, Roberto Porta – futuro secretario de Obras Públicas de la gestión de Mario Barleta – aseguró: "Nos enteramos el lunes que la licitación se había caído. Ahora estamos tomando contacto con las empresas para ver si los plazos se pueden ajustar. Es casi seguro que nosotros tendremos que hacer el nuevo llamado”, sostuvo.

De acuerdo a lo informado por el actual secretario de Asuntos Hídricos, el acto administrativo para anular el concurso de precios aún no fue terminado. La resolución en cuestión ya tiene la firma de dos secretarios (Ruiz y Giusti) y aguarda la rúbrica de Martín Balbarrey. Luego debe ser protocolizada e informada a las empresas.

Simultáneamente, los funcionarios entrantes y salientes deben acordar los plazos para el nuevo llamado a licitación y eventuales modificaciones al pliego. En este sentido, Ruiz destacó la solvencia técnica y la trayectoria de las empresas que presentaron ofertas, estimando que el pliego “no se debe tocar”. Desde una perspectiva diferente, Porta difiere con algunos aspectos del proyecto actual y señala la necesidad de “ajustar las pautas técnicas”.

A modo de referencia, se puede señalar, que la empresa KSB - Compañía Sudamericana de Bombas S.A, fue fundada en 1941 con el objeto de proyectar y producir bombas centrífugas. En 1960 es absorbida por la firma alemana Klein, Schanzlin y Becker, uno de los fabricantes líderes mundiales de bombas y válvulas, con ventas anuales superiores a los 1.500 millones de dólares, más de 3300 empleados y fábricas diseminadas a lo largo de todos los continentes. Por su parte, la empresa ITT Flygt Argentina es una subsidiaria local de la multinacional fundada en 1901, en Estocolmo, Suecia, que se presenta como "líder mundial en bombas sumergibles, mezcladores y sistemas de aireación"; con un amplio espectro de actividades que involucran a gobiernos, municipalidades y empresas privadas, que buscan "mejorar sus sistemas de aguas, manejo de efluentes cloacales y control de inundaciones".

Por ello, más allá de las primeras explicaciones conocidas, resultada extraño que dos empresas de semejante trayectoria y experiencia en Argentina hayan presentado sus ofertas con los errores formales que derivaron en la anulación del concurso de precios.

miércoles, noviembre 28

OTRO SÚPER ES POSIBLE

En Rosario, uno de los locales de Supermercados Tigre (empresa que estuvo entre las 500 de mayor facturación del país y terminó en vaciamiento) fue recuperado por los trabajadores y se creó un centro cultural, un comedor universitario y popular, y una boca de expendio de productos comunitarios, entre otras cosas. El poder judicial los declaró “ocupantes” (léase okupas), burla magnificada por seis años de realizaciones. La movilización frente a las amenazas, los debates entre obreros, y un manual de paradojas argentinas. Fuente: La Vaca.

En la calle Tucumán al 1300 de Rosario había un supermercado que se transformó en La Toma.
Donde
sólo había góndolas, etiquetas y carritos, ahora hay emprendimientos comunitarios y cooperativos, artistas, un centro de economía solidaria, grupos de ayuda psicológica (5.500 consultas atendidas), talleres, cursos y un gran centro cultural.

Donde antes había patio de comidas rápidas (fast food) ahora hay comida más tranquila y mejor, con un enorme Comedor Universitario y Popular que cobra 4 pesos por menú a los becados universitarios y 6 pesos a los trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Ha habido 60.000 becas alimentarias estudiantiles y 75.000 menúes económicos atendidos en el Comedor Popular.

La Toma, para colmo, ha hecho algo que los viejos propietarios jamás siquiera intentaron: pagar todos los servicios, y estar al día.

Tigre de papel

Los Supermercados Tigre eran una cadena de 14 establecimientos, que figuraba entre las 500 empresas que más facturaban en la Argentina en un tiempo incierto que los memoriosos llaman “menemismo”. Tenían 1.000 empleados, un establecimiento ganadero, un frigorífico, y la concesión de las sucursales de la cooperativa El Hogar Obrero. Su propietario Francisco Ragunaschi ha sido catalogado como un entusiasta impulsor de la represión durante los saqueos de mayo de 1989 (“alfonsinismo” dirán los memoriosos) y denunció a policías y militares por exceso de “mano blanda” frente a los pobres (hubo apenas unos 20 muertos en la provincia). Ragunaschi –un creativo- fue pionero en imponer el domingo como día de trabajo en los supermercados.

Carlos Ghioldi, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, explica a lavaca: ”La empresa fue vaciada, pero como acá no hay maquinaria que llevarse lo que hicieron fue endeudarse enormemente, no pagar, pasar a concurso de acreedores, y con la administración judicial endeudarse por un valor de 80 veces el valor de su patrimonio. Fue escandaloso y la justicia fue parte de ese vaciamiento ocurrido durante el concurso de acreedores”.

Tal vez se trate de una paradoja, tanto como llamar “justicia” a tales juzgados (como el civil y comercial número 14 de Rosario a cargo de la jueza apellidada Lotti, cuyo inquietante nombre de pila es María de los Milagros).

Los negritos

Los trabajadores tomaron el establecimiento en 2001 cuando además del endeudamiento empezaron a vaciar literalmente el supermercado, llevándose en camiones todo lo que había. Les debían seis meses de salarios. Propusieron realizar un emprendimiento productivo allí, posibilidad que –en plena crisis- fue apoyada por políticos, sindicalistas, representantes religiosos y organismos de derechos humanos, pero no por María de los Milagros, que en una oportunidad les informó a los trabajadores que no se seguiría reuniendo con “negritos” (¿se entiende a quiénes se refería?).

Los negritos tomaron nota del estado de los Milagros.

Ante tal panorama, 35 de los trabajadores decidieron formar una cooperativa (Trabajadores Solidarios en Lucha), hacerse cargo del lugar y convertir La Toma en algo más: una usina de producción solidaria, económica y cultural. En la Argentina, salvo excepciones (nunca tan honrosas como en este caso), los sindicatos han estado mayoritariamente en contra de los trabajadores cuando éstos quedaban desocupados y formaban cooperativas.

Ghioldi quedó instalado a ambos lados de esa paradoja: “Pero aquí las cosas fueron distintas. Yo era delegado en la época de El Hogar Obrero, luego encabecé la lucha, y ahora soy secretario gremial y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Empleados de Comercio. Hubo muchos lugares con una dicotomía entre trabajadores y sindicato. Acá no. Acá somos lo mismo”.

Obreros versus obreros

Ghioldi considera que el rechazo de muchos sindicatos a sus propios ex trabajadores es por “un esquema de funcionamiento que no todos los sindicalistas están dispuestos a saltar. Es el que dice que un trabajador despedido, que no aporta, deja de pertenecer al sindicato”. Ghioldi reconoce que el problema no es sólo de burócratas: “Pasa también con las bases. A mucha gente del gremio no le cae simpático que el sindicato esté tan involucrado en La Toma. Te dicen: “¿Y por que no se van a buscar trabajo y se dejan de joder?”

Los dirigentes del sindicato, en casos así, no hacen seguidismo: “Les discutimos a los compañeros, les decimos que se equivocan, y que vamos a defender La Toma hasta las últimas consecuencias. ¿Se entiende? Hay que decirlo, si fuera distinto viviríamos en Rusia del año 17 o Cuba del 59. Pero no, estamos en la Argentina 2007 y estas son las contradicciones con las que hay que trabajar”. Carlos cree que esas discusiones han tenido un saldo positivo: “La corriente de simpatía hacia la defensa de La Toma ya es muy grande”.

Cuando los ideales van a la práctica

El criterio de La Toma (el nombre con el que lo conocen en todo Rosario) fue siempre el de seguir el ideario cooperativo y el concepto de economía social y solidaria. “No tomamos criterios empresarios, por eso no nos consideramos una empresa recuperada sino un establecimiento puesto en funcionamiento por sus trabajadores: no es una diferencia semántica” dice Ghioldi, que ya ha escrito un libro sobre el caso (Supermercado Tigre, Crónica de un conflicto en curso).

“Lo primero que se hizo fue crear un centro cultural porque creemos al igual que los fundadores y pioneros del movimiento gremial argentino e internacional, que donde los trabajadores se organizan deben elevarse culturalmente para avanzar en su lucha por la liberación”. Luego se planteó el mercado comunitario para vender allí productos de origen artesanal, cooperativo, comunitario, y ya hoy el panorama incluye:

- 32 puestos de trabajo de los cooperativistas.

- 40 puestos de trabajo creados de manera indirecta.

- 20 trabajadores de la cultura.

- Dos cooperativas funcionando de manera integrada

- Un Centro de Economía Solidaria con 30 emprendedores ofreciendo sus productos.

- Un Centro Editorial que ya ha realizado diez publicacines propias.

- Una sala de eventos teatrales y culturales.

- Instalación de organizaciones sociales. Ejemplos, el centro de indumentaria deportiva del Movimiento Territorial de Liberación, o Autoconvocados en Defensa de la Vivienda Única (grupo que lucha e impide los desalojos).

- Funcionamiento de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados.

- Apertura de la sede de la Asociación Argentina de Actores,

- Permanentes actividades culturales y presencia en diversos eventos de personalidades como el Nobel de Literatura José Saramago, el poeta Ernesto Cardenal, el escritor Osvaldo Bayer o el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

- 5.500 consultas atendidas en el servicio de psicología, además del funcionamiento de El Puente, grupo de psicólogas de La Toma.

¿Cuál es la salida?

La cooperativa había conseguido una ley en 2004 para funcionar en La Toma durante dos años. El gobierno de Jorge Obeid no discutió en tiempo la renovación (la clase política, se sabe, siempre está dedicada a otra cosa) y el juzgado de María de los Milagros aprovechó ese vacío: “Dijo que somos ocupantes, y que los proyectos de los trabajadores son inviables económicamente”, narra Ghioldi. Que se diga esto de una empresa inviable y hundida por los empresarios, y salvada por los trabajadores es acaso memorable.

El mayor riesgo actual es que se dictamine el desalojo. Ghioldi realiza una ecuación: “Pero cuanta más movilización, solidaridad y acompañamiento, menos posibilidad de desalojo, creemos ciegamente en eso”.

La solución fue planteada ya en la cámara de Diputados: “El principal acreedor de la quiebra es el propio Estado, por lo cual tiene todas las posibilidades de expropiar a la empresa porque además es el principal damnificado por la estafa”.

-¿Y por qué no se hizo hasta ahora?

-Porque la campaña no ha sido lo suficientemente fuerte. Pero seguimos, nunca vamos a bajar los brazos.

DELICIAS DEL LENGUAJE POLÍTICAMENTE (IN)CORRECTO

Con un nivel de escritura a todas luces diferente al de hoy, el periodismo santafesino fue en algún tiempo trinchera de múltiples batallas políticas. Claro, nada nuevo. Pero el uso del idioma y de la imaginación era infinitamente superior al de hoy.

A fines de 1877, se discutían en la provincia las candidaturas a gobernador. El postulante oficial era Simón de Iriondo, que quería repetir.

Estaba sostenida esta postulación por el diario El Santafesino. Se oponía El Orden, que opinaba que Iriondo incitaba a los odios.

El Santafesino le contesta a un artículo calificándolo como lleno de incoherencia, de “chicana absurda y pretenciosa”, “petulancia ridícula y pueril”.

Y trata al articulista de El Orden de “hormiga, gusano miserable que se arrastró entre el lodo; oruga microscópica pegada a las hojas de la historia!”

El diario opositor había dicho que era leal y que amaba al pueblo. Y El Santafesino le contestó que no tenía constancia del inmenso amor al pueblo que predicaba, decía que era “más desconocido o impenetrable que los misterios de Eleusis”.

Pero además, criticaba la manera de escribir del articulista, que había dicho que en el gobierno de Iriondo había “odios funestos”. Le contestó: “Vengamos a esto de los odios de que nos habla esta encantadora sirena, esta preciosísima ave fénix de la política que se nos presenta con su cortejo de ultra-catonianas virtudes a realizar la fábula antigua y desmentir el egoísmo materialista de estos prosaicos tiempos en que vivimos. No es posible tomar a lo serio aquello de que los odios son funestos y odiosos en pueblos que nacen a la vida luchando por la conquista de las instituciones libres. A nadie ha podido ocurrírsele que sus odios sean afables, simpáticos, cariñosos. Decir que los odios son odiosos, es como decir que la libertad es libre, que el patriotismo es patriótico, que la verdad es verdadera, que el desinterés es desinteresado, que la dureza es dura, y por fin, que la impertinencia es impertinente”.

LICENCIA PARA UNA RADIO COMUNITARIA SANTAFESINA

Desde hace un año y medio, en Desvío Arijón funciona la FM Comunitaria “Radio del Pueblo”. El último viernes se convirtió en la segunda radio comunitaria en recibir su licencia de manos del COMFER. Ahora van por más: por una ley de radiodifusión para la democracia.

A treinta kilómetros de la ciudad de Santa Fe, un pueblito se fue formando con la llegada de trabajadores golondrina del Chaco, Santiago del Estero y Corrientes. Y se fueron quedando, encontrando en Desvío Arijón, incluso con las dificultades, mejores condiciones de vida que en sus lugares de origen.

Desde hace un año y medio tienen su voz amplificada a través de la Radio del Pueblo, una FM Comunitaria que tendrá el orgullo este viernes de ser la segunda radio de esas características en el país que recibirá de manos del COMFER su licencia definitiva.

La programación comenzó siendo eminentemente musical, hasta lograr que los vecinos fueran perdiéndole el miedo al micrófono. Los programas están hechos por pescadores, peones rurales, albañiles, profesionales de la comunicación y cualquiera que se le anime a la luz roja. “De a poco en el proceso se va tratando de que la gente ordene lo que tiene para decir, que es mucho. Eso de ser ‘la voz de los que no tienen voz’ no es cierto; ya no se puede arrogar nadie la voz de otro, todo el mundo tiene mucho para decir y de la manera que sea”, afirma Danilo Martínez, responsable de la radio.

El viernes, en el acto oficial, estuvieron presentes autoridades del COMFER, amigos, trabajadores y también legisladores, porque, como afirma Danilo, “vamos por una pelea más grande que es la nueva ley de radiodifusión, la ley de la democracia, porque no podemos seguir estando bajo la ley de la dictadura”.

Las sensaciones, de todos modos, son contradictorias: “por un lado el festejo y por otro lado una suerte de decir: si la comunicación es un derecho humano ¿por qué tenemos que festejar que alguien nos permita hablar?”

martes, noviembre 27

UN RECLAMO PARA BARLETTA

Los empresarios del transporte de pasajeros solicitaron un aumento del 30% en el precio del boleto. Sostienen que los insumos necesarios para la prestación del servicio se incrementaron en igual proporción. Advierten que en diciembre vence el acuerdo salarial con la UTA y que los subsidios nacionales son insuficientes. Para el INDEC los precios del combustible, los repuestos y los neumáticos aumentaron entre el 5% y 16%. En octubre de 2007 la Secretaria de Transporte de la Nación distribuyó entre las empresas de la ciudad: 636.600 litros de gasoil subsidiado y $775.000 de aportes para compensación de tarifa.

Mediante una nota de 20 líneas, los gerentes de las empresas que brindan el servicio de transporte de urbano de pasajeros, solicitaron un incremento del 30% para la tarifa plana. El pedido se fundamenta en el impacto del proceso inflacionario que “ha producido un incremento en el costo de los insumos que, acumulados desde el último reajuste tarifario producido, supera el 30%.

Según señalan los responsables de Transporte San Jerónimo, Empresa Santa Fe Línea 18 y Empresa 7 de Marzo, esta situación es “fácilmente verificable”. Agregan que “al final del corriente mes, vence el acuerdo salarial celebrado con el sector de los trabajadores efectuado el año último pasado, y comienzan a reclamar una recomposición importante que cubra la inflación real”.

Por estas razones, los empresarios reclaman que se “provea a la brevedad lo necesario para adecuar la tarifa del servicio al monto suficiente para costear la explotación y la política salarial que nacionalmente se acuerde para el sector”, que de acuerdo a sus estimaciones debería ser de “un 30% de la tarifa plana”. De acceder a lo solicitado el precio del boleto en la ciudad da Santa Fe debería costar entre $1,60 y $1,70.

Para reforzar su pedido, los gerentes del transporte sostienen en su nota, que “una situación igual a la nuestra se produce en Rosario donde, con una carga de pasajeros transportados superior en dos a la nuestra y con subsidios sensiblemente mayores, el aumento es inminente conforme declaraciones del Intendente llevando la tarifa a $1,50”.

Pero más allá de las razones esgrimidas, la nota presentada al intendente saliente no aporta ningún elemento de análisis que permita corroborar que el incremento de los insumos, por ejemplo, es del orden del 30% como señala el sector empresario. Esta falta de información históricamente ha generado desconfianza entre los concejales de la oposición (en los próximos días oficialismo) y permite suponer que un eventual aumento no será decidido en lo inmediato.

Por lo pronto, la información pública disponible sobre el sector indica que en octubre de 2007 las empresas de transporte de pasajeros de la ciudad de Santa Fe recibieron de la Secretaria de Transporte de la Nación los siguientes montos de subsidios: Empresa 7 de Marzo SRL ($502.777); Transporte San Jerónimo SRL ($194.655); Empresa Santa Fe Línea 18 SRL ($75.115); y El Pacú SRL ($2.797).

En el mismo período se distribuyó gasoil subsidiado de la siguiente manera: Empresa 7 de Marzo SRL (420.500 litros); Transporte San Jerónimo SRL (159.800 litros); Empresa Santa Fe Línea 18 SRL (53.800 litros); y El Pacú SRL (2.500 litros).

Por otra parte, según el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el INDEC, entre diciembre de 2006 y octubre de 2007, los productos refinados de petróleo sufrieron un aumento del 5,2%; las carrocerías y repuestos del 13,4%; y los productos de caucho y plástico (neumáticos) del 15,6%.

Fuentes del sector empresario consultadas por Fuera de Foco, admitieron que el tema recién podrá ser abordado cuando asuma su cargo Mario Barletta. Frente a esta situación el nuevo intendente deberá decidir como resuelve el reclamo. O deriva la discusión al Concejo Municipal o continúa con la doctrina Balbarrey y otorga el aumento por decreto. Mucho margen de maniobra no le quedará. Pese al verano que se avecina no se puede descartar la presencia contundente de los choferes frente al palacio municipal o la realización de algún sorpresivo “lock out” patronal, como ya se vivió en otras ocasiones.

MAMARRACHO ESTILO BALBARREY

El intendente de Santa Fe anuló 577 pasantías acordadas con la Fundación Banco Bica. Las había prorrogado hasta fin de año mediante dos decretos del 22 y 31 de octubre. Sorpresivamente apareció otra norma que deroga las anteriores firmada el mismo 31 de octubre. La decisión no fue comunicada oficialmente a los pasantes quienes continuaron trabajando sin ningún respaldo legal. Se discuten dos interpretaciones frente a lo sucedido: Martín Balbarrey mintió públicamente o se trata de un decreto con fecha adulterada.

Ayer por la mañana comenzó a circular por las oficinas municipales el Decreto 1317, firmado por el intendente Martín Balbarrey, el pasado 31 de octubre, mediante el cual se anulan 577 pasantías acordadas con los directivos de la Fundación Banco Bica.

La norma deja sin efecto los decretos 1275 y 1313 firmados por el intendente el 22 y 31 de octubre de 2007, respectivamente. Allí se establecía una prorroga de las pasantías hasta el 31 de diciembre de este año. Esta decisión fue reivindicada públicamente por Balbarrey y sus funcionarios durante las últimas semanas. Sin embargo, ahora se sabe que la extensión de los convenios no estaba vigente al momento de estas manifestaciones públicas.

En los fundamentos de su nueva decisión, el intendente de Santa Fe descarga la responsabilidad en los directivos de la Fundación Banco Bica que “ha notificado en forma fehaciente su voluntad de resolver el convenio”, para lo cual, “se hace necesario establecer el cese de los efectos de los actos administrativos dictados como consecuencia de la ejecución” del mismo.
Conviene recordar, que según el diario El Litoral, la notificación de la terminación del convenio de pasantías fue presentada por la Fundación Banco Bica el 23 de agosto pasado, con entrada en vigencia un mes después. De esta manera se puede concluir, que la decisión de prorrogar las prestaciones laborales (22 y 31de octubre) fue tomada desconociendo los antecedentes del caso y que el intento de corregir la situación, es al menos, poco transparente y desprolija.

Según pudo establecer Fuera de Foco, el Decreto 1317 ingresó a la oficina de Legislación Municipal el viernes 23 de noviembre, tres semanas después de haber sido supuestamente firmado. Si bien su numeración corresponde a los últimos días de octubre, el tiempo transcurrido hasta su aparición, permite suponer que se trata de una norma con la fecha adulterada. En efecto, es una práctica habitual en la administración pública, dejar en reserva números de decretos u otro tipo de normas, que luego podrán ser utilizados para corregir alguna decisión equivocada de los funcionarios. Se trata de una práctica ilegal muy difícil de comprobar.

La otra posibilidad es aún más inquietante. La fecha del Decreto 1317 es la verdadera y por razones políticas el intendente Balbarrey resolvió ocultar su contenido, al punto de mentir públicamente, defendiendo la prorroga de las pasantías que él había resuelto anular.

En cualquiera de los casos todavía quedan muchos puntos por aclarar alrededor de la oscura relación establecida entre el municipio santafesino y la Fundación Banco Bica.

miércoles, noviembre 7

SUSPENDIERON POR UN AÑO LAS EXPORTACIONES DE SÁBALO

La decisión fue tomada por el Ministerio de Economía y Producción de la Nación el pasado 2 de noviembre. Abarca a todas las provincias de la Cuenca del Río Paraná hasta su desembocadura. Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe recibieron un cupo adicional de exportación de 1.800 toneladas hasta el 31 de diciembre de 2007. La medida gubernamental generó numerosos equívocos políticos en la región. Se aguardan importantes repercusiones económicas y sociales.

El ministro de Economía de la Nación, Miguel Peirano, firmó el pasado 1º de noviembre la Resolución 347 que restablece la suspensión de las exportaciones de sábalo desde las provincias de la Cuenca del Río Paraná por un lapso de doce meses. La decisión gubernamental entró en vigencia esta semana, y contempla de manera excepcional, un cupo de adicional de exportación de 1.800 toneladas para ser distribuidas entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

En los fundamentos de la norma se sostiene, que la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la Nación, viene realizando una evaluación periódica de la situación de los recursos pesqueros con la finalidad de analizar la posible liberación de las exportaciones y el potencial establecimiento de cupos de exportación de las especies involucradas, en base a los resultados de los estudios científico-técnicos encomendados.

Agrega, que según los registros del SENASA, durante el año 2007 se exportaron las 8.000 toneladas de sábalo autorizadas oportunamente. Debido a que los expertos contratados por la Nación recomendaron una captura máxima de 15.000 toneladas de sábalo para este año, se concluye que el recurso pesquero se encuentra en proceso de recuperación de su capacidad, razón por la cual, es factible autorizar un cupo de exportación extra distribuido de la siguiente manera: 800 toneladas para Entre Ríos, 800 toneladas para Santa Fe y 200 toneladas para Buenos Aires, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2007.

Para los funcionarios nacionales, esta “cifra es estimada como prudente para satisfacer la necesidad de sustentabilidad del recurso y el sostenimiento adecuado de la actividad pesquera hasta finalizar el presente año”.

Según el biólogo Daniel del Barco, Director General de Manejo Sustentable del Recurso Pesquero de la provincia, las 800 toneladas asignadas a Santa Fe ya fueron capturadas y forman parte del stock existente en los frigoríficos de pescado.

Lo llamativo de la situación es que mientras la Resolución 347 aparecía publicada en el Boletín Oficial de la Nación, en Entre Ríos y Santa Fe circulaban todo tipo de interpretaciones políticas sobre la misma, y curiosamente, ninguna reparaba en el dato central: las exportaciones de sábalo fueron suspendidas por un año.

OTRO ALSOGARAY

Álvaro Alsogaray ha tenido múltiples facetas. El abuelo del “capitán invierno” también. Fue periodista en Santa Fe, denunció atentados y casi fue muerto por Sinforiano Bergara, alias “Café”. En nuestra ciudad, por poco, no se cambia la historia del país.

Corría 1876 y la provincia toda se debatía en terribles internas políticas. A veces, se dirimían en los diarios. Otras veces, a punta de bayoneta, o a través de otros métodos.

En julio de ese año, aparece en Santa Fe una hoja, un boletín extraordinario del diario El Pueblo.

Su título era más que sugestivo: “¡Conato de asesinato! Los miserables cobardes comprando la mano de los asesinos! Para satisfacer sus ruines venganzas!

El editor del periódico lo hacía imprimir en Paraná; había ido a retirarlo, y cuando bajaba del vapor “Karry” con el paquete “me siento de improviso arrojar al agua, impelido por Sinforiano Bergara (a) Café a quien hasta entonces no había notado me persiguiese; caí en la profundidad de más de cuatro cuartas de agua, me levanté con esfuerzo para no soltar el paquete y llegaba a la orilla cuando se me pasó por delante el asesino Sinforiano Bergara (a) Café empuñando una daga (con puño de plata) e intimándome que dejase el paquete”.

Era todo obra, según el periodista, de los enemigos de El Pueblo, es decir, del gobernador Servando Bayo y sus secuaces. A pesar de todo, el hombre logró salvar los ejemplares y los pudo repartir.

Pero estaba envalentonado: “Advierto que en vano será hacerme desistir de mi propósito por tales medios. ¡Alerta el pueblo con los asesinos, y la Justicia!”, decía el periodista que tenía un nombre que ya había hecho y seguiría haciendo historia.

Créase o no, el periodista perseguido por el poder, se llamaba Álvaro Alsogaray y fue el abuelo de quien nos aconsejó pasar el invierno.

Detrás de las declamaciones

Pero detrás de las declamaciones, había otras cosas. No podía ser de otro modo, tratándose de Álvaro Alsogaray.

En El Pueblo, el periodista le dirige una carta abierta al gobernador Servando Bayo. Le reclamaba que no hubiera cumplido con una de sus principales promesas: “gobernaré con los hombres honrados de la provincia”, había dicho.

El periodista le preguntaba, desde las páginas de su diario:

¿puede verse más inmoral desconocimiento del respeto que se debe al pueblo soberano en el sólo hecho de haberle engañado tan vilmente? ¿Cuáles son los merecimientos de los hombres con que Ud. gobierna? ¿Cuáles son los bienes procurados al pueblo por algunos cuantos individuos acostumbrados a vivir de los presupuestos? ¿Dónde está esa popularidad que le mienten por amor al sueldo o protección de que gozan? Busque, señor, busque donde quiera, en el pueblo, exhausto de recursos, en el comercio desacreditado y sin acción; busque la benéfica influencia de su gobierno con los hombres que le rodean; ¿existe acaso la seguridad individual y del domicilio privado? ¿existe la legalidad en la administración de Justicia?

La serie de reclamos del periodista al gobernador es extensa y hasta valiente, si tenemos en cuenta que pocos días antes había sufrido un atentado.

Pero lo que más le reprocha a Bayo fue su manera de proceder con el Banco de Londres y Río de La Plata. Era el único banco que operaba en la provincia y estaba autorizado a emitir moneda. Hasta que creó el Banco Provincial y en una historia que en otra oportunidad comentaremos, Bayo quitó la personería al Banco de Londres en Rosario, ordenó que se cerraran sus puertas y hasta encarceló a su representante.

Y el periodista, como gran parte de la prensa porteña, estaba realmente indignado con la situación. Esto, decía, había provocado en los santafesinos en desprecio y desafecto hacia el gobernador Bayo.

Una opinión más, sólo que el nombre del periodista, puede hacer comprender más cabalmente su preocupación y su fervorosa defensa del Banco de Londres.

martes, noviembre 6

RATIFICAN DENUNCIA CONTRA LA LICITACIÓN DEL RELLENO SANITARIO

Carlos Alcides Maldonado ratificó ante el juez de Instrucción Julio Cesar Costa la denuncia presentada en enero de este año sobre posibles irregularidades en la licitación del relleno sanitario de Santa Fe. El ex colaborador de Gerardo Crespi entregó copias de correos electrónicos intercambiados entre la oficina del ex concejal justicialista y una consultora que habría intermediado entre la única empresa oferente y el Concejo Municipal. Los mensajes refieren al pago de coimas para que los ediles voten favorablemente el pliego.

El 17 de enero de 2007, Carlos Alcides Maldonado, colaborador de Gerardo Crespi cuando este fue concejal de la ciudad, presentó un escrito ante el Fiscal Nº 5 José Luís Paz, pidiendo la apertura de una investigación para determinar si en el trámite legislativo que culminó con la aprobación del pliego de bases y condiciones para la contratación de un sistema de disposición final de residuos sólidos urbanos, hubo “conductas de funcionarios o de personas interpuestas, que podrían tipificar delitos contra la Administración Pública, en particular los que refieren al cohecho y tráfico de influencias, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

La causa judicial fue derivada al juez de Instrucción de la 3ra Nominación, Julio Cesar Costa, y no tuvo movimientos significativos hasta la semana pasada. Recién el miércoles 30 de octubre el magistrado citó a Maldonado para que ratifique su presentación.

En diálogo con Fuera de Foco, el denunciante explicó que concurrió al juzgado sin demasiadas expectativas en virtud del tiempo transcurrido desde su primera presentación. “Las preguntas que me hicieron fueron muy concretas y no me dieron muchas opciones en las respuestas. Querían saber si yo consideraba que había delito o no. Yo les dije que no me corresponde a mí establecerlo”, señaló Maldonado.

“Lo que yo hice en su momento fue un aporte de pruebas que generaban muchas dudas. Entregué algunos mails donde figuraban precios supuestamente confidenciales, donde se hablaba de pagos y otras cuestiones que ameritaban, a mi suponer, una investigación”, continuó el ex colaborador de Gerardo Crespi.

Para Maldonado resultó sorprendente que el juez manifestara que los correos electrónicos “no eran elementos de prueba”, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias de dar a conocer “cosas privadas”.

“Parecía que me hacían culpable de algo”, señaló el denunciante. “Yo esperaba encontrar un apoyo o por lo menos un atisbo de investigación. De última que me dijeran: esta totalmente transparente, te equivocaste. Esa respuesta me hubiera gustado. Que después de investigar dijeran que no pasó nada porque los hechos demuestran lo contrario. Pero me dio la sensación que esto se va a quedar ahí nomás”, concluyó.

Según los dichos de Maldonado la actividad del juzgado de Julio Cesar Costa en esta cauda ha sido prácticamente nula. Solo fue recibida una presentación espontánea del actual subsecretario de Gobierno de la Municipalidad y ex concejal, Darío Jiménez, explicando su actuación durante el trámite legislativo.

En la actualidad, el proceso de licitación del nuevo relleno sanitario se encuentra paralizado a la espera de los informes finales de la Secretaria de Medio Ambiente sobre el posible impacto ambiental de la localización propuesta por la empresa Milicic (única oferente y adjudicataria) en la zona exterior de las defensas contra el río Salado a la altura del barrio Las Lomas.

DESPEDIDA CON SABOR CARIBEÑO

El gobernador Jorge Obeid arribó a Cuba acompañado de una curiosa comitiva. Junto a empresarios, periodistas y funcionarios participará de la Feria Internacional de La Habana. El costo de la excursión será de $ 65.000 e incluye pasajes, viáticos y gastos de cortesía. Para la prensa cubana la visita del mandatario santafesino es irrelevante.

El gobernador Jorge Obeid arribó ayer a Cuba y fue recibido por el embajador argentino Darío Alessandro. El mandatario santafesino participó de la apertura de la XXV Feria Internacional de La Habana junto a un grupo de empresas santafesinas que promocionarán sus productos ante potenciales compradores de la isla y otros países.

De acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Información Pública, “el gobierno provincial, como parte de su política de incentivos para las empresas santafesinas que deseen acceder a los mercados externos, alquiló un Stand Institucional en el Pabellón Argentino de la Fundación EXPORT AR”. Allí estarán las siguientes empresas santafesinas: Compañía Regional de Lácteos Argentina S.A., Biassoni e Hijos S.A.I.C.A. de Esperanza; Sucesores de Alfredo Williner S.A. de Rafaela; Surgente de Tostado; Geminelli S.A. de Perez; y Sipel S.R.L. de Rosario.

Por su parte, según el Decreto 2504 la comitiva del gobernador quedó integrada por: Rubén Michlig (Ministro Coordinador); Jorge Polacino (Secretario Privado); Haydee de Angeli (Directora General de Relaciones Públicas y Ceremonial); Alberto Santesso (Director Provincial de Información Pública y Comunicación Social); y José “Coco” López como periodista invitado. La norma no incluye ni reconoce gastos para Germán Burcher, Subsecretario de Comercio Exterior de la provincia, pese a que el comunicado oficial lo destaca como parte de la delegación santafesina.

En relación al costo de esta excursión de siete días, el decreto del gobernador especifica que se gastarán $ 25.025 en pasajes ($ 4.170 por persona); $ 25.337 en concepto de viáticos ($ 603 por día y por invitado); y otros $ 14.000 para gastos protocolares, de cortesía, movilidad e imprevistos, “con cargo de oportuna y documentada rendición de cuentas”. De todos modos, para despejar cualquier motivo de intranquilidad por parte de los viajeros, el gobierno de la provincia también se hace cargo del seguro médico y las tasas de embarque en Ezeiza y La Habana.

Discurso ausente

Antes de partir a Cuba el gobernador Obeid le dijo al diario El Litoral que su viaje "constituye una de las habituales presencias que tenemos cuando se realizan, en general, ferias importantes en las cuales participan empresas de la provincia y, en este caso, la Feria Anual Internacional de La Habana, a la que asiste como todos los años, una cantidad importante de empresas a las cuales acompañamos".

"Además -prosiguió Obeid- vamos a aprovechar para poder mantener una serie de conversaciones con funcionarios de Cuba -como los ministros de Educación y de Salud, el presidente de la Asamblea Revolucionaria y otras autoridades-, con los cuales tenemos una tarea continuada en el tiempo, que ha significado llevar adelante importantes proyectos".

Como el mismo mandatario santafesino sostiene, el objetivo de la misión es principalmente comercial. Sin embargo, la Feria Internacional de La Habana tiene otro significado para el gobierno revolucionario de la isla, que la comunicación del gobierno provincial omite destacar.

El programa de esta edición incluyó el II Foro de Negocios del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), realizado los días 2 y 3 de noviembre en el Palacio de las Convenciones. Durante esta reunión sesionaron cuatro paneles dedicados al comercio internacional en la actualidad, la Organización Mundial del Comercio, la Ronda de Doha y sus implicaciones para el comercio y desarrollo en los países del Sur.

Los organizadores prevén la participación más de 1.200 empresarios de 54 países; razón por la cual, la agencia Prensa Latina no dudó en calificar al evento como “una nueva brecha al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos”, destacando que este nivel de asistencia “es superior a la anterior edición y evidencia el fracaso de esa potencia comercial de aislar al país caribeño del resto de las naciones del orbe”.

En el aspecto comercial, la edición internacional de Gramma agrega, que existe “una dinámica grande de crecimiento del comercio de Cuba con Asia, no solo con la República Popular China, nuestro primer socio comercial en esa región, sino con Vietnam, Japón y otras naciones”, entre las que se destaca España, que “mantiene su condición de país más representado, y según los organizadores de esta muestra internacional, esta vez aumentará también la presencia de empresas de Canadá, Brasil, México e Italia”.

Para la prensa cubana la presencia santafesina es irrelevante en el aspecto del intercambio comercial y no aporta nada significativo en su política de resistencia contra el asedio norteamericano.

NEGOCIO SOBRE RUEDAS

La semana pasada se informó que los vehículos fabricados antes de 2005 tendrán plazo hasta octubre de 2008 para pasar por una revisión técnica obligatoria. El trámite será indispensable para poder circular por la provincia y el resto del país. Tendrá un costo de $ 60 y solo podrá realizarse en 12 talleres habilitados en territorio santafesino. La nueva exigencia Subsecretaría de Transporte movilizará en los próximos meses más de 24 millones de pesos.

Según informaron funcionarios de la Subsecretaría de Transporte de la provincia todos los vehículos fabricados antes del año 2005 deberán pasar la revisión técnica obligatoria. La medida se aplicará gradualmente a partir del próximo año y será plenamente exigible en octubre de 2008. En líneas generales, el control se efectuará sobre el sistema de frenos, el tren delantero, el estado de las luces, las cubiertas, los cinturones de seguridad y los vidrios, cuya tonalidad de polarizado no podrá superar el 25%.

Una vez aprobada la revisión técnica obligatoria, se emite una oblea habilitante, que pasará a formar parte de la documentación obligatoria del vehículo y deberá portarse conjuntamente con el comprobante del seguro vigente, la tarjeta verde, el carné de conductor, la patente y la oblea de GNC, en caso de funcionar con ese combustible. La misma podrá ser solicitada por inspectores municipales, comunales, provinciales y nacionales en cualquier parte del país.

En la actualidad, la revisión técnica obligatoria rige para el transporte de carga y de pasajeros.

Fuentes oficiales, estimaron que en la provincia de Santa Fe circulan cerca de 530.000 vehículos particulares, de los cuales, aproximadamente 124.000 fueron patentados en los años 2005, 2006 y lo que va de 2007, según surge de la información estadística publicada por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. De esta manera 406.000 automóviles deberían realizar la revisión técnica obligatoria en los próximos meses, para lo cual, los propietarios deberán concurrir a alguno de los 12 talleres habilitados en todo el territorio santafesino.

De acuerdo a lo informado por Gerónimo Bonavera, asesor de la Subsecretaría de Transporte de la provincia, la revisión técnica obligatoria tendrá un costo de $ 60 y no debería demorar más de 30 minutos por vehículo.

Si bien las autoridades sostienen que no habrá aglomeraciones, un simple cálculo arroja que hasta el 30 de septiembre de 2008 (último plazo para el control) deberían pasar por cada uno de los talleres habilitados 113 automóviles diarios, contando sábados, domingos y feriados. Si se toma por cierta la estimación de Bonavera (30 minutos por vehículo) cada taller autorizado podría procesar solo 48 solicitudes diarias, trabajando sin interrupciones ni descanso.

El riesgo de congestión o la imposibilidad de realizar el control se agrava si se tiene en cuenta la ubicación geográfica de los talleres habilitados. Estos se ubican en Rosario (2), Zaballa (1), Villa Gobernador Gálvez (1), Puerto San Martín (1), Venado Tuerto (1), Avellaneda (1), Sunchales (1), San Jorge (1), Santo Tome (1), Recreo (1), y Santa Fe (1). Como puede observarse, una parte importante de los propietarios de vehículos santafesinos debería viajar largas distancias para cumplimentar con esta nueva obligación.

En relación con este punto, las autoridades de la Subsecretaría de Transporte de la provincia, reconocieron que existen decenas de talleres que pretenden ser habilitados para efectuar la revisión técnica obligatoria. El interés por ingresar al negocio se comprende, si se tiene en cuenta que en los próximos 10 meses, los propietarios de vehículos particulares estarán obligados a desembolsar en conjunto más de 24 millones de pesos para obtener la oblea que les permita circular sin problemas.

En el esquema actual – más allá de las limitaciones de tiempo antes apuntadas – cada uno de los talleres autorizados tiene asegurado hipotéticamente un ingreso promedio de 2 millones de pesos hasta octubre de 2008. Frente a un negocio de semejante magnitud las partes involucradas deberían exigir la mayor transparencia posible en la toma de decisiones por parte de las autoridades de la Subsecretaría de Transporte de la provincia.

lunes, noviembre 5

SOLO UNA EXPRESIÓN DE DESEOS

El abogado Jorge Pedraza analiza el dictamen del fiscal federal rosarino, Claudio Palacín, sobre el caso del ex militar Argentino Larrabure secuestrado y asesinado en 1975, presumiblemente por integrantes del ERP. Según el funcionario judicial, se trata de un crimen de “lesa humanidad” que puede ser investigado por ser imprescriptible. La decisión de Palacín provocó una amplia polémica política y jurídica.

El dictamen del Fiscal General de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario Dr. Claudio Palacín en la causa Larrabure adolece, a mi entender, de vicios insanables que tornan nula de nulidad absoluta las actuaciones desde el punto de vista formal, e improcedente desde un aspecto sustancial, convirtiendo a las manifestaciones del distinguido hombre de derecho como una mera expresión de deseos.

En efecto, cuando el denunciante solicita de abra la investigación punitiva respecto del secuestro y muerte del Mayor Argentino Larrabure, el Fiscal Federal competente Dr. Francisco Sosa aconseja rechazar la pretensión por considerar que la acción penal está prescripta atento al carácter de delito común de un hecho cometido hace treinta años y por no revestir la condición de delito de lesa humanidad.

Frente a este dictamen que niega el requerimiento de instrucción, insólitamente el Juez Sutter Schneider corre traslado al citado Fiscal de Cámara para que opine sobre el dictamen del inferior, ante lo cual el Dr. Palacín rechaza esta solicitud devolviendo las actuaciones por considerar improcedente dicho pedido de intervención al menos en esas condiciones.

Ante esto el Juez, impensadamente y sin tener a la vista pretensión punitiva alguna por parte del Ministerio Fiscal, dicta una curiosa resolución instando al Fiscal General a que dictamine en favor de conocer "la verdad" en torno a los hechos denunciados, utilizando esta expresión poco técnica que se aparta de lo pretendido por el querelllante, que refiere a la apertura de un proceso penal propiamente dicho, con el objeto de aplicar las condenas a los responsables del hecho.

Y es allí donde el Fiscal de Cámara Dr. Palacín emite su parecer, aclarando al inicio que viene "a responder la consulta que me efectúa S.S., por aplicación analógica del artículo 348 del C.P.P.N del contenido del auto dictado a fs. 178/188 ... " (dictamen del Fiscal Sosa), con lo cual confiesa que es una mera "consulta", que no es un dictamen propiamente dicho desde el punto de vista procedimental, y que tiene que apelar a la "analogía", lo cual en materia de código de rito convengamos no es muy usual (ni conveniente, porque puede derivar en la nulidad).

Y el paso siguiente será cargar sobre las espaldas del Fiscal Ricardo Moisés Vazquez, a cargo de la Unidad Especial de Investigación designado por el Procurador Dr. Esteban Righi, en quien el Juez Sutter ha delegado la investigación (art. 196 CPPN), la misión imposible de retomar la senda de la teoría de los dos demonios, a contramano de la política oficial de derechos humanos.

En definitiva, el Fiscal Palacín consiguió algo impensado: Reinstalar a nivel nacional una discusión basada en una teoría de hace veinte años, hoy dejada de lado por esta democracia más madura, con una Corte prestigiada que emite jurisprudencia que está en las antípodas de este pensamiento.

Y yendo a la cuestión sustancial resulta menester señalar que el parecer del Fiscal General pivotea en una supuesta acreditación de "la nota de estatalidad" en el secuestro y muerte del militar, o dicho de otra manera en la presencia de un "Estado" (Cuba) como responsable originario del accionar guerrillero, lo cual pareciera ser traído con fórceps al expediente como excusa para habilitar la apertura de la instrucción penal.

Además, no logra acreditar la concurrencia de los principios básicos que definen un crimen de lesa humanidad en tanto no surge que estemos en presencia de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, y/o ejercido desde el Estado o por parte de grupos paraestatales, con armamento provisto por el Estado y/o con miembros paramilitares o parapoliciales o integrantes de servicios de inteligencia, etc.

La explicación del efecto un tanto conmocionante de esta opinión de un miembro del Ministerio Público podría encontrarse en la acción desplegada por los grupos autodenominados de "Memoria Completa", apoyados por fuertes sectores "integristas" que sólo tienen un objetivo: Impedir el juzgamiento a represores por sus crímenes de los años setenta, para lo cual quieren forzar la apertura de causas por delitos cometidos por la guerrilla para algún día lograr la tan anhelada por ellos "amnistía general" para los imputados "de ambos bandos". Tal es así que fue el mismo hijo de Larrabure, quien en medio de su comprensible dolor, relató este objetivo en un reportaje realizado por el periodista José Curiotto en Lt10 hacia el 2006 para la época de los actos de Plaza San Martín en capital federal.

Ya probaron todos los medios para retardar la Justicia: Primero hicieron desaparecer las pruebas (junto con los cuerpos de las víctimas), las actas judiciales fueron falseadas o simplemente omitidas con ayuda de los funcionarios que integraron la asociación ilícita, mataron o intimidaron a cuanto abogado osase investigar, luego permitieron la apertura democrática con la condición de no revisar lo actuado, produjeron levantamientos carapintadas contra el juzgamiento de la cúpula, arrancaron leyes de impunidad e indultos, amenazaron a sobrevivientes y a familiares, empezaron con campañas de intimidación y difamaciones, reanudados los juicios y ante las primeras condenas (Turco Julían, Echecolatz, Von Wernich) volvieron a secuestrar y asesinar, intimidando a testigos, fiscales y jueces.

Ahora retoman la versión del demonio bicéfalo y pretenden meter presión a la Justicia tímida, que acepta chicanas dilatorias, pidiendo declaren acciones guerrilleras como crímenes de lesa humanidad, montándose sobre el miedo generado en ciertos sectores por la reapertura de causas de la Triple A y la revisión de la complicidad dirigencial en la masacre de una generación política e ideológica operada a partir del último retorno de Perón al país.

El miedo busca extenderse también a víctimas, principales testigos, que protagonizaron acciones guerrilleras, para decirle: Ojo, que te reabrimos las causas.

Curiosamente no se otorga a las víctimas el mismo espacio para que se responda a esa postura. Obviamente, esta actitud lleva implícita una oposición a la política que en la materia lleva adelante el gobierno nacional.

Que nadie puede negar la espiral de violencia que abatió a nuestro país luego de los bombardeos a cielo abierto de 1955 con centenares de muertos, los fusilamientos de 1956, la proscripción del pueblo y la "democracia" sesgada de Frondizi e Illia, las persecuciones de Onganía, Levingston y Lanusse, los fusilamientos de Trelew y de Ezeiza, los cientos de crímenes del terrorismo de estado a partir de 1973, el fusilamiento de presos en Catamarca, la masacre de decena de miles de ciudadanos que siguió con los militares en el poder.

Ninguna muerte puede reivindicarse desde un plano ético. Nadie puede defender lo indefendible. Resulta entendible el dolor del hijo frente al cautiverio prolongado y el martirio sufrido por su padre. Pero resulta necesario separar esta aflicción de los requerimientos estrictos del Estado de Derecho.

Dicha pretensión no tiene antecedente conocido en la jurisprudencia internacional.

Hay que decirlo con absoluta claridad: No hay ninguna posibilidad que se declare crimen de lesa humanidad a los hechos cometidos por la guerrilla en la Argentina, sencillamente porque no fueron cometidos desde el Estado ni contra la población civil como un ataque generalizado o sistemático.

Curiosamente se hace una forzada interpretación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma en 1998, en vigor desde abril de 2002, que redefine el "crimen de lesa humanidad" como aquél que comete "un Estado o una organización como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, que no sean actos aislados o cometidos de una manera dispersa". (art. 7, Estatuto Corte Penal Internacional, Roma, 1998). A renglón seguido dice que esta Corte entenderá sólo en asunto cometidos luego de su creación (1998) (Art. 11, Estatuto).

El Dr. Luis Moreno Ocampo, que tuviera valiente actuación junto al Dr. Strassera en el juicio a la junta de comandantes en 1985, ahora lamentablemente se mantiene en el tiempo con el concepto del demonio de dos cabezas, y dice que también los actos guerrilleros son delitos de lesa humanidad, aunque se apura en aclarar que no sean planteados en la Corte Penal Internacional que él integra, porque allí no se van a juzgar, sencillamente porque sólo se aceptarán hechos posteriores a 1998.

No muestra el mismo esmero el letrado en criticar al actual terrorismo invasor norteamericano, dándose el lujo el coloso del Norte de ni siquiera integrar dicha flamante Corte (y obviamente no aceptar sus resoluciones)
Nuestra jurisprudencia también es clara al respecto. Ha dicho la Corte Nacional en la causa Lariz Iriondo, etarra con pedido de extradición de España, que los delitos por los que se los acusa están prescriptos, porque no formó parte de organización estatal o paraestatal.

Queda claro entonces que para revestir el carácter de lesa humanidad tienen que haberse cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización paraestatal. Por consiguiente, únicamente pueden cometerlos agentes del Estado o personas que actúen a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, como los "grupos de tareas" o los «escuadrones de la muerte» o en los casos de los grupos prohijados por agentes estatales fundamentalistas como el caso de los atentados a la embajada de Israel o a la AMIA.

Si no hay Justicia para las atrocidades cometidas en nuestro reciente pasado histórico no nos quejemos de las impunidades del presente y de las que vendrán.

No podemos retroceder un cuarto de siglo a la "Teoría de los dos demonios"

Jorge Daniel Pedraza - Abogado querellante.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó de “injusta” la condena a un periodista argentino

En 1995, la justicia argentina condenó al periodista Eduardo Kimel a un año de prisión tras encontrarlo culpable de los cargos de "injuria y calumnia" contra un magistrado que mencionó en su investigación sobre la llamada "Masacre de San Patricio". El 4 de julio de 1976, tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden Palotinos fueron asesinados por un grupo de tareas de la dictadura militar en el interior de la iglesia de San Patricio de la ciudad de Buenos Aires. El periodista demostró con testimonios y fuentes judiciales que la masacre fue un crimen de "terrorismo de Estado" y además cuestionó el papel de los tribunales por no juzgar a los responsables de la masacre. El caso permanece impune y Kimel es el único condenado. Desde hace varios años se encuentra exiliado en México.

Víctor Ego Ducrot - Agencia Periodística del Mercosur

La Corte Interamericana reconoce derechos de Eduardo Kimel y Buenos Aires admitió que el colega fue "condenado injustamente", por denunciar al terrorismo de estado perpetrado por la última dictadura.

Seremos breves. Recogeremos las palabras del periodista argentino Eduardo Kimel, quien confió que su caso se resolverá con justicia, y recordaremos lo escrito en su momento por la agencia mexicana de noticias Notimex, cuando el estado argentino reconoció, a fines de octubre último, que el colega había sido condenado "injustamente" por denunciar crímenes de la pasada dictadura. Y lo peor del caso fue que esa injusta condena fue aplicada en tiempos de vigencia democrática.

Kimel, quien fue condenado por injurias en Argentina, confía en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) fallará a su favor y con ello protegerá el libre ejercicio del periodismo en su país, informó el 20 de octubre último el corresponsal de Notimex en Bogota, Edelmiro Franco.

En entrevista con esa agencia mexicana, el profesional de la prensa argentina consideró que "el fallo de la Corte va a producir en Argentina un efecto benéfico, porque planteará un estándar de protección y seguridad para la actividad periodística" en el país del Sur.

Kimel asistió en Bogotá a un periodo de audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos humanos (IDH), que analizó en esa capital el caso del profesional, quien fue condenado por la justicia argentina a un año de prisión por publicar un libro sobre una masacre de religiosos.

En 1995, la justicia argentina condenó al periodista a un año de cárcel tras encontrarlo culpable de los cargos de "injuria y calumnia" contra un magistrado que mencionó en su investigación sobre la llamada "Masacre de San Patricio".

El 4 de julio de 1976, tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden Palotinos fueron asesinados por los organismos represivos de la dictadura argentina (1976-1983) en el interior de la iglesia de San Patricio, en un sector populoso de Buenos Aires, recordó el despacho de Notimex.

Kimel investigó el caso en la década de los años 80 y demostró con testimonios y fuentes judiciales que la masacre fue un crimen de "terrorismo de Estado", pero además cuestionó el papel de los tribunales, por no juzgar a los responsables de la masacre.

El periodista fue condenado por "injuriar" a un magistrado que mencionó en su investigación, pero luego la sentencia fue revocada en 1998 por la Cámara de Apelación.

Sin embargo, en 1999, la Corte Suprema de Argentina emitió un fallo ratificando la condena impuesta en principio a Kimel, con la votación a favor de seis magistrados y tres en contra, lo que llevó al periodista a presentar su caso ante la Corte-IDH, subraya la información de Notimex.

A fines de octubre último, en el marco de la sesión de la Corte-IDH en Bogotá, el Estado argentino reconoció que el profesional "fue condenado injustamente" y expresó su disposición a acatar el fallo que emita el organismo supranacional.

Kimel confió en que el dictamen de la Corte-IDH permitirá "hacer justicia" frente a los crímenes de la dictadura argentina y ayudará a preservar la "memoria histórica" de esos luctuosos hechos.

"Después de 16 años de proceso, afortunadamente hemos llegado a un acuerdo satisfactorio que va allanar el camino que busqué durante todo este tiempo, es decir, que se me quite la condena penal y finalmente haya justicia", añadió Kimel en Bogotá, en entrevista con Notimex.

Aseguró que "desde el principio actué con la convicción que yo quise contar una historia importante (la masacre de San Patricio) y el juicio no es sólo arbitrario, sino injusto".

El gobierno argentino y Kimel lograron un acuerdo de buena voluntad, en el que el Estado asumió "su responsabilidad internacional" por la violación del derecho de libertad de expresión en el caso del periodista.

Las partes en litigio, además, se comprometieron a aceptar el fallo que emita el organismo judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el particular.

En el documento, el Estado argentino se comprometió a "cumplir integralmente con las normas de derechos humanos a las que este obligado nacional e internacionalmente y a sujetarse a las reparaciones correspondientes que determine" la Corte-IDH, destacó la agencia informativa mexicana.

El acuerdo fue firmado por Andrea Gladis Huelvas, delegada del Ministerio de Justicia de Argentina, y por otros dos funcionarios gubernamentales, mientras que por el lado de la víctima fue suscrito por el propio Kimel y la abogada Andrea Pochak.

Kimel dedicó este triunfo judicial a su fallecida esposa Griselda Kleiner, que fue su principal baluarte en la investigación de la "Masacre de San Patricio".

"Ella estuvo al lado mío, jamás me abandonó. Era una luchadora social, cordobesa, protagonista del 'cordobazo', aquel movimiento social que fue el inicio que permitió tirar abajo a una dictadura asesina en Argentina", explicó Eduardo Kimel a Notimex.

El profesional de la prensa explicó que siempre exigió que se hiciera justicia en su caso por tratarse de "una obligación, no sólo por lo personal, sino por que tiene que ver con la parte personal de una memoria que es colectiva".

"Argentina viene de un largo período que fueron los años 90, cuando estuvo paralizada la investigación y los procesos de los asesinos de la dictadura militar", recordó.

Advirtió, sin embargo, que "afortunadamente, con los cambios de gobierno en los últimos años, hoy existe la oportunidad de sentar en el banquillo de los acusados a aquellas personas responsables de crímenes atroces".

"Los crímenes que se dieron durante la dictadura militar fueron crímenes que se cometieron contra la humanidad. Entonces existe hoy una renovada esperanza que estos culpables obtengan el correspondiente castigo", enfatizó Kimel en Bogotá.

Por conocerlo en el plano personal y profesional, por ser tanto él como su recordada compañera Griselda Kleiner dos personas entrañables, quien firma esta nota, simplemente a título de homenaje a ambos –porque la información es de Notimex-, se suma a quienes se solidarizan con la causa justa que un tribunal pretendió convertir en condena.

Por Víctor Ego Ducrot - Agencia Periodística del Mercosur

domingo, noviembre 4

EL REPARTO DEL PODER

Cuando los radicales eran radicales en el sentido más pleno de la palabra, produjeron varias revoluciones. Santa Fe fue escenario de dos de ellas en 1893. La prensa del poder reflejó con horror la entrada a la ciudad de las tropas revolucionarias. Más horror aún, provocó la multitud de radicales que aparecieron debajo de las alfombras y cómo fue que se repartieron los cargos en el gobierno revolucionario.

Un tal Heródoto publicó, después del frustrado gobierno radical de los 21 días una serie de notas en el diario Nueva Época, el más rancio representante del poder santafesino del siglo XIX.

Todavía en 1899, ante el avance de la Unión Cívica Radical, el periódico sacaba de sus archivos aquellos artículos para demostrar cuánto de despreciable tenían los representantes del partido de Alem.

Según Heródoto, en 1893 no había muchos radicales en Santa Fe. El núcleo estaba en Rosario, pero aquí eran muy pocos. Por eso la sorpresa que el escritor describe que tenía uno de ellos, precisamente el presidente del comité de la UCR, el Dr. Basabilbaso.

Dice Heródoto que estaba indignado “de la cantidad de radicales que había nacido a raíz del triunfo de la revolución”.

“-¡Pero señor! Esto es una farsa. Si aquí en Santa Fe no habían más radicales que yo, Cello, dos más y el tambor!”

“Tenía razón el venerable anciano –aquí los radicales surgieron como moscas cuando vieron el turrón del presupuesto a su disposición”, aseguraba.

“Y como prueba de lo pocos que son, hemos visto las huestes revolucionarias que aquí entraron. Salvo los alemanes y suizos, y los triunfadores del Rosario que los acompañaban, no venían ni doscientos santafesinos”.

El análisis continúa, hablando de la complicidad del ministro Aristóbulo del Valle en los alzamientos. “He ahí, pues, como renació el radicalismo, debido pura y simplemente a las ambiciones de un politiquero encaramado de repente a ministro de la guerra que pretendía, merced a la anarquía, levantarse con el santo y la limosna, con el ejército y las masas turbulentas del radicalismo porteño: un tiro a Roca y otro a Alem”.

Había más.

Heródoto se mostraba sorprendido y asqueado por el modo en que se repartieron los cargos los revolucionarios. Es notable el modo en que muestra su desprecio, cuando innumerables fuentes muestran que las cosas no habían sido diferentes en los anteriores gobiernos, a los que Nueva Época había apoyado.

Decía Heródoto que la junta revolucionaria comenzó a repartirse los primeros puestos de la administración, y transcribe un diálogo que se habría dado entre los revoltosos:

-Ché, tu sé gobernador.

-A mí dame el ministerio de hacienda, siempre me han gustado los pesos y Carrasco ha dejado mucha plata.

-¡Qué farra vamos a armar!

-El ministerio de gobierno lo tomo yo.

-No, yo.

-Dejate de j… hermano, a mí me corresponde.

-¿Y por qué a vos más que a mí?

-Por qué es necesario que haya algún santafesino en el gobierno, todos ustedes son rosarinos.

-Los rosarinos somos los únicos que tenemos derecho de gobernar la provincia, Santa Fe no es más que una toldería.

Claro, como sucede también hoy, con medias verdades o mentiras lisas y llanas, se intentaba exacerbar el siempre latente conflicto entre las dos ciudades, para fortalecer la posición sustentada por el diario y predisponer a los capitalinos contra la ciudad del sur.

jueves, noviembre 1

COMO SE REPARTIERON LOS ATN EN SANTA FE

Durante el año 2007 se incrementó el reparto de Aportes del Tesoro Nacional en la provincia. La mayoría de estos fondos fueron recibidos por comunas o municipios administrados por el justicialismo. Son recursos de libre disponibilidad y la rendición de cuentas casi no existe. Desde los tiempos de Carlos Menem vienen siendo utilizados con fines políticos.


Publicado en revista Entre Líneas - Octubre 2007

A lo largo de 2007 el gobernador de la provincia firmó una veintena de decretos aceptando “la contribución sin reintegro” de 6,5 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. Esta cifra corta la mala racha de Santa Fe, que en los últimos años, quedó relegada en el reparto de estos fondos girados por el Ministerio del Interior. Tuvo que aparecer la amenaza socialista para que se abriera la billetera de Aníbal Fernández y estos polémicos fondos comenzaran a circular por municipios y comunas.

De acuerdo a un relevamiento realizado para este informe, la mayoría de los ATN repartidos favorecieron a localidades gobernadas por el justicialismo. Una porción menor fue recibida por administraciones radicales o del Frente Progresista y otra parte fue distribuida entre comunas del PDP o partidos vecinales. Sin embargo, si el análisis se hace con criterio territorial, el departamento San Cristóbal – representado en el Senado por el radical Felipe Michlig – aparece como el más favorecido de toda la provincia.

El reparto de los ATN comenzó en marzo con el Decreto 334 y continuó hasta el mes de agosto. En ese lapso llegaron a la provincia $ 6.495.000. La mayor parte fue destinada a atender “desequilibrios financieros” de 165 localidades; otra parte se utilizó para subsidiar a los pescadores afectados por la veda durante los meses del verano; y el resto para solventar los gastos del Comité Logístico de la Emergencia creado durante las inundaciones de marzo.

Siempre polémicos

Los ATN fueron creados en 1988 cuando se sancionó la Ley 23.548, que estableció el régimen de distribución de impuestos entre la nación y las provincias, de manera transitoria, mientras se discutía una nueva ley de coparticipación federal. En teoría estos fondos deben ser destinados a la atención de situaciones de emergencia o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, pero en la práctica se han constituido en una fenomenal herramienta política del gobierno central, que siempre se activa en periodos electorales.

Desde su nacimiento la distribución de los ATN despertó sospechas y fueron los gobiernos de Carlos Menem los que generalizaron su uso político. El Ministerio del Interior es el encargado de su distribución y la única obligación que le impone la ley es informar trimestralmente a las provincias sobre el destino de los fondos. Esto significa que la cartera política nacional puede asignar los recursos sin consulta con el respectivo gobierno provincial y de manera absolutamente discrecional.

En forma paralela, gobernadores e intendentes saben que deben perfeccionar su capacidad de lobby si quieren conseguir recursos extras para su administración. Recientemente, el titular de la UCR, Gerardo Morales, denunció que Julio Cobos (gobernador de Mendoza y candidato a vicepresidente del kirchnerismo) ofreció Aportes del Tesoro Nacional a dos intendentes de Jujuy, a cambio de que se incorporaran a la concertación plural que impulsa la candidatura presidencial de Cristina Fernández.

"Hago gestiones para todos los radicales que me lo pidan, con la única condición de que sean cuestiones que beneficien a la comunidad", explicó el propio Cobos al diario La Nación. Pero al margen de las intenciones declaradas de los gestores de turno, existen fuertes indicios de discriminación política en la distribución de estos recursos, que se han ido incrementando en los últimos años acompañando la evolución favorable de la recaudación.

En 2002 se distribuyeron $ 52 millones de ATN en todo el país; con las elecciones de 2003 el monto trepó hasta $ 89 millones; en 2004 solo hubo $ 54 millones para repartir; con el turno electoral de 2005 los ATN llegaron hasta los $ 159 millones; cayeron a $ 64 millones en 2006; y hasta el mes de agosto de 2007, el calor de la campaña había desprendido $ 82 millones del presupuesto que maneja Aníbal Fernández desde el Ministerio del Interior.

Santa Fe

La fórmula es siempre la misma: “Acéptase la contribución sin reintegro realizada por el Ministerio del Interior de la Nación con cargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional”. Con este encabezado fueron redactados los diecinueve decretos que se utilizaron para incorporar al presupuesto de la provincia los $ 6.495.000 enviados entre marzo y septiembre de 2007. Como señalamos anteriormente, la mayor parte se distribuyó entre 165 comunas y municipios, de las cuales 76 son gobernadas por el Partido Justicialista, concentrando de este modo el 54% de los fondos destinados a cubrir supuestos “desequilibrios financieros”.
Dentro de este reparto se destacan algunas situaciones. La ciudad de Santa Fe recibió el mayor ATN del periodo con $ 200.000 según el Decreto 1754 del 16/08/07; Pavón, Soldini, Arocena, Centeno, Chabas, Villada, Helvecia, Logroño, Montefiore, Aguará Grande, Arrufó, Colonia Ana, Colonia Rosa, Dos Rosas y la Legua, Hersilia, Huanqueros, La Cabral, La Rubia, Moisés Ville, Ñanducita, San Cristóbal, Santurce, Suardi, Villa Saralegui, Villa Trinidad, Carmen y Monje, recibieron dos veces un Aporte del Tesoro Nacional; Carmen, con 2306 habitantes en el departamento General López, recibió tres ATN por valor de $ 125.000; y algunos pueblos de 200 habitantes recibieron la misma cantidad de dinero que otros que superan los 2000.

Si se analiza la distribución territorial de los ATN, surge con claridad que el departamento más favorecido de toda la provincia fue San Cristóbal, representado en el Senado por el radical Felipe Michlig. Incluso la comuna que este legislador gobernó durante seis periodos consecutivos – Ambrosetti – recibió el triple de aportes en comparación a otras localidades de tamaño similar. En el otro extremo se encuentra el departamento San Javier, representado en el Senado por el justicialista José Baucero, que en 2007 no recibió un solo peso en concepto de ATN.
Después de San Cristóbal, los departamentos más favorecidos fueron General López, San Jerónimo, General Obligado y La Capital. Si se elabora un ranking de ciudades se ubica primero Santa Fe con $ 200.000; segunda Coronda con $ 150.000; seguida por Avellaneda y Funes con $ 100.000.

Otro dato interesante surge de las elecciones provinciales del 2 de septiembre. Analizando los resultados de las localidades receptoras de los ATN se puede verificar que en la gran mayoría no hubo cambio de signo político. Solo en 16 casos el Partido Justicialista desplazó a la UCR, el Frente Progresista, el PDP o algún partido vecinal. Por su parte, 9 administraciones justicialistas receptoras de fondos nacionales pasaron a manos de otro partido.

Una lectura ligera podría concluir que la asignación de los ATN es inocua en términos políticos ya que no sirvió para modificar el escenario electoral de la mayoría de los distritos a donde llegaron. Pero si se observa el listado de la asignación por departamentos pueden encontrarse algunas de las motivaciones para su distribución. No es casualidad que el territorio representado por el radical Felipe Michlig haya el que más dinero recibió del poder central. La disputa interna que derivó en la ruptura institucional del Frente Progresista fue el obstáculo más importante que debió superar Hermes Binner en su camino hacia la gobernación de Santa Fe. Y como siempre se ha dicho, los favores políticos se pagan.

Lo mismo se puede decir del reparto por ciudades. La capital provincial y Coronda – dos distritos convulsionados por el impacto de las inundaciones – fueron los más favorecidos con el dinero nacional, aunque obtuvieron un resultado desparejo en las urnas.

Ahora bien, el efecto político de los ATN no debe ser buscado en el comportamiento electoral de las comunidades gobernadas por los funcionarios que los reciben. En primer lugar porque, salvo en los pueblos pequeños, se trata de fondos exiguos comprados con los presupuestos de cada administración. Además, sino están justificados por situaciones excepcionales o de emergencia la recepción de un ATN siempre genera sospechas.

Por ello, los mayores beneficios de un ATN son para el “aparato político” de quien los recibe, sobre todo en época electoral. Como se trata de un subsidio de libre disponibilidad el destino de estos fondos no necesita justificación. Para su rendición de cuentas el único requisito exigido por la provincia a los municipios o comunas, es que presenten los “papeles” a los 60 días de recibidos los fondos en su cuenta bancaria oficial, con la posibilidad de un estiramiento del plazo por un periodo similar, tiempo más que suficiente para conseguir los “papeles” que resulten admisibles al laxo control ejercicio por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Quizás no se vean actos oficiales anunciando la recepción de un ATN, pero los funcionarios que se lanzan a la campaña electoral, saben lo útil que resultan estos recursos para mover la maquinaria del partido.

Otros usos

Durante el 2007 una parte de los ATN recibidos por Santa Fe se destino a financiar las acciones del Comité Logístico de Emergencia creado durante las inundaciones de otoño. Según el Decreto 549/07, el Ministerio del Interior de la Nación aportó $ 800.000 “para ser destinados a la atención de situaciones de emergencia”.

El dinero pasó de la Cuenta Bancaria Nº 17.972/04 (Gobierno de la Provincia de Santa Fe – Fondos Nacionales Afectados) a la Cuenta Bancaria Nº 9001/04 (Rentas Generales) con el supuesto propósito de “atender las erogaciones que sean autorizadas por el Comité logístico de la Emergencia.

Por otra parte, el 12 de abril de este año, la provincia recibió $ 1.500.000 destinados al Fondo de Reconversión Pesquera y asistencia a Pescadores”. A diferencia del ATN anterior el dinero no fue depositado en la cuenta de Rentas Generales sino que pasó a la cuenta especial de la Ley 12.703. Esta norma fue promulgada el 4 enero de 2007 y estableció la prohibición de “la captura de toda especie de peces de río durante los meses de noviembre, diciembre y enero de cada año”, con el compromiso de asistir económicamente a los pescadores afectados por la veda.

Esta ayuda para los “trabajadores del río” fue de $ 400 y comenzó a ser distribuida a comienzo de año. En aquella oportunidad, Jorge Obeid sostuvo que “con fondos propios de la provincia se comenzará a partir del 15 de enero a hacer efectivo los subsidios correspondientes”, pero advirtió: “vamos a dialogar para tener una ayuda económica nacional para los meses que dure la veda a las exportaciones, en este sentido hemos hecho un acuerdo para que nos provea de una parte de los recursos para hacer frente a las ayudas económicas que se tengan que hacer y el resto saldrá de los recursos de la provincia”. En este punto, Aníbal Fernández cumplió.

Pierden las provincias

Según la Ley 23.548, que estableció el régimen de coparticipación transitoria, los Aportes del Tesoro Nacional pertenecen a las provincias, ya que se conforman con el 1% de la masa de impuestos coparticipables que el gobierno nacional se reserva para distribuir de manera directa y discrecional.

A las denuncias por el uso político de los ATN ahora se suman reclamos por el desvió de una parte sustancial de estos fondos. En los últimos años, a partir del incremento en la recaudación, el dinero disponible para repartir se cuadruplicó, hasta alcanzar a más de $ 4200 millones, según los números elaborados por el diputado nacional Miguel Giubergia (UCR-Jujuy), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

El problema es que el gobierno nacional no distribuye la totalidad de estos recursos hacia las provincias y utiliza una parte sustancial de los mismos para financiarse a bajo costo. Si se considera que en 2006 se repartieron $ 64 millones y en lo que va de 2007 otros $ 82 millones, la cuenta arroja un saldo millonario a favor de la administración de Néstor Kirchner.

Frente a este panorama, algunos legisladores nacionales han propuesto la transformación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, en un sistema más controlado y transparente destinado a equilibrar asimetrías sociales y educativas entre las provincias.

Mientras tanto, la caja de los ATN seguirá funcionando en la Casa Rosada y todos los años gobernadores e intendentes deberán peregrinar hasta el despacho principal del Ministerio del Interior, para conseguir ese dinero que en la ficción política se destina a resolver “situaciones de emergencia o desequilibrios financieros”.