RECLAMAN LA DEVOLUCIÓN DE 70 MILLONES MAL COBRADOS POR LA EPE

La Fundación Derecho Social de la ciudad de Santa Fe presentó un reclamo ante el directorio de la Empresa Provincial de la Energía por la retención indebida del 6% de la facturación bruta en concepto de un canon por el uso del espacio aéreo. La entidad sostiene que el dinero recaudado con este fin alcanza los 70 millones de pesos y debe ser reintegrado a los usuarios. El caso recupero notoriedad a partir de la información publicada en nuestro blog. Vea el texto completo del reclamo.

Santa Fe, 13 de agosto de 2008
Sres. Directorio EPE
Presente

Domingo Rondina, abogado, en mi carácter de Presidente, y apoderado general y pleno de la Fundación Derecho Social (FDS), asociación registrada conforme a la ley mediante resolución 683/04 de la IGPJSF, me presento en los términos de los artículos 41 y 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional, y en tal carácter solicito ser tenido.

Que hemos tomado noticia a través de los medios periodísticos (http://noticiasfueradefoco.blogspot.com/2008/08/un-olvido-que-vale-millones.html) de la problemática planteada con respecto al gravamen previsto en el artículo 1 de la ley 7797.

Allí se fijó un gravamen del 6% de la facturación bruta que debía pagar la vieja DPE a los Municipios y Comunas. Ese gravamen fue a partir de entonces trasladado a los usuarios.

Como seguramente es de vuestro cabal conocimiento, la ley 11727 por su artículo 129 derogó expresamente la ley provincial 7797. Sin embargo, la misma norma en su artículo 128 eximió a la nueva empresa de todo tributo comunal o municipal, salvo el 6%, que trasladaba a los usuarios.

La ley 11727 se derogó por ley 12700, que restableció la 10014, pero no la 7797, que nunca recuperó vigencia. Y la ley 12700 no impuso el gravamen del 6%. Con lo cual la EPE ya no tuvo la obligación de abonarle a Municipios y Comunas el gravamen. Y por ende perdió título para requerir a los usuarios el pago de aquello que ya no tenía causa legal. Es decir: ni quedó obligada a pagar ni quedó con autorización alguna para cobrar.

De esta breve reseña legal se extrae con claridad que la EPE viene enriqueciéndose sin causa, mediante una retención indebida, desde el mes de enero de 2007, en que la ley 11727 perdió definitivamente vigencia y el tributo desapareció del mapa legal.

Desde entonces, si pagó, pagó mal; y si cobró, fue indebidamente.

Esto ha quedado finalmente demostrado (como señala la investigación periodística) desde que la Honorable Cámara de Diputados aprobó este agosto de 2008 un proyecto para volver a establecer el tributo que preveía la ley 7797 y la 11727. Con lo cual se acepta que el tributo no existe actualmente.

Según el presupuesto para 2008, la EPE prevé recaudar la suma de $38.000.000 (treinta y ocho millones de pesos) en el año, para pagar este tributo que no está obligada a pagar. Esto implica más de 3 millones por mes que se le quitan sin causa a los usuarios.

Si contamos los veinte meses en que se está percibiendo dicho tributo desde su derogación, arribamos a la suma de $70.000.000 (setenta millones de pesos) que ha sido ilegalmente retenida a los usuarios, sin contar los intereses por los meses de privación de ese dinero.

Según la ley 24.240 deben reintegrar lo ilegalmente retenido y abonar una indemnización por ese abuso.

Sería conveniente que la EPE evite miles de juicios en su contra que (costas incluidas) terminarán pagando el sistema eléctrico y –nuevamente- los usuarios. Debería establecerse un mecanismo de reintegro en las próximas facturas, previa determinación del alcance de la injusta retención.

Por eso, y para darle una pronta solución a un tema tan grave, requerimos de ese Directorio que constituya una Comisión de la Empresa, junto con representantes de los usuarios, y con técnicos contables idóneos, para determinar puntualmente la suma exaccionada y el modo de reintegrarla proporcionalmente a los usuarios.

Ello obviamente no implica liberar a los funcionarios responsables de semejante desmanejo de las consecuencias patrimoniales y penales de su accionar.

En caso de falta de respuesta, negativa o evasiva, esta ONG, en uso de sus facultades, se presentará a la justicia para que se le imponga a la EPE la inmediata devolución de lo ilícitamente quitado a los ciudadanos. Dejamos formuladas las reservas de acciones y derechos para tal caso.

Sin otro particular, saludamos atentamente.