lunes, septiembre 8

UN TOPE PERMANENTE PARA EL AUMENTO DE LA TASA MUNICIPAL

El intendente Mario Barletta anticipó que el tope fijado para el aumento de la Tasa General de Inmuebles será de carácter permanente. Luego de aprobada la reforma impositiva municipal, el Decreto 651/08, suspendió por el término de seis meses el pago de cualquier incremento que supere el 200%. Este beneficio terminaba con la cuota de diciembre. Respuesta política al reclamo de vecinalistas y oposición.

Luego de aprobada la nueva Ordenanza Impositiva Anual, que estableció importantes incrementos en la Tasa General de Inmuebles, la gestión de Mario Barletta enfrentó la crítica de la oposición justicialista y de numerosas vecinales de la ciudad. La respuesta del oficialismo fue establecer hasta diciembre un tope en los incrementos, con la promesa de estudiar los casos que pudieran considerarse excesivos.

Este criterio quedó plasmado en el Decreto 651 - firmado el 10 de julio de este año - donde se establecía la suspensión por el término de seis meses del “pago de toda diferencia que supere el doscientos por ciento (200%) de incremento, resultante de la implementación de los nuevos valores derivados de la aplicación de la Ordenanza Nº 11.498”.

En los fundamentos del decreto se señalaba, que “aparece necesario suspender cualquier aumento de dicha presión tributaria que eleve por encima del doscientos por ciento (200 %) el incremento que pudiera resultar en comparación con las anteriores liquidaciones, a los fines de evaluar dichos casos con mayor detenimiento en aras de la corrección de eventuales situaciones injustas”.

Si bien esta decisión fue recibida con alivio por parte de los contribuyentes, desde el Partido Justicialista y el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical, advirtieron que la situación se agravaría a partir de diciembre cuando entren en vigencia los aumentos plenos de la TGI, tal como fueron votados por el Concejo Municipal. Según denunciaron los ediles de la oposición, la combinación de las nuevas alícuotas y el revalúo de los inmuebles, provocaría incrementos en la tasa superiores a los reconocidos por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Adelantándose a esta posibilidad, el intendente Mario Barletta decidió que el tope del 200% para los aumentos de la Tasa General de Inmuebles será de carácter permanente. El dato fue revelado por el propio funcionario en una entrevista concedida al programa Rueda de Prensa de Cablevisión.

- ¿Cómo va a quedar la tasa municipal a partir de diciembre?

- Creemos que va a quedar tal cual esta. En realidad lo que nosotros hicimos a través de un decreto, que tiene que ratificar el Concejo Municipal, fue definir (un tope) ante algunos casos que se habían salido de la curva que nosotros pretendemos que sea equitativa entre los diferentes sectores de la ciudad. Por eso tomamos esa medida precautoria.

- O sea que van a prolongar la vigencia del tope del 200%...

- No es una prolongación, simplemente dejamos establecido ese tope del 200% en aquellos casos, que insisto son mínimos, y que por algún motivo se escapaban de lo que nosotros habíamos previsto.

Pero más allá del juego semántico sobre la “prolongación” o no del tope, lo cierto es que Mario Barletta, decidió que a partir de diciembre ningún contribuyente de la ciudad de Santa Fe pagará una Tasa General de Inmuebles con aumentos superiores al 200%, respecto a los valores abonados el año pasado.

Solo resta esperar, calculadora en mano, que la primera boleta de la TGI - 2009 sea tirada por debajo de nuestra puerta.

domingo, septiembre 7

COLCHONES PELIGROSOS

Centenares de presos murieron en las cárceles argentinas asfixiados por la quema de colchones de espuma de poliuretano. A partir de estas consecuencias algunos fallos judiciales recomendaron la utilización de materiales ignífugos. Contrariando esta tendencia, el Servicio Penitenciario de la Provincia comprará 2.500 colchones fabricados con este peligroso elemento.

En la historia penitenciaria argentina, centenares de presos encontraron la muerte dentro de sus celdas, intoxicados por el humo que provoca la quema de colchones de espuma de poliuretano durante los frecuentes motines. La combustión de estos elementos genera un potente asfixiante químico llamado ácido cianhídrico.

En 1978, en la cárcel de Devoto murieron por asfixia y quemaduras 60 internos y otros 85 resultaron heridos. En 1990, en el penal de Olmos ocurrió algo muy parecido y fallecieron 35 detenidos. En octubre de 2005, en el penal de Magdalena, otros 30 detenidos perdieron la vida por el humo de los colchones. Dos años más tarde, en el Penal de Varones de Santiago del Estero, 34 personas fallecieron durante un incendio.

Lo mismo ocurrió en nuestra provincia, el 15 de noviembre de 2000, durante un motín en la Comisaría 25 de Villa Gobernador Gálvez. Allí murieron quemados y asfixiados 13 detenidos. Cerrando esta zaga provisoria, debemos recordar que en diciembre de 2004 y febrero de 2005, tres jóvenes que estaban alojados en la División de Asuntos Juveniles de nuestra ciudad, fallecieron a causa de la quema de colchones.

En todos estos años, cada vez que ocurría alguna tragedia carcelaria, las autoridades de las jurisdicciones involucradas acusaban a las presos de provocar su propia muerte; desconociendo el alto riesgo que significaba tener en las celdas material peligroso y altamente inflamable como la espuma de poliuretano.

Esta situación no es desconocida para los funcionarios de los servicios penitenciarios de las provincias. Luego del gran incendio en Olmos, la Corte Suprema de Nación condenó al Estado de la Provincia de Buenos Aires a pagar daños y perjuicios y le exigió la utilización de elementos ignífugos. Un pedido similar se reiteró luego de la tragedia en el penal de Magdalena. En tanto, la Secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, obligó al Ministerio de Obras Públicas de la provincia a cambiar todo el revestimiento de espuma de poliuretano que se había colocado en las paredes de la nueva cárcel de Rosario.

A pesar de estos antecedentes, el Servicio Penitenciario de la Provincia se apresta a comprar colchones de la mortífera espuma de poliuretano a través de la Licitación Pública Nº 55/08.

Si el trámite sigue su curso normalmente, el próximo martes 9 de septiembre se conocerán las ofertas de los interesados en venderle a la provincia, 2.500 colchones de una plaza de espuma de poliuretano, con funda de tela no tejida y ribeteado en todo su contorno con vivo de tela no tejida, según consta en el pliego licitatorio.

Antes de lanzar la Licitación Pública Nº 55/08, la provincia intentó en varias oportunidades adquirir colchones ignífugos, pero por razones formales las ofertas recibidas fueron desestimadas. Durante el año 2007 se iniciaron cuatro procedimientos de compra directa para adquirir estos elementos. Se invitó a 16 empresas para que presenten sus ofertas, contando con un presupuesto oficial de $ 690.000 ($ 276 por pieza). Varias firmas cotizaron pero todas fueron rechazadas por la comisión de adjudicación.

Ahora se vuelve a insistir con un tipo de material que provoca controversias en todo el país. Mientras la justicia y las organizaciones de derechos humanos advierten que la utilización de colchones de espuma de poliuretano incrementa el riesgo de muerte para los detenidos en caso de incendio o motín; los funcionarios penitenciarios aseguran que los colchones de material ignifugo pueden ser transformados en escondites de armas blancas, lo cual obligaría a incrementar la frecuencia de las requisas, con el consiguiente aumento del malestar entre los presos. Frente a esta disyuntiva, el gobierno de la provincia se inclino por la tesis construida desde el pragmatismo del Servicio Penitenciario.

ABRIERON EL ARCHIVO DE LA COMISIÓN NOGUERAS

El Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado resolvió levantar el secreto sobre los documentos producidos por la Comisión Investigadora del ex Banco de la Provincia de Santa Fe. El organismo fue creado en 1997 a raíz de las numerosas irregularidades denuncias por diferentes sectores gremiales y políticos de la provincia. Estuvo presidida por el abogado demócrata cristiano Alberto Nogueras. Durante la pesquisa se detectaron maniobras que involucraron cientos de millones de pesos. Varias causas judiciales comprometieron a empresarios y funcionarios del Partido Justicialista. Toda la prueba documental reunida por esta comisión investigadora estaba guardada en el Archivo General de la Provincia protegida por el régimen del “secreto bancario”.

La Comisión Investigadora del ex Banco de la Provincia de Santa Fe fue creada por el gobernador Jorge Obeid el 3 de febrero de 1997. Estuvo presidida por el abogado demócrata cristiano Alfredo “Pichón" Nogueras, amigo personal del entonces gobernador, quien luego de varios meses de pesquisa presentó su informe final en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

El trabajo de esta comisión investigadora abarcó una veintena de contratos celebrados por el Directorio de la entidad bancaria del estado santafesino; también indago sobre irregularidades en los créditos otorgados; la concentración de los prestamos en un grupo de empresas; la injerencia del Partido Justicialista para favorecer el financiamiento de determinados emprendimientos privaos; y el desvió de fondos para asistir al gobierno de la provincia. Nunca se pudo precisar el costo del saqueo al que fue sometido el Banco de la Provincia de Santa Fe, antes de su privatización, pero un cálculo conservador ubica la cifra en varios cientos de millones de pesos.

En el prólogo de su libro “Investigación del Banco de la Provincia de Santa Fe. Democracia o corrupción”, el titular de la comisión especial, Alfredo Nogueras, escribió: “La institución investigada estuvo ganada, en algunos lapsos prolongados, por una corrupción generalizada, impulsada por la impunidad de que gozaban sus autores y que se puede constatar por la falta de reacciones políticas y judiciales, ante la anómala situación. A la Comisión no le quedó duda de que el estado económico financiero en que se encontraba el Banco al momento de la investigación, que no era para nada envidiable, era fruto directo de aquella corrupción generalizada, con responsables dentro y fuera del banco”.


Luego de terminado, el informe final de la Comisión Nogueras fue enviado a la justicia, ya sea, para aportar pruebas en causas preexistentes o abriendo el camino para nuevas investigaciones en los juzgados de Rosario y Santa Fe. Pero la mayoría de estos trámites fueron triturados por la maquinaria de la impunidad santafesina. Primero fueron paralizados, luego se buscó la prescripción y finalmente se trabajó para el olvido. El pacto de silencio y protección se completó con el ocultamiento de la formidable prueba documental reunida sobre las maniobras que terminaron con el vaciamiento del ex banco provincial.


La novedad surgió la semana pasada cuando gran parte de esos documentos perdieron la protección del secreto bancario. A través de la Resolución Nº 0393 del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, se establecieron los grados de accesibilidad, confidencialidad y plazos de comunicabilidad, de los documentos producidos por la Comisión Investigadora del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M.

Estos documentos habían sido remitidos al Archivo General de la Provincia, para su guarda y conservación, bajo el amparo del Artículo 39° de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, que regula el “secreto financiero”. Sin embargo, de acuerdo a la nueva interpretación del gobierno provincial, una parte de estos documentos pasan a ser de libre acceso al público; quedando otra parte de los papeles resguardada hasta el año 2028 en la orbita del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. en Liquidación y/o el Ministerio de Economía de la Provincia.

De acuerdo a la nueva reglamentación, serán de libre acceso los documentos que integran el Anexo I de la Resolución Nº 0393 del MGyRE, entre los que se pueden destacar: Dictamen Final; Conclusiones y Dictámenes de las subcomisiones “Contrataciones”, “Relación entre el Gobierno y el Banco de Santa Fe”, “Jurídica” y “Denuncias”; Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Investigadora; Libro de Actas de las Asambleas Plenarias de la Comisión Investigadora; Cassettes con las grabaciones de los Plenarios de la Comisión; Indicadores de Gestión Año 1980/1995; Carpeta con archivos periodísticos; Correspondencia de la Comisión; y Carpeta con denuncias de particulares.

Por otra parte, existe un grupo de documentos que sigue protegido bajo el secreto bancario hasta el 30 de Junio de 2028, pero que puede ser solicitado por los particulares por la vía de las “autorizaciones excepcionales”. Según el Artículo 5º de la Resolución Nº 0393, los beneficiarios de las “autorizaciones excepcionales” para acceder a los documentos de carácter restringido “deben observar las leyes relativas al respeto de la vida privada y a la protección de los intereses públicos”.

En este segundo lote de información se destacan los siguientes materiales: Informe Universidad Tecnológica Nacional: Evolución de deuda, evolución global y análisis individual por cliente; Informe de la Universidad Nacional del Litoral; 1.500 fojas con la situación individual de los deudores; Informe Universidad Nacional de Rosario; antecedentes remitidos por Fiscalía de Estado de la Provincia; antecedentes remitidos por el B.C.R.A.; 30 casetes de la totalidad de las personas citadas o que comparecieron por presentación voluntaria y desgrabación de los mismos; Copia del Expte. Nº 378 bis/93, caratulado “Ghezzi, Luis s/Denuncia”, que se tramita por ante el Juzgado de Instrucción de la 3ª. Nominación de Santa Fe, a cargo del Dr. Julio César Costa, Cuerpo 1 y 2; Informes de Auditorias Internas y Externas; Antecedentes Licitación Pública 1043 IBM e Informe Técnico del CERIDE sobre Causa 1307/94; Antecedentes causas Fiscal Edgar López; y una caja conteniendo 10 (diez) disquetes sobre el estado de los Juicios del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. divididos por regionales y 3 (tres) disquetes de listados de deudores divididos por regiones centro, sur y norte.

El 29 de agosto pasado se cumplieron once años de la presentación del Informe Final de la Comisión Investigadora. A pesar de las pruebas reunidas, la justicia local defeccionó a la hora de castigar a los responsables del saqueo de la entidad crediticia. Quizás sea el momento para que la sociedad civil santafesina aproveche la apertura de estos archivos y construya “el juicio de la historia” que la provincia se merece.

AGUA SUCIA

Un informe publicado por el diario Clarín alertó sobre la presencia de arsénico en el agua de consumo en varias provincias y disparó la preocupación sobre la situación sanitaria en Santa Fe. En diciembre de 2007 el ENRESS reveló que 237 servicios de agua potable de municipalidades, comunas y cooperativas no cumplían con los parámetros de calidad de la Ley Nº 11.220. El organismo fijó plazos para que se modifiquen estas anomalías. Ahora se conoce un informe de la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia que detectó preocupantes niveles de contaminación en las perforaciones domiciliarias que abastecen de agua a varios barrios de la capital provincial y otras localidades.

Un informe publicado por el diario Clarín, el pasado 4 de septiembre, con la firma de la periodista Sibila Camps, reactualizó el debate sobre las consecuencias de la presencia de arsénico en el agua que consumen 4 millones de argentinos. La nota señala que una investigación de la Secretaría de Ambiente de la Nación identificó áreas arsenicales en al menos 16 provincias, advirtiendo que el consumo crónico de agua con arsénico es un factor de riesgo alto para el cáncer de vejiga y de pulmón. Además está asociado a diabetes, neuropatías, hipertensión y nefropatías.

A partir de este cuadro de situación, la Sociedad Argentina de Dermatología iniciará en los próximos días la 3ª Campaña Nacional de Información y Concientización sobre la Presencia de Arsénico en el Agua de Consumo. El objetivo de la SAD es crear un registro de afectados por el hidroarsenicismo; para ello, los dermatólogos recibirán una ficha, donde asentarán datos del paciente, zona de residencia, fuente de la que consume agua y signos de intoxicación con arsénico.

Esta información tuvo un gran impacto en nuestra provincia. El oeste de Santa Fe es una de las zonas con mayor presencia de arsénico en las napas donde se capta el agua para consumo. Esta realidad conocida hace décadas recién comenzó a ser atendida con el proyecto de los Grandes Acueductos lanzados en el último gobierno de Jorge Obeid.

Pero el debate sobre la calidad del agua que consumen los santafesinos, también reflotó un trabajo del Enress donde se sistematizó la información disponible de los 334 prestadores que abastecen de agua potable a las 292 localidades de la provincia no incluidas en el área atendida por ASSA. El dato revelador es que 237 de estos servicios presentan anomalías químicas de distinta magnitud e importancia sanitaria en su fuente de provisión, para los cuales, el ente de control estableció plazos diferenciales para su corrección de acuerdo a la gravedad de cada caso.

Según se desprende de la Resolución Nº 0740, firmada el 7 de diciembre de 2007, el Directorio del organismo encomendó la elaboración de un informe “relacionado con los numerosos servicios de agua potable de esta Provincia que proveen agua con anomalías químicas, cuya corrección requiere de la implementación de obras y/o instalaciones y plazos para su ejecución”. El trabajo estableció que 237 servicios “presentan desvíos en la calidad química del agua con relación al Anexo A de la Ley Nº 11220”, aclarando que “las concentraciones halladas no tienen incidencia en la salud cuando se los ingiere en el agua de bebida”.

De esta manera, la Resolución Nº 0740 calificó a los prestadores según la calidad físico química del agua que suministran y los dividió en cuatro grupos: I de calidad buena, II de calidad aceptable, III de calidad regular y IV de calidad inaceptable. En este último grupo se ubican 48 localidades de la provincia.

La existencia de esta resolución fue revelada por Fuera de Foco (AGUA POTABLE DE MALA CALIDAD – 8 de Enero de 2008). En aquella oportunidad, el vicepresidente del Enress Oscar Lanzamidad, señaló: “Hay distintas zonas geográficas de la provincia de Santa Fe donde la calidad del agua que se suministra no está ajustada a lo que exigen las normas aplicables, por eso lo que hizo el ente fue tipificar en cuatro grandes grupos a los prestadores que tienen problemas en la calidad del agua y se establecieron plazos para que la calidad del agua que proveen se vaya acercando a los parámetros establecidos”.

En función de esta calificación, se proponen distintos plazos para alcanzar los niveles de calidad exigidos; señalando que para “la extensión de los plazos se tuvo en cuenta la calidad del agua suministrada, en resguardo de la calidad de vida de los usuarios”.

Para los servicios comprendidos en el Grupo I el plazo de corrección será de 6 años; para el Grupo II de 5 años; para el Grupo III de 3 años, y para el Grupo IV de solo 2 años “con el objeto de mejorar lo antes posible la calidad de vida de los usuarios”.


Frente a la acumulación de información provocada por la nota de Clarín, el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe, salió al cruce del problema explicando que invertirán 50 millones de pesos para mejorar los servicios de agua potable de los 48 servicios ubicados por el Enress en la categoría de “calidad inaceptable”.

“El estado del saneamiento en la provincia es muy preocupante. Y la situación que se vive es producto de una ausencia de políticas de saneamiento. No se planificó a lo largo del tiempo qué se iba a hacer con el consumo de agua de las poblaciones y hemos llegado a esta situación”, dijo el ingeniero Hugo Orsolini, Secretario de Aguas de la provincia, al diario El Litoral, el pasado 3 de septiembre de 2008.

“El Ejecutivo nos ha autorizado a tomar un préstamo del ex banco residual de Santa Fe de 50 millones de pesos que van a aplicarse en primer término a este primer grupo. Son acreencias de la provincia que van a tener ese destino: hay una ley (de 2007) de la provincia que estipula que esos fondos podrán solamente ser empleados por empresas y sociedades del Estado. No podemos tomarlos, por eso recurrimos a Assa que hará la gestión, y como Aguas Santafesinas está dentro del Ministerio nos organizamos en forma conjunta para intervenir en esas poblaciones”, precisó el funcionario.

Si bien Orsolini señaló que se trata de pueblos muy aislados, ubicados en el norte de la provincia, lo cierto es que según el Enress los servicio de agua potable calificados como de “calidad inaceptable” abastecen a importantes comunidades de nuestra región, tales como: Barrio Las Paltas (cooperativa San José Rincón), Cayastá, El Trébol, Humberto 1º, Costa de Monte Vera (comuna Monte Vera), Costa del Chaquito (comuna Monte Vera), Los Zapallos, Perez, Recreo, Saladero Cabal, San Carlos Centro, San Carlos Sud, San Genaro, San Jerónimo Norte, San Jorge, San José del Rincón, Santa Rosa de Calchines (cooperativa), Santo Tome (barrios Loyola y Villa Adelina), Sauce Viejo, Tostado y Villa Guillermina.

Napas contaminadas

En los primeros meses de 2007, la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó una serie de análisis bacteriológicos y químicos en el agua de perforación que utilizan para higiene y consumo las familias 24 localidades de la provincia y 3 barrios de la ciudad de Santa Fe. Los estudios buscaban la presencia de contaminación microbiológica, Coliformes totales, Escherichia Coli, Nitratos y otros minerales. Las conclusiones de estos trabajos fueron publicadas recientemente y se encuentran disponibles para la consulta de público.

En líneas generales, una importante proporción de las muestras estudiadas contenía algún tipo de contaminación, lo cual indica, que el agua extraída de esas perforaciones no es apta para consumo humano. A modo de ejemplo vamos a describir los resultados obtenidos en barrio Los Troncos, Colastiné, Noroeste de nuestra ciudad, Monte Vera y San José del Rincón.

Barrio Los Troncos: Este sector de la ciudad carece de agua potable y de red de distribución. La población dispone de perforaciones domiciliarias. Estuvo afectado por las inundaciones pluviales de 2007. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la influencia de dicho fenómeno en la calidad del agua subterránea que dispone el barrio para consumo.
Se tomaron 47 muestras de pozos domiciliarios de lugares distribuidos aleatoriamente, dando prioridad a Escuelas, Dispensarios, Clubes, etc. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 24 muestras no presentan contaminación microbiológica. Representan el 51 % del total muestreado; 23 muestras presentan algún tipo de contaminación, el 48,9 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 3 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E.coli), el 6,4 % del total; 20 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), el 42,5 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220.

Zona Noroeste de la ciudad de Santa Fe: Estos barrios carecen en gran parte de agua potable y de red de distribución. La población dispone de perforaciones domiciliarias. La zona estuvo afectada por las inundaciones de 2007. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la influencia de dicho fenómeno en la calidad del agua subterránea destinada a consumo.

Se tomaron 65 muestras de pozos domiciliarios de lugares distribuidos aleatoriamente, dando prioridad a Escuelas, Dispensarios, Clubes, etc. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 41 muestras no presentan contaminación microbiológica, representan el 63,1 % del total analizado; 24 muestras presentan algún tipo de contaminación, el 36,9 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 8 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E.coli), el 12,3 % del total, no siendo aptas para consumo humano; 16 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), no siendo aptas para consumo humano.

De las 41 muestras aptas desde el punto de vista bacteriológico, se detectaron 15 que superan el límite obligatorio para Amonio y 1 que supera el límite obligatorio para Nitrato.

Colastiné: el sector se encuentra en la zona afectada por la inundación pluvial de 2007. No cuenta con red de distribución de agua potable y junto con La Guardia alcanza una población 4.500 habitantes. La Empresa Aguas Santafesinas (ASSA) provee de agua potable a la Escuela Nº 869 Julio A. Roca y pudo observarse una cisterna con acceso para el público, ubicada en las proximidades de la Toma de agua de la empresa. Algunos sectores de la población reciben, periódicamente, agua en bidones entregada por la Delegación Municipal La Guardia. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la calidad del agua utilizada para consumo humano que dispone la población.

Se tomaron catorce (14) muestras, incluyendo pozos domiciliarios y bajadas de tanque, en lugares distribuidos aleatoriamente en la localidad. Se dio prioridad a las Escuelas, Centro de Salud, Centro de Acción Familiar y a las zonas más carenciadas. Las muestras se extrajeron según técnicas estandarizadas, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 7 muestran presentan algún tipo de contaminación microbiológica, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 5 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coniformes totales); y 1 muestra presenta contaminación fecal (presencia de E. coli).

El informe aclara que en el caso de las dos Escuelas y del Centro de Acción Familiar, solamente pudieron obtenerse muestras de bajada de tanque, por no contar las instalaciones con un grifo directo de la perforación.

Además, sobre las 13 muestras para las que se realizó la determinación de Nitrato, cuatro (4) presentan valores superiores al Límite Obligatorio establecido por la Ley 11.220, y cuatro (4) muestras, superan el Límite Recomendado. Solo 5 muestras presentan valores de Nitrato por debajo de dichos límites.

La muestra obtenida de la cisterna provista por ASSA, ubicada en la escuela Nº 869 “Julio A Roca”, cumple para los parámetros analizados con lo reglamentado en la Ley 11220.

“De acuerdo al número de muestras procesadas, el alto porcentaje de agua no apta para consumo desde el punto de vista tanto químico como microbiológico de este relevamiento es indicativo del alto riesgo sanitario que puede significar su consumo”, advierte el informe de la SEMAyDS.

“Se debe tener en cuenta que las fuentes de agua subterránea pueden variar sus características fisicoquímicas y microbiológicas, temporal y espacialmente. Esto se debe a la propia dinámica de los acuíferos subterráneos, a los aportes contaminantes de diversos orígenes, incidiendo también las características constructivas y de explotación de las perforaciones. Esta variabilidad puede alterar sus características de potabilidad”.

Monte Vera: Esta localidad, de aproximadamente 3000 habitantes en su planta urbana, dispone de agua potable y de red de distribución solamente en una zona; el resto de la población dispone de perforaciones domiciliarias. Estuvo afectada por las inundaciones de 2007, en la zona comprendida entre las vías del ferrocarril hacia el oeste. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la influencia de dicho fenómeno en la calidad del agua subterránea que dispone la población para consumo.

Se tomaron 51 muestras de pozos domiciliarios de lugares distribuidos aleatoriamente en la ciudad, y dando prioridad a Escuelas, Dispensarios, Clubes, etc. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente.

Conclusiones: 31 muestras no presentan contaminación microbiológica, representan el 60,8 % del total; 20 muestras presentan algún tipo de contaminación, el 39,2 % del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 7 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E.coli), el 13,7 % del total, no siendo aptas para consumo humano; 12 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), el 23,5 % del total, no siendo aptas para consumo humano.

Otras muestras aisladas presentan valores altos de Amoníaco, Nitrito, Hierro y Turbiedad, por lo que tampoco resultan aptas para consumo humano.

San José del Rincón: La localidad estuvo afectada por la inundación de 2007. Tiene aproximadamente 8.500 habitantes. Posee una planta de tratamiento de agua para consumo con red de distribución para un 90% de la población, y cuenta, además, con algunas canillas públicas. El relevamiento se llevó a cabo con la finalidad de determinar la calidad del agua subterránea utilizada para consumo humano que dispone la población no abastecida, tal como la de La Rinconada, Los Espinillos y de la zona de Acería próxima a la Ruta.

Se tomaron 25 muestras de pozos domiciliarios en lugares distribuidos aleatoriamente en los lugares citados. Se extrajeron según técnicas estandarizadas en recipientes descartables estériles, se transportaron refrigeradas al laboratorio y se procesaron inmediatamente:

Conclusiones: 10 muestras presentan algún tipo de contaminación microbiológica, el 40% del total, no siendo aptas para consumo humano según ley Provincial 11.220; 7 muestras tienen contaminación no fecal (presencia de Coliformes totales), el 28% del total; 3 muestras presentan contaminación fecal (presencia de E. coli), un 12% del total, no siendo aptas para consumo humano.

Sobre las 25 muestras también se realizó la determinación de Nitrato: 4 muestras presentan valores superiores al Límite Obligatorio establecido por la Ley 11.220, representando un 16 % de las analizadas y tres (3) muestras, un 12 % del total, tienen valores que superan el Límite Recomendado. Además, 5 muestras presentan valor de Nitrito superior al Límite Obligatorio de la citada ley, un 20 % de las analizadas; 10 muestras, un 40% del total, presentan los parámetros analizados dentro de los límites establecidos en la Ley 11.220.

El informe de la SEMAyDS concluye que: “De acuerdo al número de muestras procesadas, el alto porcentaje de agua no apta para consumo desde el punto de vista tanto químico como microbiológico de este relevamiento es indicativo del alto riesgo sanitario que puede significar su consumo”.

DESMONTE ILEGAL EN LA ZONA DE ROMANG

La organización ambientalista Planeta Azul denunció ante las autoridades comunales y provinciales el la tala desmedida de un monte, ubicado a 6 kilómetros de la localidad, sobre el arroyo Malabrigo. Pese al reclamo formulado, ningún inspector de la Secretaria de Medio Ambiente se hizo presente en el lugar. A partir de la Ley Nacional de Bosques en la provincia no se pueden autorizar nuevos desmontes.

El sábado 30 de agosto, integrantes del grupo ecologista Planeta Azul constataron la tala de un monte ubicado a 6 kilómetros de Romang (departamento San Javier) sobre la costa del arroyo Malabrigo. Según explicó Roberto Lerf, la superficie arrasada hasta el momento, alcanza las 50 hectáreas y el trabajo de las máquinas prosigue sin ningún tipo de obstáculo.

La noticia original fue difundida por Radio Amanecer de la ciudad de Reconquista y tuvo una amplia repercusión en el norte provincial. A pesar de esto, la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia, no ha tomado intervención directa en el caso.

Según la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte, hasta tanto no terminen de confeccionar un plan de ordenamiento territorial de sus zonas boscosas, aplicando diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo.

Si bien la provincia de Santa Fe concluyó la primera etapa de este trabajo de zonificación - que fue presentado en diciembre del año pasado - donde se corroboró la perdida de superficie boscosa entre 1994 y 2006; hasta tanto no concluya la segunda etapa del proceso, los permisos de desmonte se encuentran suspendidos.

De acuerdo al estudio titulado: “Zonificación del Bosque Nativo sobre la Parcela Rural de la Provincia de Santa Fe por medio de Imágenes Satelitales”, en el departamento San Javier (donde se encuentra ubicada la localidad de Romang) se perdieron 3.915 hectáreas de bosques entre 1994 y 2006, lo que equivale al 10% de la superficie boscosa de la jurisdicción.

Por ello, resulta preocupante la falta de respuesta oficial, frente la denuncia de desmontes no autorizados en la zona del arroyo Malabrigo.