lunes, abril 28

PERDIMOS OTRA VEZ

La justicia provincial rechazó la demanda por daños presentada por Municipalidad de Santa Fe contra el ex intendente Carlos Aurelio Martínez y varios de sus colaboradores. El reclamo es una derivación de la causa iniciada en 1989 por fraudes reiterados a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión fue tomada por el juez de Sentencia N° 4, Mauricio Frois, y ya fue apelada por la Fiscalía Municipal. El reclamo indemnizatorio original fue de 9.638 millones de Australes. Si se confirma la sentencia el municipio santafesino debería enfrentar un pago millonario de honorarios generados durante diecinueve años de litigio. Los argumentos del magistrado.

Para muchos santafesinos la figura de Carlos Aurelio Martínez ha quedado instalada como el paradigma del dirigente político corrupto. Aunque también puede ser considerada como uno de los tantos rostros que tiene la palabra impunidad. Luego de renunciar al cargo como intendente de la ciudad de Santa Fe en junio de 1989, la justicia provincial tardó 14 años en dictar una sentencia de tres años de prisión por el delito de peculado. Esto fue posible porque el juez de Sentencia N° 4 Mauricio Frois, solo pudo comprobar que este personaje fue responsable haber sustraído una fotocopiadora SHARP Z-60 del Senado Provincial cuando ejercía el cargo de vicegobernador. Las causas penales abiertas por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y fraude reiterado a la administración pública durante su gestión como intendente, prescribieron.

Por su desempeño al frente de esta investigación, Mauricio Frois recibió una sanción pecuniaria por parte de la Corte Suprema. Previamente, el presidente de la Cámara Penal de Santa Fe, Julio De Olazábal, había dictaminado en relación a la actuación del magistrado, que "parece inevitable pensar que intencionalmente se evitó en ambas causas adoptar medidas para agilizarlas, y que fueron abandonadas a su suerte, al menos, dejadas para un último lugar en la atención".

Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la justicia debía resolver sobre la demanda de resarcimiento presentada por la Municipalidad de Santa Fe contra Carlos Aurelio Martínez y sus colaboradores. Este reclamo fue preparado por el entonces fiscal municipal, Alfredo Palacios, en el año 1991. En el mismo se explicaba que los funcionarios enjuiciados incurrieron “en una clara actividad que perjudicó patrimonialmente al Estado Municipal, cuyo patrimonio y administración tenían confiados a causa de sus respectivas funciones”.

De acuerdo a los cálculos hechos en aquel momento por la Dirección de Finanzas de la Municipalidad de Santa Fe, el daño patrimonial provocado por Carlos Aurelio Martínez, Juan Domingo Martínez, Jun Carlos Pérez Berthaul, Poebes Ramón Vecchio y Amadeo Alcides Biagioni, ascendía al 30 de septiembre de 1990, a la suma de 9.638 millones de Australes, cifra que actualizada al 30 de marzo de 1991 - cuando entró en vigencia la Ley de Convertibilidad - se transformó en más de 1 millón de pesos, sin contar los intereses y actualizaciones que deberían practicarse hasta nuestros días.

Pero esta cifra quizás nunca sea recuperada por los santafesinos. El 1º de febrero de este año, nuevamente Mauricio Frois, rechazó la demanda civil presentada por la municipalidad, argumentando que los abogados de la ciudad no habían logrado demostrar “el concreto daño que dice que sufrió el erario municipal”.

Si bien esta sentencia ya fue apelada, el municipio santafesino enfrenta la posibilidad de no recuperar un solo peso de los reclamados a los ex funcionarios denunciados, y además, afrontar con dinero propio el pago de los honorarios profesionales generados durante diecinueve años de litigio.

Hacer daño

Para tener una aproximación - relativamente actual - al impacto que tuvo el paso de Carlos Aurelio Martínez por la administración municipal es necesario remitirse a la demanda por daños que se presentó en el Juzgado de Sentencia Nº 4 de Mauricio Frois. En el escrito titulado “CONCLUSIONES ACTORA CIVIL en: Expte. N° 132/91 MARTINEZ Carlos Aurelio y Otros/INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, etc.”, se describe ampliamente la operatoria del grupo que manejó la municipalidad de Santa Fe entre 1987 y 1989, y que contó para la concreción de las maniobras denunciadas con la necesaria complicidad de un sector del empresariado local.

El trabajo fue elaborado por el fiscal municipal Alfredo Palacios, cuando Marcelo Álvarez era intendente de la ciudad. En el se señala que los funcionarios enjuiciados incurrieron “en una clara actividad que perjudicó patrimonialmente al Estado Municipal, cuyo patrimonio y administración tenían confiados a causa de sus respectivas funciones”. Para esto, dice el escrito, se valieron de tres modalidades: anticipo a proveedores, contrataciones irregulares y anticipo de fondos a funcionarios.

Respecto de los anticipos a proveedores, siempre favorecieron a un reducido grupo de empresas, alguna de las cuales, estaban vinculadas con los funcionarios de Martínez, como sucedió en el caso de Chiesa SA. La demanda señala que, “existen casos de empresas y particulares que han recibido sucesivos anticipos de dinero”, lo que significó para el municipio un verdadero dispendio, “ya que no tuvo contraprestación alguna” de parte del proveedor. En otros casos, el pago anticipado implicó “un ilegal e ilegítimo favorecimiento financiero”, teniendo en cuenta los “tremendos efectos que ya tenía objetivamente la inflación sobre la cosa pública municipal”.

Un párrafo especial merece el caso de las contrataciones irregulares. Según la demanda de la fiscalía municipal, estas “tienen en común que, a la notoria innecesariedad (benevolentemente calificadas) de las mismas debe sumarse que en todos los casos consistieron en simples erogaciones de dineros municipales, sin que los beneficiarios de las Ordenes hayan realizado una contraprestación”. Se destaca que “los casos contemplados siempre refieren a un grupo determinado de personas físicas o empresas”, las que percibían el dinero público, “sin que ello en verdad representara una contratación pública cierta, efectiva, necesaria, oportuna y legítima”.

Completando las maniobras denunciadas aparece el sistema de anticipo de fondos a funcionarios que favoreció a Carlos Aurelio Martínez, Juan domingo Martínez, Dante Renato Petroni (fallecido) y Poebes Vecchio. De acuerdo a la comprobación hecha por la Dirección de Finanzas municipal las erogaciones pretendieron ser justificadas en la adquisición de bienes o en la contracción de servicios. Sin embargo, “resultó que los comercios a los que se adjudicaba la emisión de los comprobantes rendidos NO EXISTÍAN NI EXISTEN; de modo que no queda sino entender que delictivamente el demandado hizo propios los dineros del Estado”.

Pero ninguna de estas maniobras hubiera sido posible si del otro lado de la mesa no se sentaba un empresario dispuesto a sacar ventajas de la situación. En el caso de Martínez, la agudización de la crisis política, la voracidad de la “cooperativa peronista”, el impacto de la inflación y la pésima administración municipal, hicieron insostenible un sistema que durante años funcionó sin problemas ni objeciones por parte de ningún sector del poder santafesino. Como sucedía en aquellos años, el aviso de que la tolerancia había llegado a su final lo dio el diario El Litoral. En la edición del 14 de marzo de 1989, uno de sus directores - Néstor Pedro Vittori – se valía de una solicitada para proclamar: “Hay que romper el pacto de silencio”. Hecha pública la confesión, el empresario periodístico sostenía: “Esperemos que este mensaje, que tiene numerosos destinatarios, no sea en vano, que reaccionen los honestos que sin duda existen, y que juntando esfuerzos de investigación y acumulación de datos, se consiga el saneamiento que fortalezca la fe en la cosa pública, en la democracia y en la capacidad de nuestro pueblo para resolver sus problemas”.

La proclama tuvo su efecto y las aguas comenzaron a dividirse en el sector empresario. Como luego se pudo comprobar, fueron numerosas las firmas que participaron de la fiesta que organizó Martínez y su gabinete. El caso paradigmático fue el de Chiesa S.A. El directorio estaba presidido por Miguel Ángel Santos (fallecido), que simultáneamente responsable de Hacienda en la municipalidad, y compartía la administración de la empresa con Amadeo Alcides Biagioni, también funcionario del gabinete municipal. Esta empresa fue una proveedora privilegiada de materiales para el municipio y los empresarios-funcionarios aprovecharon al máximo su posición para organizar el saqueo de los fondos públicos.

La investigación posterior de la Fiscalía Municipal también pudo establecer, que la “indebida adjudicación de beneficios” estuvo orientada a favorecer a un reducido grupo de empresas o personas: Hormipint; Chiesa SA; Arnodo Muebles; Distrivent; Nor Construcciones; Milicic SA; Atilio Eberhart; Fema SRL; Mascheroni Hnos; Vialco SA; Bual SA; Antolín Fernández; Dragados Santa Fe SRL y Carlos Egaña & Cía. Muchas de estas firmas han desaparecido, cambiaron de dueño o se transformaron. Pero durante la gestión de Carlos Aurelio Martínez al frente de la municipalidad de Santa Fe, fueron una parte esencial de lo que Alfredo Palacios describió como “sistema espurio” de contrataciones.

Lo que dijo el juez

Para rechazar la demanda civil de la Municipalidad de Santa Fe el juez de Sentencia Nº 4 Mauricio Frois utilizó varios argumentos. En primer término pone de relieve “la ausencia de seriedad en la documental acusatoria referida” y cuestiona la validez de la misma ya que “ofrece muchas irregularidades”.

Agrega el magistrado, que en relación a las compras directas denunciadas, “no se acreditó en absoluto que los montos gastados en tal sentido y ahora se reclaman no hayan sido los correspondientes al menor costos en plaza por las prestaciones obtenidas”.

Para Mauricio Frois, la fiscalía municipal no logró demostrar “que hubo perjuicio económico para la Municipalidad sino que (solo) se acreditó que se aplico un método distinto de adquisición”.

El magistrado también señala que la Municipalidad “omitió referirse a un acto fundamental de valoración: las decisiones celebradas por el Intendente Martínez y su equipo fueron tomadas “ad referéndum” del Consejo (sic). En efecto, los demandados concertaban contratar en ejercicio de sus atribuciones y fundándose en razones de oportunidad. Luego, cada acto quedaba supeditado a su aprobación por parte del Consejo”. Por ello, Frois considera que no se puede considerar ilegitimo un acto administrativo avalado por el poder legislativo local.

Finalmente, en la argumentación para desestimar la demanda civil, el juez destaca uno de los argumentos presentados por la defensa de Carlos Aurelio Martínez. “Si en alguna oportunidad no se obtuvieron lo bienes o servicios adquiridos por la Municipalidad, ello debería ser reclamado a quien incumplió con el deber jurídico de entregar, es decir, a los proveedores que no cumplieron con sus obligaciones y no al Intendente Municipal y sus colaboradores”.

domingo, abril 27

LETRA MUERTA

Docentes, padres, estudiantes y autoridades educativas discuten alternativas para enfrentar los hechos de violencia en los establecimientos escolares. Todos reconocen que se trata de una problemática “compleja” que requiere un abordaje integral desde las distintas áreas del Estado. En las escuelas se ensayan respuestas parciales ante la ausencia de una política específica. Desde el año 2003 está vigente la Ley 12.178 que establece la creación del “Programa Provincial de Prevención de Violencia Escolar en los Establecimientos Educativos”. Esta norma nunca se puso en práctica.

En las últimas semanas la mirada mediática se concentró en distintos hechos de violencia ocurridos en el interior y en los alrededores de los establecimientos escolares. Se fueron sumando las voces de docentes, padres, estudiantes y autoridades educativas proponiendo, cada uno desde su perspectiva e intereses, distintas alternativas para enfrentar estas situaciones.

En líneas generales, los distintos actores que intervinieron en el debate coincidieron en describir que se trata de una problemática “compleja”, advirtiendo, que no se pueden aislar los hechos de violencia en las escuelas del contexto social en que se producen. Pero superada la etapa del diagnóstico nada nuevo se escuchó.

Solo se destacaron los aportes de algunos docentes que relataron las experiencias ensayadas en distintos establecimiento escolares de la provincia. Pero de parte de las autoridades educativas la falta de respuesta fue evidente.

En declaraciones a la prensa, la ministra de Educación Elida Rasino admitió que la violencia en las escuelas será una de las dificultades que tendrá que enfrentar su gestión. “En eso estamos trabajando”, agregando que se van elaborar “las estrategias que deben tener los docentes y los directivos para hacer un seguimiento y acompañamiento, cuando estas situaciones desgraciadas ocurren, de los agredidos, de los agresores y su entorno”.

En sus declaraciones la funcionaria admitió que poco y nada se ha hecho en los últimos años sobre esta problemática, al punto de señalar que “no hay una normativa específica que indique como se debe actuar, se trabaja de diferente manera de acuerdo a cada establecimiento”.

Sin embargo, más allá de los dichos de la ministra, la provincia cuenta con la Ley 12.178 de prevención de la violencia escolar, que entre otros objetivos se proponía: “actualizar las normas funcionales y disciplinarias vigentes en los establecimientos educativos”.

Esta ley fue sancionada el 30 de octubre de 2003 y establecía los lineamientos generales de un “Programa Provincial de Prevención de Violencia Escolar en Establecimientos Educativos”. Sus objetivos eran realmente ambiciosos y de haberse llevado a la práctica hubieran significado un importante aporte a la convivencia social, repasemos: disminuir todas las formas de violencia y/o riesgo de violencia escolar, identificando las causas que la originan; estimular el valor del consenso y la actitud para realizar los esfuerzos necesarios para alcanzarlo; transmitir el valor de la tolerancia, respetando la diversidad de opiniones y favoreciendo su intercambio; promover el espíritu democrático, consolidando el Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas; y concienciar sobre el problema de la violencia, propiciando la modificación de las pautas culturales que la sustentan.

Este programa de prevención de la violencia escolar debía ejecutarse desde el Ministerio de Educación de la provincia, siguiendo varias líneas de acción. Primero se debían impulsar estudios e investigaciones sobre la violencia en el medio social y su incidencia en el ámbito escolar. En segundo término se trabajaría en la actualización de las normas funcionales y disciplinarias vigentes en los establecimientos educativos, incorporando los principios democráticos de gestión, garantizando el derecho de defensa de los sancionados y erradicando todas las disposiciones que no se sustenten en el irrestricto respeto de los derechos de las personas. También se debía capacitar a la comunidad educativa en políticas, estrategias y técnicas tendientes a prevenir y controlar los hechos de violencia. Además, el programa tendría que interactuar con los centros de atención y prevención de las adicciones. Y por último, se postulaba la necesidad de articular con los medios de comunicación social, el desarrollo de campañas de información sobre el fenómeno de la violencia y su riesgo, alentando la inclusión en las programaciones, los contenidos que contribuyan a su prevención y/o disminución.

La puesta en práctica de este programa se asentaría en las Direcciones Regionales de Educación, para lo cual contaría con la asistencia de un Consejo Consultivo, integrado por representantes del: personal directivo; personal docente; personal no docente; asociaciones de padres; y alumnos.

También se deberían desarrollar actividades de formación de mediadores escolares entre los alumnos del segundo y tercer ciclo de la Escuela General Básica y del Polimodal; “con aptitudes para actuar ante la demanda espontánea y directa en aquellos conflictos que se puedan suscitar en el ámbito escolar”.

Como se puede observar, se trata de un programa que exige de parte del estado provincial, un compromiso político, presupuestario institucional importante. Lamentablemente nada de esto se hizo en los últimos años. Ahora las nuevas autoridades educativas deberían decidir si toman la posta abandonada por las anteriores gestiones justicialistas o proponen una política diferente a la esbozada en la Ley 12.178.

jueves, abril 24

CONTRA EL PACTO DE SILENCIO

Los padres de la niña de 12 años muerta en un campamento scout de la Parroquia San Pablo el último verano impulsan la investigación penal de los hechos. Se constituyeron como parte interesada en los tribunales de Córdoba. Aportaron pruebas y testimonios que revelan negligencia e impericia. Denuncian una campaña de hostigamiento en su contra. Acusan a las autoridades eclesiales de ocultar la verdad y demandaron al Arzobispado de Santa Fe por daños y perjuicios.

Publicado en revista Entre Líneas - Abril 2008

María Candelaria tenía 12 años cuando un torrente de agua y barro la arrastró por una quebrada hacia el río Santa Rosa, en las sierras de Córdoba. Eran las 18 horas del sábado 5 de enero. Por la mañana había arribado a la Casa de Descanso del Seminario Arquidiocesano “Los Algarrobos”, para participar del campamento de verano que todos los años organiza el Grupo Scout 213 de la parroquia San Pablo de nuestra ciudad. El establecimiento es propiedad del arzobispado de Santa Fe y se encuentra ubicado junto al arroyo “El Quebracho”, cerca de la localidad de Santa Mónica, en la zona del Valle de Calamuchita.

Esa tarde una intensa tormenta de lluvia, viento y granizo se abatió sobre el lugar, afectando directamente al contingente que había levantado sus carpas en una zona de cañadas y quebradas. Fueron veinte minutos de miedo y desconcierto. Los chicos estaban desparramados y el agua en torrente que bajaba de la sierra dificultaba el reagrupamiento del grupo que buscaba guarecerse del meteoro.

María Candelaria formaba parte de la Patrulla Panda. Su carpa estaba ubicada al costado de una cañada de tres metros de profundidad en un sector atravesado por varias zanjas secas de 50 centímetros. Cuando comenzó la tormenta buscó refugio en la zona baja, creyendo que en ese lugar, estaría protegida del viento y el granizo. El aluvión la sorprendió con otras cuatro nenas de su grupo. Al quedar aisladas del resto del campamento debieron cruzar por sus medios el curso de agua que crecía minuto a minuto. Todas lograron pasar al otro lado, menos María Candelaria, que no pudo aferrase a la rama que le acercaron para ayudarla. La corriente fue más fuerte y se la llevó. En otro sector del campamento, una rama cayó sobre la carpa de los Lobatos (el grupo de los más pequeños) y aplastó a Juan Cruz, de 10 años, que perdió la vida prácticamente en el acto.

Las crónicas periodísticas del momento se ajustaron a la versión lanzada por los responsables de la agrupación scout y el cura de la parroquia San Pablo Marcelo Frank. Según este relato, la muerte de los niños fue inevitable, ya que, se trató de un fenómeno meteorológico impredecible y de una intensidad pocas veces vista, que dejó poco margen de acción para evitar la tragedia.

Sin embargo, para los padres de María Candelaria la realidad de los hechos es bien distinta. A partir de una pesquisa personal, la colaboración de peritos y el testimonio de funcionarios policiales de Córdoba, lograron reconstruir las últimas horas de su hija en el campamento scout y concluir que su muerte pudo ser evitada.

La historia oficial

El lunes 7 de enero, luego del sepelio y sepultura de los niños fallecidos, el cura de la parroquia San Pablo hizo declaraciones a la prensa. Según consigna el diario El Litoral, para evitar “informaciones distorsionadas y para resguardar a los niños y adolescentes directamente afectados”, las autoridades religiosas decidieron que “la voz autorizada” sería la del sacerdote Marcelo Frank. "En cualquier circunstancia donde muere una persona hay mucho dolor, pero mucho más cuando es imprevista e involucra a niños – expresó -. Es una terrible frustración porque los campamentos son una parte esencial de las actividades de nuestros grupos scout".

El religioso intentó en todo momento despejar cualquier tipo de dudas sobre la organización y la experiencia de los responsables del campamento. "Yo no estuve ahí, no soy perito en el tema, pero están muy bien preparados. Lo que me dicen es que - aunque no es poco la muerte de dos niños - cuando el fenómeno climático terminó, pensaron que el saldo iba a ser peor. No fue así por la voluntad de Dios y por la habilidad de los dirigentes".

En el mismo sentido se manifestó uno de los padres que actuó como colaborador en el campamento. "De no ser por la destreza de los chicos y adultos, la tragedia podría haber sido mucho peor; podrían haber muerto 20 ó 30 personas". (El Litoral – 7 de enero de 2008)

El hombre - que pidió reserva de su identidad – le dijo al vespertino local que el sector donde acamparon está lleno de árboles y las carpas - entre 15 y 20 - se instalaron describiendo una suerte de herradura. "Tengo muchísimos campamentos encima, muchas lluvias y granizos, pero nada parecido a lo que nos tocó vivir: la pedrada era tal que no se podía ver nada", señaló.

También describió que el torrente de agua y barro que arrastró a Maria Candelaria se produjo en una "cañada, que está apenas un nivel de suelo más abajo. Cuando llueve normalmente, por ahí pasa un hilo de agua, pero esta vez se convirtió en un río".

Reforzando la tesis oficial se manifestó el intendente de Santa Rosa de Calamuchita, Claudio Chavero. "No es frecuente este tipo de temporal en la zona. Los lugareños siempre saben cuándo va a venir una tormenta, pero en este caso se trató de un fenómeno impredecible", dijo el funcionario que además es responsable de la Defensa Civil en la zona.


"Fue un viento muy fuerte, como un tornado, de baja altura, con lluvia y granizo y que afectó sólo un sector de 2 por 3 km, muy focalizado. En Santa Rosa, que estamos apenas a 15 km, hubo una leve lluvia, nada más" - dijo Chavero -, agregando que Maria Candelaria, "fue arrastrada por un alud de barro y agua al momento que intentaba cruzar una quebrada con otras compañeras para refugiarse en las carpas en medio de la tormenta. Fue tanta el agua que vino por la quebrada en tan poco tiempo, que la correntada arrastró a la nena por lo menos 70 metros, hasta el río Santa Rosa. Luego, la policía encontró el cuerpo de la menor el domingo, 1,5 Km. río abajo". (El Litoral – 7 de enero de 2008)

Buscando respuestas

Los padres de Maria de Candelaria se enteraron que algo había pasado con su hija la noche del 5 de enero. A las 20 horas de ese trágico día, Francisco Alquati y Erika Bär recibieron en su casa un llamado telefónico desde Córdoba pidiéndoles que se pongan en contacto con el campamento. Se comunicaron de inmediato y les informaron que se había producido una tormenta y que había chicos desaparecidos.

Sin demasiadas certezas y desconociendo la situación de María Candelaria viajaron de urgencia a Córdoba. Lo que sucedió a partir de ese momento, Francisco y Erika lo contaron hace dos semanas. Sin embargo, pidieron un tiempo antes de la publicación y propusieron que el relato de su historia se ajuste al contenido de un blog lanzado por Internet. (http://www.mariacandelaria08.blogspot.com/). Explicaron que no estaban preparados para la exposición pública que podría desencadenar el caso y que tenían temor ante posibles represalias de los dirigentes de la parroquia.

A pesar de su larga militancia en las instituciones de la Iglesia Católica y de definirse como “laicos comprometidos” los padres de María Candelaria se sienten abandonados y marginados. “Nosotros dimos y damos aún hoy nuestro tiempo y nuestra vida a costa de grandes sacrificios por una Iglesia que verdaderamente no es esta que silencia, oculta y se desentiende de sus fieles en los momentos más difíciles”, dicen desde Internet, en alusión al comportamiento de monseñor José María Arancedo, el cura de la parroquia San Pablo y los dirigentes del Grupo Scout 213.

“Esta Iglesia que se nos propone en la figura y acción de estos “hombres” es sumamente fría, oscura, engañosa, perversa, especuladora, peligrosamente corporativa, falta de caridad o de los mínimos valores humanos siquiera, por no mencionar los cristianos. Es una Iglesia perturbada y sin rumbo”, acusan desde Internet.

Razones no les faltan. Desde el momento de la muerte de su hija comenzaron a sentir el peso de un silencio cerrado, el destrato, la falta de respeto y de compasión cristiana, todo lo cual fue agigantando sus dudas. Aunque parezca increíble no les permitieron velar a María Candelaria junto a su compañero Juan Cruz y el resto de la comunidad scout. Los responsables de la parroquia San Pablo dijeron que la nena vivía en otra jurisdicción. Tampoco les devolvieron la mochila y demás pertenencias dejadas en el campamento. La madre de Francisco Alquati recibió llamadas telefónicas intimidatorias. En las paredes cercanas a la vivienda familiar y el lugar de trabajo de Erika aparecieron pintadas con la leyenda: “La verdad ilumina”. Por último, el jefe del grupo scout – Pablo Forischi - presentó una denuncia contra el padre de María Candelaria por amenazas en un juzgado correccional de nuestra ciudad.

Contacto directo

En las primeras horas del domingo 6 de enero, Francisco Alquati y Erika Bär, llegaron al lugar del campamento acompañados por el comisario inspector Rodríguez de la comisaría de Santa Rosa de Calamuchita. En el lugar les informan que su hija había sido arrastrada hasta el Río Santa Rosa por una fuerte corriente de agua originada en las intensas lluvias producidas en la cumbre de la sierra y que un grupo de cinco bomberos estaban realizando un rastrillaje sin resultados hasta ese momento.

De la charla mantenida con el comisario, los padres de Maria Candelaria se enteran que los dirigentes del grupo scout no habían informado a las autoridades (policía, bomberos, o defensa civil) de la instalación del campamento. También supieron que el auxilio llegó por casualidad, ya que nadie dio aviso de lo ocurrido.

En medio de la desesperación por encontrar a su hija, Francisco les pide a los dirigentes que lo acompañen a revisar el lugar. La respuesta fue negativa y sin mayores explicaciones lo dejan solo con su esposa. Ambos tenían la esperanza de que Maria Candelaria haya podido salir del agua y en un estado de probable confusión haber caminado hacia cualquier lugar. Por consejo del comisario Rodríguez deciden esperar hasta el amanecer. “Las horas de espera fueron eternas y repito que ninguno de los scout, ni padres y colaboradores presentes se nos acercó siquiera a ofrecer una palabra de aliento o simplemente un vaso de agua, como si no existiéramos, como si fuéramos parias; ni en ese instante, ni durante la búsqueda, ni al enterarnos del terrible desenlace”, cuentan Francisco y Erika desde su blog.

A las seis de la mañana - mientras el comisario intenta convencer sin éxito a los dirigentes scout de salir a buscar a la niña - el matrimonio Alquati, acompañados de un pariente, el agente de policía Romero y uno de los bomberos que hicieron el rastrillaje por la noche, salen a recorrer la zona. Primero bajan por la cañada en donde cayó María Candelaria arrastrada por el torrente. Llegan a la costa del río Santa Rosa y 100 metros aguas abajo de esa desembocadura encuentran huellas claras de zapatillas Topper sobre la orilla de arena húmeda que entran y salen del cauce. Cuando la nena es encontrada sin vida a 1.500 metros de ese lugar llevaba zapatillas de esa marca color celeste. La ropa no presentaba roturas, su cuerpo no mostraba heridas, salvo un par de profundos rasguños en la frente.

La conclusión que atormenta a los padres es perturbadora. María Candelaria pudo haber salido del agua por sus propios medios, pero carente de fuerza y sin ayuda, volvió a ser arrastrada por la corriente. Frente a esta posibilidad, lo que no se hizo después de la tormenta, pudo ser determinante en el fatal desenlace.

Peritaje

Los padres de Maria Candelaria regresaron al lugar del campamento el 24 de enero. Estaban acompañados de la abogada de la familia, Silvia Martinet, y el policía santafesino Sebastián Espíndola. Este último realizó un informe denominado “Análisis de aptitud del sitio de campamento”, que luego fue entregado, junto a otras pruebas documentales y fotográficas, en la fiscalía de Río Tercero donde se investiga este hecho.

Espíndola es Instructor del Centro de Formación de Aspirantes – Subdelegación Santa Fe de la policía de la provincia, cadete de la Escuela de Gendarmería Nacional Argentina y miembro de la Unión de Suboficiales y Aspirantes para la Reserva. El propósito del trabajo fue determinar la aptitud del lugar escogido para la instalación del campamento de enero de 2008 del Grupo Scout “San Pablo”, verificando sus condiciones de seguridad e idoneidad para tal fin, mediante una investigación de campo que conjuga el reconocimiento y la observación del terreno en cuestión, la recolección de información, el estudio de la cartografía del lugar y la consulta con bibliografía especializada basando los resultados en el conjunto de conceptos técnicos de la temática.

El trabajo describe el predio donde se ubica la Casa de Descanso “Los Algarrobos” perteneciente al Seminario Arquidiocesano de Santa Fe. Destaca la existencia de una cañada de una longitud aproximada de 300 metros, con sentido norte sur, y una amplitud entre sus márgenes que va desde los cinco metros en la desembocadura hasta los 15 o 20 metros en el resto de su trazado. Presenta una profundidad promedio de tres metros, con un lecho seco cubierto por pastos, rocas, arbustos y árboles de pequeño porte. En el terreno aledaño existen zanjas naturales de entre 30 y 50 centímetros de profundidad producto del drenaje del agua de lluvia que escurre desde áreas mas elevadas, confluyendo muchas de estas en la mencionada cañada. “Se observa evidencias de actividad de campismo, como ser utensilios, trozos de soga, elementos para el armado de construcciones rusticas, objetos de identificación de grupos, entre otros artilugios abandonados a ambos márgenes de la descripta cañada”, sostiene el informe.

Sobre la base del estudio “in situ” del terreno, el análisis de la cartografía del lugar y considerando las pautas técnicas y los criterios de especialistas en campismo, el informe de Espíndola concluye “que el sitio elegido para la instalación y desarrollo del campamento presenta condiciones inadecuadas y potencialmente riesgosas para la seguridad del mismo”, destacando los siguientes aspectos negativos:

- La proximidad de árboles de gran porte y altura, los que se tornan peligrosos en caso de tormenta o viento fuerte, por el desprendimiento de ramas u ocasionales caída de los mismos.
- La división espacial del área de acampe por un accidente topográfico de consideración, como es una cañada de zona de montaña.
- Su proximidad con un curso de agua mayor y su comportamiento ante la caída de abundantes precipitaciones y tiene como consecuencia crecidas violentas, repentinas y con exuberantes volúmenes de agua.

En conclusión, “las condiciones del sitio escogido para el montaje del campamento por parte de la dirigencia del Grupo Scout “San Pablo”, son inconvenientes y poco propicias” (…) “denotando impericia y negligencia ante la falta del debido cuidado y prevención puestos de manifiesto”.

Seguridad al acampar

1.-No acampar en la costa de los ríos o arroyos por más mansos que parezcan, ya que sus crecidas suelen ser sorpresivas y ocasionan accidentes graves.
2.-No acampar en la parte baja de los cerros, montañas o lomas, porque los torrentes que se forman luego de las lluvias pueden ser causa de hechos muchas veces irreparables. También existe el peligro de desprendimiento de tierras (alud), con riesgo de aplastamiento.

Dirección de Defensa Civil – Provincia de Córdoba http://web2.cba.gov.ar/gobierno/DefensaCivil/paginas/index.htm

Tiempo de justicia

La muerte de Maria Candelaria y Juan Cruz esta siendo investigada por la justicia penal de la provincia de Córdoba. A cargo de la pesquisa se encuentra el Fiscal de Instrucción Marcelo José Ramognino, con asiento en la ciudad de Río Tercero. El trámite se encuentra bajo el secreto de sumario y aún no se definieron responsabilidades. Se han ordenado diversas medidas, entre ellas, la declaración testimonial de los responsables de la agrupación scout.

Francisco Alquati y Erika Bär se presentaron en la causa el 24 de enero pasado. Se entrevistaron con el fiscal, ofrecieron pruebas y propusieron medidas de investigación. Consultada por Entre Líneas, la abogada de la familia Silvia Martinet, explicó la posición de los padres de Maria Candelaria. “Nosotros creemos que hay negligencia, imprudencia e impericia en la forma en que procedieron los dirigentes scout”.

“Los padres presentaron un escrito donde exponen sus fundamentos para sostener que hay responsabilidad de los dirigentes de la agrupación scout y muchas actitudes posteriores a los hechos que permiten suponer la existencia de un pacto de silencio entre ellos. Todo esto hace pensar que están escondiendo algo”, agregó la abogada.

“Los papas de Candelaria no están acusando a nadie. Están colaborando con el fiscal en la investigación de la causa de la muerte de su hija. Ellos quieren estar tranquilos de conciencia de que si no hay ningún procesado y la causa se cierra, sea porque se ha investigado a fondo”.

Martinet explicó: “Lo que se está cuestionando es donde estaban acampando. Se ha verificado que lo hicieron fuera del perímetro del seminario “Los Algarrobos”. Pusieron las carpas en una zona de quebradas que desemboca en el río. Cualquier baqueano o el que haya acampado en Córdoba sabe que un lugar como una quebrada es un arroyo seco que se puede llenar con una lluvia intensa, y aunque no sea seguro que se vaya a producir, es algo que se debe prever”.

“Nosotros lo que vemos es que (los dirigentes scout) no son personas que estén capacitadas para llevar chicos a un lugar así. Debieron estar preparados y haber tenido los elementos para actuar frente a una emergencia”.

Para la abogada, esto quedó en evidencia porque no se cumplieron las reglamentaciones de Defensa Civil. “Según nos dijeron en la comisaría de Santa Rosa de Calamuchita nadie sabía nada que había un campamento. Se enteraron por un radioaficionado que había una nena desaparecida. Otro papá llamó ese día al campamento y se enteró de la tormenta. Recién ahí se conoció la tragedia”, puntualizó Martinet.

“Los responsables del campamento dieron por muerta a la nena cuando no lo estaba. No tomaron las medidas necesarias en el momento para buscarla. Son medidas inmediatas porque después es tarde. Ellos pueden decir que hicieron todo lo posible, pero lo objetivo y razonable, es que debieron tomar otra actitud frente a la situación”.

La abogada también reveló que los padres de María Candelaria efectuaron una presentación en el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual de nuestra ciudad por daños y perjuicios. “Ellos contrataron un seguro de accidentes personales antes del viaje. Entonces la responsabilidad se asimila a la de los establecimientos educativos que contratan un seguro para la institución o para hacer viajes. Por eso nosotros entendemos que la jurisdicción para la acción civil es la ciudad de Santa Fe. Se les mandó carta documento a las personas individuales responsables del campamento, a la parroquia San Pablo, al cura Marcelo Frank y al Arzobispado de Santa Fe. Estamos hablando de responsabilidad objetiva del Arzobispado, y en esto somos intransigentes, porque el principal responde por los hechos de sus dependientes”.

Para los papás de María Candelaria la acción de la justicia es la mejor forma de reparar el sufrimiento que los envuelve. Perdieron a su única hija y sienten que la Iglesia en la que tanto creyeron los abandonó. Durante varias semanas esperaron alguna palabra de los dirigentes de la agrupación scout, padres o colaboradores de la parroquia San Pablo. Nadie se acercó a contarles la verdad de los hechos. Por el contrario, quienes podrían haber explicado las circunstancias que desencadenaron el fallecimiento de la niña se encerraron en un infranqueable silencio. “¿Que gran verdad se nos oculta y con que fin? ¿Por qué sumar más dolor al dolor?”, se preguntan, todavía sin respuesta.

Binner

El gobernador de la provincia de Santa Fe se interesó por este caso. El 5 de febrero pasado le envió una carta al Fiscal de Instrucción de Río Tercero, Marcelo José Ramognino. “La única forma en que los padres de Candelaria puedan transitar este terrible dolor es aclarando todas las dudas que existan en relación al escenario de la tragedia y la participación que las personas responsables de los niños tuvieron en relación a ese trágico suceso”.

(…) Es necesario que ellos tengan la certeza que lo han hecho todo por la memoria de sus hija, y que no están solos: las Instituciones seremos la garantía de sus luchas”.

CONDENADOS POR UN E-MAIL

La justicia provincial condenó a tres dirigentes del Partido Justicialista por el delito de calumnias e injurias. Se trata del ex intendente de Santo Tomé Roberto Schmidhalter y dos de sus colaboradores. Fueron denunciados en 2005 por Ángel Piaggio, otro ex intendente santotomesino, como responsables de una cadena de correos electrónicos agraviantes. El caso será informado al tribunal de disciplina partidario.

El juez correccional Orlando Pascua condenó a tres dirigentes del Partido Justicialista a un año de prisión en suspenso y multa de $1.000, luego de encontrarlos penalmente responsables de los delitos de injurias y calumnias, a partir de una denuncia presentada por el ex intendente de Santo Tomé, Ángel Piaggio. La resolución del magistrado alcanza a Roberto Schmidhalter (otro ex intendente de esa ciudad); Sergio Zavala y Claudio Clemente. Además, los tres condenados deberán resarcir a la víctima con $ 15.000 cada uno.

La demanda se presentó en 2005, en el contexto de una feroz contienda electoral entre las distintas facciones justicialistas de Santo Tomé, a partir de la aparición de una serie de correos electrónicos con mensajes agraviantes enviados desde diferentes direcciones anónimas.

En su resolución, el juez Orlando Pascua consideró “que las expresiones vertidas en dichos e-mails revelan el afán contundente e inequívoco de deteriorar el honor y la reputación del querellante, atacando no sólo a su actividad política -lo cual no consideraríamos injuriante- sino su ámbito personal y familiar, es decir su intimidad, que debe ser protegida''.

En diálogo con Fuera de Foco, Ángel Piaggio explicó que se trató de “una investigación compleja que va a marcar un hito. No hay muchos casos vinculados a estos temas”.

En relación a la condena, el ex intendente de Santo Tomé sostuvo que se consideraba “bien pago” con el cese de los agravios.”Fue una verdadera tortura que se soportó durante más de un año, donde todos los días había alguna calumnia nueva contra mí y contra todos los que me rodeaban afectivamente y políticamente. No se perdonaba a nadie, pero además se inventaba que uno era adicto, gay o lesbiano (sic), es decir, una cosa de terror que hubo que soportar durante mucho tiempo”.

Según Piaggio, en su demanda ese pusieron en juego otros valores que no tienen nada que ver con la política.”Lo dije en su momento, si esto es la política yo no quiero tener nada que ver, porque no toda la gente que esta en la política actúa de esta manera. Yo vengo de un proceso electoral difícil y una transición complicada con el actual intendente de la ciudad, sin embargo, tengo que reconocer que fue uno de los primeros que condenó esta operatoria”.

Respecto a las repercusiones de esta decisión judicial, el dirigente adelantó, que pondrá el caso en conocimiento de todos los estamentos que correspondan. “En lo partidario también, porque es una forma de despejar dudas sobre si esto es como decía, una estrategia mía para desgastar contendientes o si yo tenía razón y habíamos sido víctimas de una campaña de calumnias e injurias”.

“Lo voy a poner en conocimiento del partido y si creen conveniente actuar en esto, que lo hagan, para mí es un capítulo cerrado, no quiero ir más lejos y no me interesa perseguir a nadie”, concluyó Piaggio.

miércoles, abril 23

LOS MEDIOS, ¿"REFLEJAN" O "CONSTRUYEN" LA REALIDAD?

Luego de la propuesta oficial – a instancias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- de reactivar el Observatorio de Medios contra la Discriminación, los principales diarios porteños reaccionaron corporativamente y en algunas de sus expresiones trataron con dureza a profesores y académicos por esa iniciativa. Nunca como en estos días, la academia y las redacciones estuvieron más distantes. Una compulsa entre destacados profesionales para superar la discordia y generar un debate que debería ser razonable, sincero y sin chicanas políticas. Fuente: Diario sobre Diarios

En la reciente polémica entre el Gobierno y los medios por el tratamiento que éstos le dieron al “lockout” o “paro” agrario, hubo varias opiniones desde los diarios y las entidades que los agrupan. Todas ellas defendieron el rol de la prensa asegurando que los medios “reflejan” la realidad, o bien que funcionan como un “espejo” de lo que ocurre en el país. De esa manera lo expresaron el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum y el adjunto Ricardo Roa; el director de Crítica, Jorge Lanata; el diario La Nación a través de un editorial y, a través de un comunicado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

Ese supuesto debate acerca de si los medios “reflejan” la realidad real o son constructores de la denominada “realidad mediática” ha sido encarado y resuelto por diversas teorías de comunicación hace décadas. La producción bibliográfica al respecto es abultada. Tanto que para varios especialistas en comunicación el debate está saldado desde hace varios años.

Que haya editores y dueños de medios que continúen utilizando frases como “reflejar la realidad”, “periodismo objetivo”, “los hechos son sagrados, las opiniones son libres”, “periodismo independiente” o “periodismo puro” pareciera tener que ver más con criterios de marketing de la empresa periodística que con una valoración honesta del trabajo periodístico. Y, en muchas ocasiones, cuando los dueños o editores de diarios se escudan ante las críticas afirmando que el medio “refleja la realidad”, no lo hacen por ignorancia (ya que en general tienen todos mucha experiencia y conocimientos), sino para evitar un debate de fondo: cuáles son los elementos y las limitaciones del medio para hacer esa “construcción”.

En la falacia también caen, muchas veces, aquellos que hacen una crítica a los medios pidiendo que sean “objetivos” o que “reflejen bien la realidad”, que “digan la verdad” puesto que esas cosas son contrarias a la esencia de los medios.

Todo esto no implica que, como los medios no pueden ser “objetivos”, den rienda suelta a la inventiva sin relación con lo que ocurre en la “realidad real”. La “objetividad” hoy por hoy, funciona como esas metas a las que se apunta, sabiendo que nunca se las alcanzará. En la actualidad, el “equilibrio” en el tratamiento informativo y la mayor cantidad de fuentes identificables en torno a una noticia conforman el núcleo central del consenso entre especialistas sobre el manejo de la información.

Pero
esas son consideraciones que hace el DsD -por su cuenta- para realizar una introducción a esta Zona Dura que no se sostiene en este preámbulo sino en las opiniones de reconocidos profesores, algunos de ellos también periodistas.

Con el objetivo de tener mayores precisiones y una mirada autorizada sobre este tema, Diario sobre Diarios, consultó a seis profesores especialistas en medios y comunicación. Ellos son (por orden alfabético): Adriana Amado Suárez (directora de la carrera de Comunicación Social de la UCES), Martín Becerra (profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes), Stella Martini (profesora de Comunicación y de Periodismo, Facultad de Ciencias Sociales, UBA), Guillermo Mastrini (titular de la cátedra Políticas y Planificación de la Comunicación, facultad de Ciencias Sociales, UBA) y Miguel Wiñazki (director de la maestría de periodismo Clarín- San Andrés y editor de la sección “Medios” de Clarín). También se consultó a Eliseo Verón, quien no respondió el cuestionario.

A todos ellos se les formulo por escrito las siguientes dos preguntas, que se presentan ahora seguidas de las respuestas de cada uno de ellos, para facilitar la lectura y enriquecer las miradas. Presentamos entonces la compulsa:

1) ¿Usted considera que los medios “reflejan” la realidad, o la “construyen” en base a distintas variables?

Adriana Amado Suárez: Académicamente, las teorías en uso tratan de explicar las distintas versiones de la forma de construir que tienen los medios (construyen discursos, versiones, realidades, imaginarios), en la que coinciden, por lo que deberíamos suponer anacrónica la versión de la función “reflejo” de los medios. Sin embargo, esta perspectiva está muy fuertemente instalada no sólo en los medios, que reclaman para sí los privilegios que tendrían de oficiar como espejo de la sociedad, sino que está implícita en las voces críticas que reclaman cierta “objetividad” o un “reflejo debido”. En esta línea se incluyen todas las observaciones que se hacen a los medios en base a conceptos como “desvío”, “distorsión”, “omisión”. Si como sostiene Verón, la objetividad es la versión de los hechos que el lector daría si él estuviera en el lugar del que relata, deberíamos asumir que hay tantas “objetividades” como interpretantes. Sin embargo, hoy la discusión sigue anclada en el vínculo del discurso de los medios con los hechos, cuando sería más productivo estar preguntándonos por la relación de cada medio con sus interpretantes y si está claramente explicitado el lugar desde el cual se está construyendo el relato. Las críticas serían sustentables en los casos en que el medio se postula como el único portador de la verdad. En la práctica, para ser consecuente con la perspectiva de la construcción, lo que debería quedar muy claro para el espectador o el lector es el alcance del recorte que el medio hace para presentarle esa versión de los hechos. La responsabilidad de los medios para con sus lectores debería priorizar la transparencia de la posición que asume al relatar los hechos, y la humildad en recalcar que eso que cuenta no es la gran verdad, sino su versión posible (esto es, la que puede dar por ideología, afinidad, compromisos comerciales, etc.). El problema con el que nos enfrentamos actualmente es que nadie asume claramente en la escena pública sus afinidades y todos, a la vez, se presentan como portadores de la realidad que la sociedad debería conocer. Como si además fuera posible que, aun habiendo un único mensaje, la sociedad lo leyera unívocamente, como si se tratara de un gran bloque interpretante. Y sabemos que eso también es imposible.

Martín Becerra: Los medios reflejan versiones de la realidad. Como en el cuento de Borges “Del rigor en la ciencia” en el que el arte de la cartografía había logrado una perfección tal que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, es desatinado postular que los medios reflejan todo cuanto acontece. En rigor: los medios recortan porciones de la realidad y las re-presentan ante su audiencia. Esa re-presentación no es aséptica, no puede serlo. Más de mil años, desde Platón hasta hoy, permiten aseverar que la designación de las cosas nunca es neutra, que el enfoque de la realidad jamás es imparcial, que en la selección de las fuentes y de los testimonios hay tendencia. La representación de algunas porciones de la realidad merece estudiarse en relación con aquellas que no son representadas por los medios. Lo que aparece en ellos y lo que es omitido (por criterios de noticiabilidad siempre falibles), construye a su vez un marco de agenda que instala unos temas y valores determinados, en detrimento de otros.

Stella Martini: Hace más de 50 años que en todos los tratados sobre la noticia y en todas las carreras que forman periodistas se afirma que la noticia es el relato de un hecho, esto es, una versión, una construcción de un hecho. En las declaraciones de varios medios y periodistas aparece una oscura interpretación que identifica construcción con difamación o manipulación, como si la noticia fuera un producto “natural” alejado de todo artificio o tarea especializada (ergo, no existirían o no necesitaríamos periodistas). Piénsese por ejemplo que, en la historia de la investigación de los medios de comunicación, el paso de un modelo lineal nacido en las primeras décadas del siglo XX y que afirmaba un efecto inmediato de los productos mediáticos sobre conductas y actitudes de los individuos a otro no lineal de la comunicación que sostiene que se trata de efectos acumulativos sobre los sistemas de conocimiento de los individuos favorece a las empresas de medios y al periodismo porque les quita el “peso” de ser únicos responsables de ciertas conductas sociales, tal como señala el italiano Mauro Wolf (1989: 158- 159) asesor de la RAI hasta su muerte hace unos pocos años. Construir es hacer, la noticia se hace, es el modo “pedagógico” o mejor dicho cognitivamente accesible para que los individuos podamos conocer la diversidad, simultaneidad y densidad de un sinnúmero de hechos que no siempre suceden de forma ordenada y en un mismo espacio. Todos los medios reconocen que seleccionan lo que publican de un conjunto heterogéneo de acontecimientos según ciertos criterios de noticiabilidad y según su público e intención editorial y a partir de ella hacen la crónica. No hay objetividad absoluta posible porque por ejemplo lo que es relevante para un diario y es noticia de tapa no lo es de igual manera para otro (piénsese en que “Dramático: madre degollada”, en la tapa de un diario denominado popular, no aparecería en la denominada prensa seria o de referencia); o que por lo general nuestros medios informan escasamente sobre las provincias, o que América Latina no suele ser agenda en los medios europeos, entre tantas otras verificaciones que no podrían reducirse a que en las provincias argentinas o en América Latina “no pasa nada”. La construcción, que no es una “mala palabra”, dice de la misma índole de la tarea periodística. Si la noticia fuera el “espejo” de la realidad no necesitaríamos más que un diario, una estación de radio y otra de TV y no existirían las luchas por el rating, por la imposición de un diario. Porque no existe el pensamiento único, porque vivimos en un sistema democrático. De modo que nadie puede sin pecar de megalómano pensar que es poseedor de toda la verdad, o dicho en otros términos, la objetividad es imposible. Se espera que exista una ausencia de prejuicios y una cierta distancia con los acontecimientos: esa es la objetividad periodística. Y es lo que está en las afirmaciones por ejemplo de los manuales de estilo de diarios como Clarín (1997) y Perfil (1998): que las noticias sirvan a la sociedad cumpliendo con las condiciones de “precisión, integridad y equidad” ya que “una noticia no es sólo el hecho o el acontecimiento en sí, sino su reconstrucción” (Clarín, 197: 22) y sabiendo que “toda verdadera información es interpretación” por lo que “un diario es como una fábrica que refina y transforma informaciones” donde “con informaciones inéditas se construye la realidad. Todo buen periodista es un partero de informaciones” (Perfil, 1998: 32, 33 y 38). La idea de objetividad se constituye cultural e históricamente en una sociedad: es decir que hay un cierto consenso sobre el proyecto de país, de vida cotidiana, de futuro personal que se comparte y que de algún modo se mide en la voluntad que se expresa en las urnas. La presunción de objetividad está en la índole misma de la profesión y en la ética que la anima y se traduce en el intento de tomar distancia del hecho a cubrir y de dejar de lado los propios prejuicios e ideas partidarias en el momento de hacer la noticia. Porque la noticia es un género del gran conjunto que es la comunicación social que está constituida por diversas, similares y hasta contradictorias versiones de lo que pasa o ha pasado. Justamente, es propio de los medios de comunicación ordenar el mundo publicando versiones que se ajusten del modo más exacto posible a la realidad de los hechos y haciendo conocer todas las versiones y/o voces implicadas. La noticia es una construcción porque la realidad es una construcción social o sea que los individuos (y las instituciones y los emprendimientos y asociaciones y hasta los estamentos familiares) son los que producen los hechos de la realidad, algunos de esos hechos son noticia, son construidos por los medios a través de la selección de los mismos, de la relevancia que cada medio le otorga, de los modos de decir la noticia, diseñar una tapa, poner una primicia en el aire o usar el vivo televisivo. Sirva también de muestra el que los más de los 50 periodistas de los grandes medios que entrevisté junto a Lila Luchessi para el libro Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder afirmaron casi sin variaciones que el periodismo es un servicio público y que su vocación primera es la de informar correctamente a la población y defender la democracia. Y en ninguno de ellos apareció una reacción negativa acerca de preguntas sobre cómo se construyen las noticias y las agendas.

Guillermo Mastrini: Desde mi punto de vista hay una combinación de ambos factores. De alguna manera puede decirse que los medios producen un determinado recorte de la realidad. Son observadores y a la vez narradores de hechos. Y como no puede ser de otra manera, todo observador lo hace desde un punto de vista, y todo narrador incorpora su subjetividad en el relato. De esta forma se puede decir que hay una construcción de la realidad. Es decir que hay una mirada particular sobre un hecho social.
Ahora bien, los medios no crean los hechos sociales. Hay una dinámica social que permanentemente produce hechos. Además la sociedad ha constatado que una manera de alcanzar visibilidad social es a través de los medios de comunicación. Dado que lanzar un periódico o montar una estación de radio y televisión suele ser complicado y demasiado oneroso, la sociedad produce actos con el objetivo de que los medios recojan esa información. Pero lo que es claro es que son los medios los que elijen que temas cubrir y sobre todo desde que ángulo.
Las teorías modernas señalan la capacidad de los medios de establecer una agenda de temas que se priorizan en la información, llamada agenda setting.
Además hay que considerar que los medios de comunicación como empresas que son tienen intereses económicos y políticos que defender. En ese sentido la línea editorial del diario no puede interferir con sus propios intereses. Este hecho podría considerarse lógico, dichos intereses deberían ser claramente explicitados en aquellas noticias en las que informan sobre cuestiones que los afectan. Quienes leen un periódico no tienen porqué conocer, y de hecho en la mayoría de los casos no conocen, los intereses económicos cruzados que atraviesan una información. Un diario que sea propietario de la mayor empresa de cable, al referirse al sector telefónico, debería explicitar que en estos momentos la convergencia hace que ambas economías tienden a entrelazarse, y por lo tanto dicha información afecta directamente sus intereses. De esta manera el lector puede tener una mayor capacidad de análisis de la información.
Si no se toman recaudos vinculados a una ética periodística, no sólo hay construcción sino que además hay manipulación de la información. No me refiero con esto a manipulación de las conciencias, sino a la construcción de la noticia con un sentido determinado no explicito, que va mas allá de la mera información.

Miguel Wiñazki: La configuración propiamente noticiosa de la realidad es un flujo de representaciones activas. Ni pura y absoluta construcción, ni mero reflejo.
La representación es una exhibición mediada por una maquinaria comunicacional.
El Google Earth es un buen ejemplo. No es lo mismo el Himalaya in situ, que visto a través del Google Earth, pero Google exhibe virtualmente al Himalaya y no otra cosa, cuando eso es lo que se pretende ver. Si el internauta escribe Buenos Aires en el buscador y adviene Estambul a las pantallas, el fraude no será tolerado por quien busca.
El Google Earth es un ejemplo de representación automática, virtual e informacional del espacio. Es un vehículo de cierta especie de periodismo robótico. Un medio manejado al fin, por cada usuario que lo transita.
Los diarios, que hoy ya son híbridos impresos y digitales, generan información desde determinados ángulos y perspectivas. Son mapas informacionales de territorios materiales, que se vuelven territorios mediados por el ojo mediático.
El mero “relato”, en cambio, es una especie de mapa sin territorio. Por ejemplo: desplegar una crónica sobre los avatares de la vida del perro de una estrella de la TV es un modelo comunicacional lúdico, en el que emisores y receptores saben que ese relato es autónomo de todo territorio originariamente noticioso.
En cambio, si estalló una bomba y hubo muertos y heridos, debe haber representación, y no mero relato sobre la nada.
Si
una bomba estalló en la AMIA, un medio periodístico no puede afirmar que no ha estallado. El acontecimiento se impone.
La representación periodística, es un proceso vivo de exhibición con palabras, sonidos, imágenes e infografías, de lo que sucedió y lo que sucede, así como el Google Earth muestra la tierra, y configura para su aparición en las pantallas.
Por cierto, hay siempre un inmenso campo de la realidad que no aparece en los medios. Pero la revolución tecnológica permite desocultar cada vez más flancos antes oscuros. Las audiencias existen, actúan e interactúan con los medios. Las audiencias son el observatorio mediático esencial.
El usuario puede acceder a la información, viéndola, oyéndola, leyéndola en papel, mirando la televisión o navegando por Internet por los espacios por los que quiere navegar, observando el espacio desde distintos ángulos y enfoques.
Los medios otorgan miradas en perspectiva sobre los hechos que a la vez se asocian o confrontan de pronto con las miradas y perspectivas de sus usuarios. Las perspectivas son disímiles, y las miradas también. Pero es esa la riqueza del periodismo: el conflicto de las interpretaciones relativas a los hechos representados.

2) ¿Cómo cree que podría abordarse esta discusión (mediante un debate de especialistas, un observatorio de medios, etc)?

Adriana Amado Suárez: La discusión hoy pareciera estar centrada en ver quién va a imponer su posición, si los medios, los periodistas, los académicos, el gobierno, el estado. Esta disputa parece olvidarse que el derecho a la comunicación implica sólo parcialmente el derecho de expresión, que es el que defienden la mayoría de los medios al ratificar la versión de los hechos que han presentado. También implica el derecho a la información, que es el que tienen los ciudadanos de recibir todo aquello que necesitan conocer para tomar sus decisiones. Entonces la discusión debería alejarse de quién refleja mejor una hipotéticamente única realidad, sino si todos los ciudadanos hoy contamos con una pluralidad de medios suficiente como para que todos los grupos sociales encuentren la lectura de la realidad que más se les parece. Y la otra gran pregunta es si todos los medios cuentan con igualdad de condiciones para realizar su tarea, esto es, si todos tienen el mismo derecho de acceso a la información pública, si tienen las mismas facilidades para producir información, si tienen igualdad en el acceso a las condiciones tecnológicas de difusión. Es decir, si es derecho a la comunicación se respeta hoy plenamente en la Argentina, considerando los derechos de opinión, de expresión, de información, y de acceso a los medios y tecnologías de la comunicación. Desde esta perspectiva, está más claro que hay una enorme inequidad a favor de unos pocos. Y acá se echa de menos la acción del estado protegiendo a la ciudadanía en su conjunto. Quizás estamos demasiado decepcionados al ver en los 25 años de democracia acciones de gobiernos respondiendo a intereses coyunturales de unos pocos medios. Ni unos ni otros han contribuido para la consolidación de una ciudadanía comunicativa plena, al menos no hay hitos destacables en este sentido, y en cambio sí tenemos una cronología de sucesos que están abiertamente en contra de un sistema democrático de comunicación.

Martín Becerra: La discusión debe ser pública y sin tabúes: los medios forman parte de la cultura de la sociedad (interpelada de modo constante por flujos mediáticos convergentes) y el espacio público debe poder interrogarse acerca de su funcionamiento sin que nadie tenga prerrogativas. Es ilógico que en una democracia se pueda hablar de todo menos de los medios. En Francia, Alemania y España hay instancias creadas por el Estado que son independientes de la gestión (contingente) de gobierno, que observan el funcionamiento de los medios como estrategia de progreso. El Consejo Superior del Audiovisual francés, por ejemplo, tiene incluso poder de sanción. Lo medular es que estas instancias sean plurales e independientes del gobierno. Pueden estar integradas por políticos de distintas extracciones, de diferentes provincias (garantizando participación federal), por especialistas en comunicación social (no es por sesgo corporativo si afirmo que en la Argentina existe un divorcio entre el sistema comercial de medios, el estamento político que emite regulaciones, y la academia), por representantes de la cultura. Estos integrantes, en algunos países, requieren de la aprobación de los dos tercios del Parlamento para garantizar su criterio plural. Creo que no es casual que en los casi 200 años de historia argentina no existan ejemplos como los de los países europeos, de entes públicos no gubernamentales que regulen el funcionamiento de los medios: sencillamente, en una mirada cortoplacista característica de nuestro “ser nacional”, tanto para el estamento político como para los operadores comerciales de los medios, resulta más ventajoso negociar (y pelearse, que es parte de toda negociación) en una mesa chica antes que ceder atribuciones al espacio público.

Stella Martini: No me parece que la discusión que se ha hecho pública en los últimos tiempos es sobre el concepto de noticia, aunque así haya sido planteada por algunos medios que sostienen que sólo “reflejan” la realidad: se trata en lo inmediato sobre los problemas derivados de su construcción, esto es, los modos de simplificar hechos y problemas complejos y de calificar a los diferentes actores y sectores sociales y de desinformar afirmando que son los medios los únicos capaces de explicar el mundo. Aunque creo que no hay una sola manera de abordar esta discusión, la propuesta de un Observatorio que se hizo pública recientemente es coherente y consistente. Lo cierto es que imprescindible hacerlo porque la labor de posibilitar el acceso al conocimiento de la realidad implica una muy alta responsabilidad social. En un país en que la libertad de prensa está garantizada y donde no hace falta explicar que los medios publican sin censura, las opiniones divergentes no constituyen censura alguna sino un modo de completar el cuadro de los datos sobre todos los acontecimientos sociopolíticos y el ejercicio de la libertad de expresión que no es exclusivo de los medios de prensa. En tal sentido, considero que la discusión debe incluir a instituciones estatales y gubernamentales, a través de los organismos competentes- desde el COMFER hasta el INADI-, especialistas en el área pertenecientes a instituciones públicas, y miembros de las diferentes agrupaciones gremiales del periodismo. El Estado tiene sus instituciones con roles definidos y públicamente conocidos; los gremios de prensa han declarado históricamente su compromiso ético con la sociedad, y la trayectoria de las universidades públicas- ya que no sólo la UBA participará de tal instancia- aportará la mirada crítica desde la ciencia, que tiene su focalización política pero no partidaria, plural, toda vez que las universidades públicas son estatales y no gubernamentales y su misma trayectoria y estatutos así lo avalan. Justamente, desde esa convicción se manifestó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a través de su órgano superior, el Consejo Directivo- elegido democráticamente entre los claustros docentes, de graduados y de estudiantes- por la responsabilidad científica que la constituye como alta casa de estudios y por su deber implícito de transferir sus saberes y los resultados de sus investigaciones a la sociedad. La instancia para discutir y monitorear los productos noticiosos es un servicio público. Cualquier otra implicancia que se pretenda atribuirle niega la vigencia del derecho de los pueblos a la información plural y del derecho a ser sujetos de la información de modo equitativo y no discriminatorio.
Si, como anoté arriba, la información hecha noticia es una versión de los acontecimientos, toda versión que hace a la comunicación pública debe, puede y necesita ser leída con atención y capacidad crítica para asegurar que los individuos sean ciudadanos plenos y no simplemente “gente” o “público”, para lo cual necesitan todas las versiones de la realidad, datos imprescindibles para la reflexión y formación de opinión, y por tanto para su real participación, que va más allá del “sí” o el “no” y para que ciertas conductas sociales no debiliten la democracia, en la confusión de personas y roles institucionales. Los medios son parte del empresariado nacional y hacen negocios con sus productos, hecho cuya discusión está fuera de la cuestión: el problema es que no se trata de cualquier mercancía. Quizás uno de los problemas mayores radique en confundir acciones diferentes: hacer conocer la realidad y hacer oposición y/o hacer denuncia y hacer denuncismo, intentando ejercer un equivocado rol de cuarto poder. Por otra parte, se podría argüir que si los diversos tipos de consumo están en el ojo de instituciones públicas y privadas, es natural que lo sean igualmente las noticias, y cito el Manual de Estilo de Clarín que el mismo diario define como “oportunidad más de difundir nuestro compromiso con la sociedad… de esta manera queremos ofrecer más elementos para transparentar nuestro trabajo y para que nos puedan juzgar por él y pedirnos cuenta” (1997: p.16).

Guillermo Mastrini: Uno de los debates del periodismo de hoy es quien controla al controlador. Si durante muchos años se considero al periodismo como el perro guardián que controlaba a los gobiernos, la pregunta hoy es quien controla que el ejercicio de la libertad de expresión, que debe garantizarse de forma ilimitada, no genere abusos. Especialmente cuando el sector de los medios de comunicación ha sufrido un fuerte proceso de concentración que ha reducido enormemente las opciones disponibles para el consumo mediático.
En este sentido un Observatorio de medios, que pueda opinar sobre el accionar de los medios de comunicación no parece una mala opción. Por supuesto, que no debería quedar acotado al ámbito gubernamental, sino que seria sumamente oportuno que el mismo cuente con la mayor participación social.
Otra opción son los debates de especialistas e incluso los propios consejos de la prensa, ámbitos de autorregulación que suelen existir en varios países del mundo. Pero para que esto tenga sentido es preciso que puedan darse debates serios que trasciendan la defensa corporativa del sector de la prensa.
Y no se puede renegar nunca de la capacidad de intervención del Estado. No para restringir la libertad de expresión (como a veces proceden los gobiernos) sino para garantizarla mediante la constitución, las leyes y la justicia. Pero para garantizar que esa libertad pueda ser usufructuada por el conjunto de la ciudadanía, no sólo por los profesionales de la comunicación.

Miguel Wiñazki: La cuestión debe abordarse permanentemente. Este es un tiempo fantástico de transformación mediático, y existe un espacio interior a los medios y otro exterior y vinculado a ellos, desde donde debatir lo que en ellos acontece. Todo debate argumental es útil y necesario. Y los Observatorios son imprescindibles, diría, como estructuras organizadas para comprender a los medios, para cuantificar sus errores, para comparararlos entre sí. El concepto de Observatorio proviene como sabemos de la astronomía. Mirar científicamente a las estrellas y al cielo requiere de un minucioso trabajo. Lo mismo cabe esperar de los Observatorios de Medios. Son útiles aquellos que substancian sus observaciones con rigor, y son menos útiles los que se amparan en el declaracionismo conceptualista, que no analiza y compara a los medios, y que sí pontifica sin substancia.
A la vez, está el ámbito académico vinculado al análisis mediático: las carreras de grado y de posgrado en comunicación. Allí, a mi juicio es necesario articular la esfera conceptual con la pragmática. Aprender, aprender y enseñar las diversas teorías de la comunicación, y aprender, aprehender y enseñar como se hace cada día periodismo en una redacción.
La crítica de la razón mediática requiere conocer a Habermas, y también saber hacer un epígrafe.

ELOGIO DE LA OLIGARQUÍA

¡Qué increíbles conclusiones habría sacado un observatorio de medios en Santa Fe en 1921! Ni qué decir de un “contra-D’Elía”, que defendía sin rubores a la oligarquía patricia de nuestra ciudad, en lugar de ocultarse tras la "libertad de prensa" como hoy. Qué tiempos aquellos… Algunos "sincericidios" valen la pena.

Ya he publicado ya algunos de los furibundos ataques que el diario Nueva Época realizaba a todo lo que tuviera olor radical. Los ejemplos más fuertes fueron en las revoluciones de 1893 y en las elecciones ganadas por ese partido en 1912.

Pasados casi diez años, y con el radicalismo aún en el poder, el periódico no se resignaba. En 1921 publicó un editorial titulado “Cotejos”, un claro homenaje a la añorada oligarquía.

“Sabían defender la posición a que llegaban a golpes de puños o a golpes de ala pero sabían también abandonarla apenas una levísima sombra venía a proyectarse sobre la bruñida lámina de acero de sus caracteres. De superiores a inferiores, de arriba abajo, de abajo a arriba no era menester más que una cosquilla para la resolución del brinco y para la determinación de aquellas caídas históricas que en vez de hundir levantaban a los hombres acentuando las líneas de sus relieves morales”.

Unos angelitos, los representantes del patriciado santafesino jamás tenían “interés de conservar los puestos. Los tiraban sin actitudes teatrales, fría y serenamente, sin alentar en el espíritu la idea de una especulación con los accidentes fortuitos que les permitieran reintegrarse al usufructo de la cosa perdida. No había simulación en los gestos ni artilugios en la exteriorización de la hombría”.

Inclusive, Nueva Época justificaba la falta de democracia de aquellos días: “Fueron tiempos aquellos en que el pueblo, a falta de libertad para el ejercicio de sus derechos, la tenía de sobra para saludar con respeto, la miseria material de los hombres que caían defendiendo su integridad”.

Para este periódico, “los regeneradores de hoy han resultado los mismos oligarcas de ayer, pero sin las condiciones de carácter que a aquellos los distinguían y con las que supieron, funcionarios de todas las categorías, salvar en cualquier situación sus reputaciones personales”.

Añoranzas, se llama, de un diario que nació y se hizo fuerte e influyente mientras la oligarquía santafesina manejaba los destinos de la provincia.

lunes, abril 7

QUÉ DIJERON LOS DIARIOS NACIONALES DURANTE EL CONFLICTO DEL AGRO

La cobertura mediática del denominado “paro agropecuario” puso en evidencia las tramas de intereses que atraviesan a las principales empresas periodísticas del país. También sirvió para mostrar las limitaciones y debilidades de nuestro trabajo como comunicadores sociales. Surgieron nuevas palabras, conceptos desconocidos y múltiples actores que pugnaban por un lugar en los medios. El resultado de esta experiencia todavía se esta escribiendo. Aparecen cuestionamientos, casi siempre indiscriminados, a la labor de los periodistas y las empresas. Saludablemente, también se retoma la polémica sobre la responsabilidad social y la ética en los medios en sociedades complejas como la nuestra. Como un aporte para esta discusión presentamos un relevamiento que el sitio www.diariosobrediarios.com.ar realizó sobre la cobertura de los principales diarios porteños.

El pasado jueves 13 de marzo, las entidades que agrupan a productores agropecuarios lanzaron una protesta contra la suba de las retenciones a la soja y el girasol dispuesta por el Gobierno nacional dos días antes. Desde ese día hasta hoy, todos los diarios publicaron una enorme cantidad de notas dedicada a analizar las distintas posiciones, tanto de las entidades como del oficialismo. También se publicaron artículos sobre las motivaciones que habría tenido la medida, sobre el impacto en la renta de los campesinos y referidas a las posibilidades de negociación entre ambas partes. Por el contrario, hubo escasas notas que pusieran el foco en la construcción mediática del asunto, una de las variables centrales del conflicto debido a que son los medios de comunicación el principal insumo informativo de la ciudadanía y el terreno por excelencia en donde se disputa la agenda de la discusión pública.

Diario sobre Diarios (DsD) presenta en este trabajo las referencias que algunos periodistas de los diarios capitalinos hicieron del tratamiento mediático de la protesta agroganadera, tanto a través de información como de opinión. No se pretende aquí analizar la justicia o no de las medidas oficiales ni la legitimidad o falta de ella de los reclamos de las entidades del agro. Las opiniones y los datos aquí recogidos apuntan a destacar un aspecto de la construcción que los matutinos hicieron sobre la protesta rural: la de aquellos periodistas que consideran que el formato en que los medios difunden las noticias, tienen implicancias en la agenda.

Se relevaron para este trabajo, los títulos volantas y bajadas de tapa de los diarios Clarín, La Nación, Página/12, Crítica, Ámbito Financiero y El Cronista. Se puso especial atención en las palabras usadas en títulos principales y volantas, que son los espacios en donde los diarios “instalan” su enfoque sobre la información. Además se incluyó en el relevamiento las columnas de opinión o análisis de esos mismos matutinos que se refirieron a la cobertura mediática del tema.

Además, y con el objeto de tener una mirada experta sobre el tema, DsD le pidió una columna al periodista de Clarín especializado en temas agropecuarios Matías Longoni debido a que es el presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios y según muchos de sus colegas, uno de los periodistas que más sabe del tema rural. El Círculo que preside nuclea a 400 periodistas especializados de todo el país. Longoni considera en su columna que “me hubiese gustado que los diarios anticiparan esta rebelión auténtica del interior profundo, que poco tiene que ver con los oligarcas que tanto asustan hoy a los militantes del pueblo”.

Las palabras: “Lock out” vs. “paro”

Las palabras que los diarios usan para definir los hechos que relatan tienen siempre una intencionalidad. No son inocuas. Por ejemplo, no es lo mismo decir que alguien “criticó” a la prensa, o decir que la “atacó”. Hay una vasta cantidad de textos semiológicos que versan sobre los significados o significantes de las palabras utilizadas por los medios de comunicación.

En este sentido, cuando el jueves 13 de marzo los diarios editaron el lanzamiento de la protesta rural, los diarios eligieron distintas palabras. Por un lado, Página/12 y Crítica definieron a la protesta como un “lock out” (con el correr de los días, Crítica abandonó ese vocablo y se plegó a la construcción de los otros matutinos). Por otro lado, Clarín, La Nación, Ámbito y El Cronista eligieron “paro”.

A lo largo de la historia, se definió como “paro” o “huelga” aquellos reclamos hechos por trabajadores contra empleadores por distintas causas (mejoras salariales, condiciones de seguridad, días de descanso, etc.). En cambio, “lock out” es el anglicismo utilizado para dar cuenta de que la protesta no es de trabajadores sino de empleadores (sean éstos grandes, medianos o chicos). Según el sitio especializado en derecho Diario Judicial (diariojudicial.com), el “lock out” es “la contracara del derecho a huelga. Es la medida por la cual los dadores de trabajo se exceptúan de su obligación de dar o recibir trabajo”. El sitio afirma también que “el lock out no tiene una protección jurídica específica”, al contrario que la huelga.

Como se observa, cuando un diario decide utilizar en sus títulos un término en vez de otro, no es una elección de efectos neutros. Los valores y los significantes de cada palabra se trasladan a las audiencias.

Lo mismo ocurrió en los títulos principales de los diarios cuando se refirieron a los organizadores de la protesta. Para Clarín, La Nación, Ámbito, El Cronista y Crítica, se trató de “el campo” o “el agro”. Mientras que nuevamente en soledad Página/12 destacó que fueron las “organizaciones empresarias del campo”.

Wainfeld, duro con los medios

El domingo 16, el columnista de Página/12, Mario Wainfeld, salió en defensa de la construcción que el diario hizo de la protesta rural. En la extensa nota señaló: “Un lock out se nombra con la proletaria expresión ‘paro’. Un corte de rutas expandido se bautiza ‘tractorazo’. Se llama ‘campo’ al conjunto de entidades representativas de los productores, excluyendo tácitamente del pronombre colectivo a los castigados asalariados. Cuando los trabajadores –ocupados o desocupados– apelan al piquete o a la huelga, proliferan como hongos los reproches a la falta de imaginación de la protesta y los cálculos a mano alzada sobre los costos económicos de la acción. Cuando obran así corporaciones más presentables, se soslayan. Cuando se levantan los productores se decide que su bronca prueba que tienen razón. No es igual con la crispación de los camioneros o los petroleros de Santa Cruz. Cuando las entidades agropecuarias limitan la libertad ambulatoria, los diarios de negocios o tribunas de doctrina abandonan su estribillo favorito, aquel que reza que ‘los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás’”.

Para Wainfeld, “hay pactos implícitos entre sectores corporativos y muchos medios de difusión que denotan la imbricación entre el poder y el manejo del lenguaje, como predicaron Lacan y Humpty Dumpty. En el sentido común mediático, los tractorazos (como los numerosos cortes emprendidos por sectores medios y altos) tienen mejor reputación que los piquetes encarnados en cuerpos sufrientes”.

Crítica, contra una accionista de La Nación

En su edición del martes 18, el diario Crítica publicó en su tapa el título “Campo travieso” en donde difundió lo que pagan de impuesto inmobiliario algunos “terratenientes”. La nota la firmó Maximiliano Montenegro, quien no consignó la fuente de donde obtuvo la información.

Entre los “terratenientes” señalados por Montenegro figuró “Matilde Noble Mitre de Saguier, integrante del directorio de La Nación” quien según la nota “tributa sólo 57 pesos por hectárea por su campo en Salto”.

Según el relevamiento realizado por DsD, La Nación se posicionó en este conflicto en un lugar de crítica al Gobierno y en defensa de las entidades agrarias. Además son conocidos los fuertes lazos que –históricamente- unen al matutino con el agro.

La nota de Montenegro, de todos modos, no relacionó una cosa con la otra.

Página vuelve a dudar del “paro”

El “jueves santo”, el periodista de Página/12, Fernando Krakowiak volvió a cuestionar el uso del término “paro” que hicieron el resto de los matutinos. Señaló que “resulta llamativo que se promocione un ‘paro agropecuario’, cuando tranqueras adentro la peonada garantiza que la actividad siga siendo relativamente normal y cuando lo único que se deja de comercializar es un producto que genera un fuerte impacto en la opinión pública y que se puede retener algunos días sin correr riesgos de tener que afrontar pérdidas significativas, tal es el caso de la hacienda”.

Contrapunto entre Página y Crítica

La construcción de la noticia sobre la protesta incluyó también un contrapunto entre dos diarios sobre un elemento concreto.

El “jueves santo” Página/12 editó en su tapa el título “Piquetes Benz” en donde se vio un auto Mercedes Benz en medio de un piquete rural (ver foto). El matutino intentó así graficar la clase social a la que supuestamente pertenecen los manifestantes.

Al día siguiente, Crítica publicó un recuadro titulado “El piquetero rural que no era piquetero ni rural”. El matutino habló con Alberto Raúl Antoliche, el dueño del auto aparecido en la tapa de Página/12 del día anterior, quien “no es dirigente agrario ni productor” y “no tiene nada que ver con el reclamo contra las retenciones”.

El diario señaló que Antoliche “dirige la construcción de un hotel en San Pedro” y según le dijo a Crítica, “voy dos o tres veces por semana. Ayer fui a ver cómo andaba la obra y me encontré con el piquete; me asusté un poco, pero bajé la velocidad y pude pasar entre el fuego. Tuve un poco de miedo a que me rayaran el auto, pero nada más que eso”.

Crítica consideró que “desde un perfil ideológico opuesto, el episodio recordó una tapa de la revista La Primera. Su dueño, Daniel Hadad, utilizó la foto de un jujeño y le hizo borrar un diente, para ilustrar una tapa sobre la invasión de inmigrantes del altiplano a la Argentina”.

Zaiat dice que “no importa nada”

También el miércoles 26, el editor de economía de Página/12, Alfredo Zaiat, publicó una columna de opinión titulada “No importa nada”.

Allí puso un largo ejemplo: “Telefónica y Telecom deciden cortar el servicio de telefonía porque consideran que su rentabilidad no es la adecuada y para restablecerlo exigen un aumento de tarifas. Edesur y Edenor informan que en reunión de directorio adoptaron una medida que afectará a los usuarios porque los dejaran sin luz ante la tosudez de un gobierno que no quiere subir las tarifas. Las empresas de colectivos, las grandes y las pequeñas, impulsan un lockout ante lo que evalúan como una política oficial equivocada de no elevar el precio de los boletos. Las petroleras YPF, Shell, Esso y Petrobras dejan de abastecer las estaciones de servicios para enviar el mensaje que quieren cobrar las naftas más caras. Empresas oligopólicas productoras de alimentos, como Molinos de Pérez Companc y Ledesma de Blaquier, interrumpen los envíos al mercado, porque están en contra de la intervención de la Secretaría de Comercio”.

Luego se preguntó: “La mayoría pensaría que resulta descabellada esa respuesta empresaria, comportamiento que se definiría como antisocial y perturbador. ¿Cuál sería la reacción mediática ante semejante presión patronal que afecta a millones, en especial a los más vulnerables? ¿Dejar sin teléfono, luz, medios de transporte, combustible y alimentos sería aplaudida, acompañada y festejada con cacerolazos? Da la impresión de que no, aunque no habría que descartar sorpresas entre los que ya se sabe e incluso en algunos progresistas culposos”.

En otro párrafo, Zaiat consideró que “pocas medidas patronales han sido de tan manifiesto desprecio hacia el prójimo. Y lo que no deja de asombrar es que la mayoría de los medios pueda considerar ‘justa’ semejante agresión a la población”.

Zuleta y los canales de TV

El editor de política de Ámbito Financiero, Ignacio Zuleta, prefirió poner en foco en la televisión. El miércoles 26 publicó una nota titulada “Todos los fantasmas juntos” en donde afirmó que una vez finalizado el discurso de Cristina Kirchner, “el coro de canales de TV que hasta hace unas horas han sido complacientes con el Gobierno conectaron con los movileros instalados en los principales cortes del campo”.

Wainfeld insiste con la crítica

El viernes 28, cuando los diarios editaron el discurso de la Presidenta en Parque Norte, Wainfeld volvió a criticar a los medios desde su columna en Página/12 titulada “Las cartas sobre la mesa”.

Señaló allí que “durante años, cualquier embotellamiento derivado de cortes de calles o rutas fue tildado como ‘caos’ por la mayoría de los medios y los comentaristas. El tractorazo, cuyo nivel de lesividad fue comparativamente altísimo, fue titulado como ‘paro histórico’. Las palabras algo indican. Pertenecer tiene sus privilegios”.

Agregó que “en el devenir de los cortes hubo también escenas de violencia, golpizas, un apuñalado en Chivilcoy, un hombre que murió tras haberse cerrado el paso a su ambulancia en Laboulaye. Todos saben que esas acciones no describen ánimo criminal sino exaltación y pérdida del mínimo sentido solidario. De todas maneras hubiera sido simpático algún reproche en los grandes medios a esos episodios. Dejamos para otro día hacernos cruces imaginando qué no se hubiera dicho si los manifestantes que ‘cerraron la tranquera’ a una ambulancia con un enfermo terminal hubieran sido piqueteros”.

Por último, consideró que “la acción directa siempre tiene una dosis de violencia, cuanto menos simbólica. También la hubo en la narrativa de tantos medios, que alcanzó picos memorables. Este cronista escuchó a dos colegas, una movilera y una conductora reconocida, discernir entre la ‘gente normal’ y los piqueteros que estaban en Plaza de Mayo el martes. La movilera tipificaba la normalidad: clase media alta. Ninguna se explayó sobre los rasgos distintivos de los anormales. ¿La pigmentación de su piel? ¿Su ideología? ¿La calidad de su vestimenta? El lector puede hacer su menú, que quizá contenga platos combinados”.

Clarín y La Nación, afuera de la discusión

La principal conclusión que ofrece este relevamiento es que en los diarios Clarín y La Nación, ninguno de sus analistas tomó en cuenta el peso que tienen los medios a la hora de construir agenda pública. Ambos matutinos se quedaron sólo en los “análisis políticos” de la tensión entre el Gobierno y las entidades agrarias o en los panoramas económicos referidos a la actividad agroganadera. Sobre la incidencia de las coberturas mediáticas en la agenda, no hubo menciones (apenas Carlos Pagni criticó lateralmente las “operaciones de prensa” del Gobierno, a las que no identificó).

Cabe consignar aquí que ambos diarios tienen intereses en el mundo del agro. Al menos públicamente se sabe que las dos empresas son socias en la feria agropecuaria “Expoagro” que año a año ofrece un importante despliegue de publicidad y cobertura en las páginas de ambos matutinos.

Sólo los diarios Página/12 (cuyas críticas a la construcción mediática fueron funcionales a los planteos del Gobierno), el nuevo Crítica y Ámbito, consideraron que un análisis político y la edición de la información, no puede dejar de lado el rol que los propios medios cumplen en la disputa por el control de la agenda.


MEDIOS Y PERIODISTAS VISTOS POR LA UNIVERSIDAD

El pasado 1° de abril, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA aprobó una resolución sobre la cobertura que los medios realizaron del lockout agrario. Allí hubo fuertes críticas a las empresas periodísticas y pedidos a las autoridades públicas para que intervengan ante posibles violaciones de las normas. Esta recomendación fue tomada por el Gobierno Nacional para fundamentar la necesidad de crear un Observatorio de Medios, tomando como base la experiencia realizada por el INADI, el COMFER y el Consejo Nacional de la Mujer.

Buenos Aires, 1 de abril de 2008.

VISTO, la actuación de la mayoría de los medios de comunicación con motivo de la cobertura del lockout planteado por los productores agropecuarios; y

CONSIDERANDO, que los medios de comunicación son mayoritariamente empresas configuradas como sociedades comerciales que aún cuando desarrollen una actividad comercial lícita, cabe reclamárseles responsabilidad ética y función social distintivas.

Que aquello con lo que trabajan y construyen sus agendas son mensajes en los que las palabras y las imágenes pesan de modo extraordinario en los que las informaciones, opiniones, puntos de vista, recortes de la realidad, son todas de una indudable y creciente influencia social y política;

Que el reconocimiento al derecho a la información como derecho humano importa garantizar no sólo la libertad de expresión sin censura previa por los propietarios de los medios de comunicación y los periodistas, sino también y fundamentalmente los derechos de quienes reciben informaciones y opiniones como un derecho humano esencial de contenido individual y social de doble vía;

Que, durante el tratamiento periodístico de los hechos vinculados al lock out de la actividad agrícola-ganadera, han existido expresiones de periodistas – no corregidas ni enmendadas por colegas del propio medio o sus superiores – que lejos de importar afirmaciones de hechos o apreciaciones opinables, llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas, y por la supina ignorancia que revelan;

Que el público de los medios ha recibido muestras inadmisibles de trato discriminatorio de los actores sociales según su capacidad económica o su pertenencia de clase ante formas similares de reclamo de derechos;

Que la gran bonanza económica que vive la producción agropecuaria pos devaluación ha generado un mercado publicitario extraordinario para los medios de comunicación, verificada por la proliferación de espacios dedicados a la información rural, no debería influir explícitamente en la línea editorial de los distintos medios, sin perjuicio de que sería hacer conocer al público de modo ostensible el listado y compromiso económico aportado por los anunciantes.;

Que ha sido notoria la ausencia de contrastes en las posiciones dadas a conocer en los medios sobre las medidas de las cuatro entidades que las convocaron así como sobre sus causas y consecuencias.

Que ello pone de manifiesto, en particular para los medios audiovisuales una constatación empírica de la necesidad de la sanción de una ley democrática de radiodifusión que garantice los derechos del público a acceder a información plural, lo que conlleva la existencia de medidas tendientes a controlar los procesos de concentración mediática y de maniobras de monopolio informativo;

Que aunque en este contexto hace difícil para los hombres de prensa hacer oír sus voces cuando no comparten las líneas editoriales, ello nunca puede suponer la admisión de expresiones discriminatorias como naturales a la profesión y respetuosas de las líneas éticas de la misma.

Que ocurre lo propio, y es igualmente preocupante, respecto a la carencia de comunicaciones públicas de los medios que pongan de manifiesto preocupación por los dichos discriminatorios de quienes actúan por sus cámaras, micrófonos o páginas.

Que los propios periodistas, a través de sus diversas organizaciones, deben hacer públicas sus reflexiones ante actitudes antidemocráticas o discriminatorias de sus colegas y los medios de comunicación;

Que existen organismos del Estado que están facultados para aplicar sanciones o hacer públicas sus consideraciones respecto de quienes cometen acciones discriminatorias

Que para nuestra Facultad, que alberga a la Carrera de Ciencias de la Comunicación, los medios de comunicación y la actividad de los periodistas profesionales constituyen dos de sus principales objetos de estudio;


EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES RESUELVE:

Artículo 1º- Expresar el repudio a las expresiones discriminatorias a las que hemos asistido con motivo del conflicto provocado por el lock out de los productores agropecuarios, tanto por las referencias de clase o por invocar el color de la piel o la situación social.

Artículo 2º- Exhortar al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) para que en el ámbito de sus facultades:

a) realice campañas por vía de la utilización de espacios para la difusión de cuestiones de interés público (art. 72 Ley 22.285) que pongan en conocimiento de la comunidad argentina la existencia de reglas antidiscriminatorias
b) Proceda a realizar las actividades previstas en la Propuesta Nº 208 del Plan Nacional contra la Discriminación, aprobado mediante el Decreto Nº 1086/05 por medio del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, y de acuerdo a sus objetivos, en los espacios referidos en el punto anterior publique el seguimiento de los contenidos de las emisiones de radio y televisión referidas en los considerandos y difunda las conclusiones respectivas.
c) Realice las investigaciones del caso a fin de dirimir si durante dichas coberturas se han dado a la difusión pública expresiones de contenido antidemocrático o de cuestionamiento a la vigencia del estado de derecho.

Artículo 3º- Invitar a la distintas organizaciones de periodistas profesionales a que realicen un llamado de atención a sus afiliados y socios respecto de las faltas éticas graves que se han cometido durante la cobertura de las manifestaciones derivadas del conflicto por la renta agraria. Como así también a que convoquen al ejercicio responsable en el tratamiento de la información.

Artículo 4º- De forma.