domingo, octubre 19

SE APAGARON LAS LAMPARITAS

El gobierno nacional anunció el año pasado el lanzamiento de un plan canje para las clásicas lámparas incandescentes en los hogares de todo el país. En la provincia de Santa Fe se anunció la entrega de 500.000 lámparas de bajo consumo a lo largo de este año para lograr un uso más eficiente de la electricidad. A diez meses de los discursos solo se concretó el 15% de lo anunciado. Desde la Empresa Provincial de la Energía aseguran que el gobierno nacional no cumplió con sus compromisos.

El 21 de diciembre de 2007 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Acompañada del Ministro Julio De Vido anunció la firma del Decreto Nº 140/07, donde se define como “eficiencia energética” a la adecuación de los sistemas de producción, transporte, distribución, almacenamiento y consumo de energía, destinada a lograr el mayor desarrollo sostenible con los medios tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la conservación de la energía y la reducción de los costos.

Entre las medidas propuestas para el corto plazo se impulsó el “reemplazo masivo de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo, en todas las viviendas del país”, con el objetivo de lograr un ahorro inicial de 410 megavatios de potencia durante el año 2008, el cual se incrementaría progresivamente hasta los 2048 megavatios en el año 2010, según se desprende de un informe preparado por el INTI evaluando el impacto del PRONUREE.

De la misma tanda de anuncios salieron las licitaciones para construir nuevas usinas eléctricas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; y el cuestionado cambio de huso horario que hoy trastorna a más de medio país.

En ese contexto la Empresa Provincial de la Energía informó que se entregarían sin cargo de 500.000 lámparas de bajo consumo entre los hogares de las principales ciudades de nuestra provincia para reemplazar las menos eficientes lámparas incandescentes.

Con un notable sentido de la anticipación, CFK advirtió en diciembre de 2007: “Espero por parte de quines proveen lamparitas y todo lo que tenga que ver con este bajo consumo, que también tengan responsabilidad social y empresaria. No sea que luego, a partir de la demanda y de la compra que va a hacer el Estado nacional de estos instrumentos necesarios, entonces, no con inteligencia, sino con la viveza, que tanto nos ha costado a los argentinos. Siempre digo que quiere empresarios y comerciantes inteligentes no vivos. A los vivos la rentabilidad les dura muy poco y luego la pagamos todos los argentinos finalmente en ineficiencia”. En el salón blanco de la Casa Rosada hubo aplausos cerrados.

Ha diez meses de aquellas palabras, y en el inicio de otro periodo de racionalización energética, se puede afirmar que al menos en nuestra provincia, el reemplazo de lámparas incandescentes ha sido un fracaso. Según confió a Fuera de Foco una fuente calificada de la Empresa Provincial de Energía, en lo que va del año solo se entregaron 70.000 lámparas de bajo consumo (sobre 500.000 programadas), debido a que el Ministerio de Planificación Federal – responsable de la implementación del programa de canje en todo en todo el país – no cumplió con los compromisos asumidos en su momento.

“Espero que también en esto haya responsabilidad, espero que el Licenciado Moreno también contribuya porque nuestros comerciantes y empresarios también tengan ese alto grado de responsabilidad que todos demandamos, en serio. Porque muchas veces formulamos planes, estrategias, metas ambiciosas, son muy ambiciosas las metas que acaba de darnos el ministro, en materia de ahorro y de eficiencia energética, de racionalidad”, dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando lanzó el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía.

Las metas del PRONUREE fueron ambiciosas. Se habló de producir un ahorro del 12% de la potencia demandada por el sistema eléctrico nacional en las horas pico. Sin embargo, los logros fueron bastante más modestos. En nuestra provincia el consumo disminuyó solo el 1,5% y para este año se espera mejorar la performance alcanzando un ahorro del 3,5%.

Pero como dijo la presidenta en su discurso del 21 de diciembre de 2007, si las metas “no se pueden cumplir” tenemos que “identificar claramente los problemas o los personajes por los cuales no se pueden cumplir estas metas y actuar en consecuencia. Esto también es parte de la eficiencia y de la calidad institucional: fijarse metas, verificarlas, corroborarlas, corregir”. Aplausos.

ETICA PARA INSPECTORES

El Ministerio de Trabajo de la Provincia aprobó un Código de Ética para el personal de control de obras. La adhesión y el compromiso de cumplimiento de esta nueva normativa es voluntaria para los funcionarios de la repartición. Entre los postulados a seguir se destaca el derecho al trabajo decente, la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, la transparencia, el respeto de los secretos comerciales, el libre acceso a la información gubernamental, la colaboración con los Comités Mixtos de salud y seguridad, y la obligación de denuncia ante incumplimientos de los profesionales de la construcción.

En los últimos meses varios hechos de corrupción salpicaron al personal de control del Ministerio de Trabajo de la provincia. Primero fue un operativo realizado por las TOE, en un bar de la ciudad de Rosario, que terminó con la detención del abogado Daniel Gazzera, luego que este recibiera un sobre con tres mil pesos para "arreglar" una deuda por multas aplicadas a una empresa de la construcción. Este funcionario se desempeñaba desde hacía dos décadas en la sección Sumarios y Multas. A los pocos días de este hecho, otros dos inspectores fueron denunciados por empresarios del sector, lo que derivo en el desplazamiento de Eduardo Paz, delegado de la cartera laboral en la zona sur.

Frente al impacto de estas denuncias en la opinión publica, el Ministro de Trabajo Carlos Rodríguez le dijo al diario La Capital: "Cuando asumimos dijimos qué veníamos a hacer y qué no íbamos a tolerar. Que les valga como advertencia", sentenció.

Para apaciguar el embate empresario, que aprovechó estos casos para cobrarse las habituales embestidas del ministro contra la inseguridad en las obras de Rosario, Carlos Rodríguez anunció el lanzamiento de una línea gratuita para que todos aquellos que conozcan casos de probables pedidos de coimas u otras irregularidades puedan denunciarlo anónimamente. “No todos los empleados del Ministerio son corruptos, solamente se trata de cuerpos extraños”, sostuvo el funcionario.

En la misma sintonía se manifestó Alicia Ciciliani, subsecretaria para la Promoción del Trabajo Decente del ministerio de Trabajo de la provincia, que advirtió: “Trabajaremos a fondo con los honestos y el que no quiera serlo que renuncie. Ese es el mensaje que el ministro (Carlos Rodríguez) quiere dar”.

Este compromiso ahora se intenta reforzar con la adopción de un Código de Ética para los inspectores de la repartición.

Nuevos valores

El 7 de octubre pasado se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 001 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde se aprueba un Código de Ética para inspectores dependientes de la repartición.

En los fundamentos de su decisión, Carlos Rodríguez sostiene que el código propuesto busca “profundizar la firme decisión oficial de abordar políticas públicas en materia de anticorrupción”, para lo cual se recurrió a los principios consagrados en la Ley Nacional de Ética en la Función Pública y la Convención Internacional Contra la Corrupción.

Según esta convención suscripta por nuestro país, las “normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las Funciones pública”, deben estar “orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, así como establecer medidas y sistemas “que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento”.

De todos modos, el Código de Ética para Inspectores de Trabajo será de adhesión voluntaria e individual, y los funcionarios de la repartición interesados en su cumplimiento “suscribirán una declaración jurada acreditante de la inequívoca e incondicional voluntad de acatamiento y respeto a las normas éticas estatuidas”. La nómina de quienes adhieran al mismo será publicada en la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe.

El código contiene una serie conceptos básicos y disposiciones específicas que se complementan con la normativa vigente. Sus preceptos están desarrollados en 37 artículos, que abarcan entre otras cuestiones, las siguientes:

- Desempeñar su labor de tal modo que sus acciones sean irreprochables, no susciten sospechas y sean dignas de respecto y confianza.

- No recibir ningún beneficio, ni para si ni para terceros, directa o indirectamente, vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que se deriven de ello.

- No discriminar, en la conducción de su actividad, según ningún tipo de criterios tales como raza, religión, sexo, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, posición económica, condición social, caracteres físicos, estado civil, orientación sexual, o discapacidad y a tal efecto cumplir con toda ley en vigencia sobre la materia.

- Utilizar la información aportada por la entidad fiscalizada y por terceros, de manera imparcial.

- No ejecutar actos reñidos con la buena técnica, aún cuando pudiere ser en cumplimiento de órdenes de autoridades superiores.

- Guardar reserva absoluta de toda aquella información a la que acceda en función de sus actuaciones.

- No emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación profesional de colegas salvo que medien exigencias de interés público.

- Denunciar los hechos, omisiones, o faltas que a su juicio, importen una trasgresión a la ética profesional.

- Respetar y hacer cumplir el derecho a un trabajo decente en lo que de la inspección dependiese.

- Ajustar siempre su comportamiento al objetivo de preservar y promover la salud de los trabajadores.

- En los casos en que el procedimiento refiera a materia de salud y seguridad en el trabajo, necesariamente deberá convocar al Comité de Salud y Seguridad si estuviere constituido.

- Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de particulares, establecidos por la ley.

- Poner en conocimiento de la autoridad competente los defectos o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes, y someter a ella proposiciones para mejorar la legislación.

- No intervenir en ninguna inspección en la cual tenga algún tipo de interés personal en relación con la empresa fiscalizada y sus trabajadores.

La aplicación de este Código de Ética se producirá en un contexto altamente desfavorable para los trabajadores de nuestra provincia. Según un informe de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, en Santa Fe se supera el promedio nacional de accidentes laborales y la mayor parte de las víctimas son obreros de la construcción. El dato sombrío del primer semestre del año son los 63 trabajadores muertos en siniestros de distinto tipo. En el mismo periodo se inspeccionaron 498 obras en construcción, de las cuales, 156 fueron suspendidas por violaciones a las normas de higiene y seguridad laboral.

martes, octubre 14

VIDAS QUEMADAS

Varios presos de Coronda protestaron por el agravamiento de las condiciones de encierro incendiando sus colchones. Uno de ellos pelea por su vida en el Hospital Cullen con el 80% de su cuerpo quemado. Sus familiares presentaron un habeas corpus y denuncian torturas y malos tratos. A pesar de la reiteración de estos hechos y el peligro latente para los alojados el Servicio Penitenciario Provincial se resiste a incorporar colchones de material ignífugo.

La sociedad santafesina parece anestesiada frente a los reiterados hechos de violencia que ocurren en la cárcel de Coronda. En los últimos meses varios internos perdieron la vida y otros tantos sufrieron heridas. Mientras la palabra oficial señala que se trata de riñas o intentos de suicidio, algunas voces advierten sobre la acumulación de tensiones internas, fruto de la política de mano dura desplegada por un sector del Servicio Penitenciario. Lo llamativo es que las reacciones son escasas, cuando en otro contexto, una situación similar hubiera derivado en escándalo.

Algo de esto esta pasando con la protesta realizada el 7 de octubre pasado por un grupo de internos alojados en las celdas de castigo. Al menos seis de ellos resolvieron prenderle fuego a sus colchones en señal de protesta por malos tratos recibidos. Como consecuencia de esta medida desesperada, Lucas Arellano de 19 años, sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo y permanece internado en la Terapia Intensiva del Hospital José María Cullen, en estado grave. Los otros heridos fueron asistidos en la enfermería del penal. "Hasta el miércoles había 16 internos en las celdas de castigo conocidas como 'buzones'. En estas celdas de dos metros por cuatro, tienen solo una tarima, un colchón, y un agujero para hacer sus necesidades, muchas veces tapados, por lo cual terminan haciéndolo en una bolsa, con una pequeña ventana que no tiene vidrio donde pasan las 24 horas del día. Estos internos no tienen acceso a ningún patio por lo cual no salen de ese lugar las 24 horas del día, el contacto con el exterior es solo un pasaplatos que está cerrado", describió la abogada Carmen Maidagan, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, luego de recorrer el sector. (Rosario 12 – 09/10/08)
Lo paradójico de la situación es que ninguno de los presos alojados en las celdas de castigo estaba sancionado. Sucede que el Servicio Penitenciario no tiene lugar en la cárcel para ubicarlos debido al avance de los pastores evangélicos que muchas veces expulsan de los pabellones a los internos que no reconocen su liderazgo.

Este fue el caso de Lucas Arellano. Con el agravante, según relata su familia, de que fue inducido a quemarse vivo por un guardiacárcel del sector. Por este hecho y las severísimas condiciones de encierro, la madre de este interno presentó un recurso de Habeas Corpus.


En el escrito patrocinado por la abogada Patricia Hidalgo, se indica que Lucas Arellano ingresó a la cárcel de Coronda “la madrugada de un día de junio” de 2008 proveniente de una comisaría de Rosario donde se encontraba detenido y procesado por el delito de robo calificado. Alejado de sus defensores y familiares “ha soportado un máximo rigor carcelario” desde su ingreso al penal. Esta situación quiso ser denunciada a través de una carta, pero la misiva entregada a su hermana fue “secuestrada el día 28/09/08 en la guardia del penal”. A partir de ese momento su encierro se agravó hasta el momento en que decidió prenderle fuego a su colchón.

Según denunció la madre del preso quemado, en el programa Rueda de Prensa (Cablevisión –Santa Fe), “hacia cuatro días que (Lucas) estaba en las celdas de castigo, les pegaban, les tiraban agua helada, no les daban de comer ni agua para tomar y estaban mal de tantos golpes. Mi hija le descubrió doce hematomas en el pecho de los golpes que les daban los guardiacárceles con los botines”.

Mirta Baptista relató que su hijo estaba desde hace varios días en los buzones y que cansado de los malos tratos y las torturas les dijo a los carceleros: “Me voy a matar, me voy a prender fuego, no aguanto más. Y el guardiacárcel que estaba ahí se le rió y le tiró un encendedor por la rejita. El se prendió fuego porque estaba cansado que le pegaran. El guardia le tira el encendedor y el usó el colchón. Lo único que se es que se prendió fuego y que cuando intentó abrir la celda asfixiado y con la cara quemada, el guardiacárcel no hizo nada. Encima los chicos que estaban con él decían: abrile, abrile que se esta quemando, sacalo por favor. Y el tipo lo que hizo fue golpear a ese pibito. Mi hijo lloraba y gritaba y no le abrieron la celda. Mi hijo se quemó ahí adentro”, dijo la mujer.

Ese día otros cinco presos le prendieron fuego a sus colchones en señal de protesta. Este hecho no fue informado por las autoridades del Servicio Penitenciario, y de acuerdo a los dichos de su director, Mariano Buffarini, se están realizando actuaciones sumariales para determinar si hubo intención de suicidio o se trató de un accidente.

Para Mirta Baptista el objetivo inmediato es salvar a su hijo y llevarlo de regreso a una cárcel de Rosario. “Yo no quiero que mi hijo vuelva a Coronda, tengo miedo por el, no voy a descansar hasta que no se haga justicia por mi hijo y por los otros chicos que estaban golpeados”, señaló.

No se que ganan con todo esto. Yo entiendo que son delincuentes y no me opongo a que mi hijo tenga que cumplir una sentencia, pero no así, no son animales”, reclamó la mujer.

Colchones

Como corolario de esta historia se debe reiterar la advertencia sobre el peligro latente que significa para las cárceles santafesinas la utilización de colchones de espuma de poliuretano. Centenares de presos en todo el país encontraron la muerte dentro de sus celdas intoxicados por el humo que provoca la quema de estos elementos durante protestas o motines. Su combustión genera un potente asfixiante químico llamado ácido cianhídrico.

En todos estos años, cada vez que ocurría alguna tragedia carcelaria, las autoridades de las jurisdicciones involucradas acusaban a las presos de provocar su propia muerte; desconociendo el alto riesgo que significaba tener en las celdas material peligroso y altamente inflamable como la espuma de poliuretano.

Esta situación llegó hasta la Corte Suprema de Nación que condenó al Estado de la Provincia de Buenos Aires a pagar daños y perjuicios a las familias de los presos muertos durante un incendio en el penal de Olmos, exigiendo además, la utilización de elementos ignífugos para el resto de los penales. Un pedido similar se reiteró luego de la tragedia en la cárcel de Magdalena. Por su parte, la Secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, obligó al Ministerio de Obras Públicas de la provincia a cambiar todo el revestimiento de espuma de poliuretano que se había colocado en las paredes de la nueva cárcel de Rosario, debido a su peligrosidad.

A pesar de estos antecedentes, y de los hechos que se reiteran con lamentable frecuencia, el Servicio Penitenciario de la Provincia concluyó una importante compra de colchones confeccionados con la mortífera espuma de poliuretano.

lunes, octubre 13

QUE DEVUELVAN LA PLATA

La Cámara de Diputados restituyó la vigencia del canon por el uso del espacio aéreo que la EPE le cobra a sus usuarios y transfiere mensualmente a municipios y comunas. Este tributo fue derogado en diciembre de 2006, pero se siguió cobrando igual, a pesar de carecer de respaldo legal. Recientemente, la Fundación Derecho Social reclamó la devolución de 70 millones de pesos retenidos de manera ilegal a los clientes de la distribuidora eléctrica santafesina.

En la última sesión de la Cámara de Diputados – luego del cuarto intermedio acordado tras el maratónico debate por la fallida reforma tributaria – se aprobó de manera definitiva la modificación del artículo 2º de la Ley Nº 12.700 que restituye la vigencia del canon por el uso del espacio aéreo que la EPE abona mensualmente a los municipios y comunas de la provincia.

Este tributo equivale al 6% de la facturación bruta de la EPE y es pagado por todos los usuarios de la empresa. Aparece discriminado en la facturación y esta vigente desde el año 1975. Por este concepto en el año 2008 se repartirán 36 millones de pesos entre municipios y comunas de la provincia, y para el caso de la ciudad de Santa Fe, significa un ingreso de $ 1.783.872, según consta en las planillas anexas del presupuesto municipal del presente ejercicio. Desde la perspectiva de un cliente de la distribuidora eléctrica santafesina, el pago de este canon para un consumo de 680 kWh representa la suma de $ 8,50 por bimestre o $ 51 por año.

Lo curioso es que por un inexplicable olvido parlamentario, la ley que autoriza el cobro de este canon fue derogada en diciembre de 2006, y a pesar de carecer de respaldo legal, la alícuota del 6% se siguió aplicando igual. Esta situación se prolongó durante los últimos 21 meses y se originó con la sanción de la Ley Nº 12.700 que derogó la ley de privatización de la EPE aprobada en 1999.

Cuando 14 de diciembre de 2006, la Legislatura Provincial restituyó la plena vigencia de la Ley Nº 10.014 como marco normativo de la EPE, diputados y senadores se olvidaron de incluir en el proyecto la restitución de este canon que data de los tiempos del siempre mentado Carlos Silvestre Begnis.

Recién este año, la Cámara de Diputados comenzó a corregir la desprolijidad, dándole media sanción a una iniciativa presentada por los diputados Lamberto, De Cesaris, Simoniello, Vucasovich, Liberati, Marín y Simil, que proponía la modificación del Artículo 2º de la Ley Nº 12.700 - Canon por uso del Espacio Aéreo a Municipios y Comunas – estableciendo la plena vigencia de la Ley Nº 7.797, derogada en diciembre de 2006. El proyecto pasó el filtro Cámara de Senadores y la semana pasada se convirtió en ley.

El problema que no puede ser pasado por alto, es que durante los últimos 21 meses los usuarios de la EPE sufrieron el descuento de un canon que no tenía sustento legal, por un monto cercano a los 70 millones de pesos.

Por este motivo, la Fundación Derecho Social de la ciudad de Santa Fe, presentó un reclamo ante el directorio de la Empresa Provincial de la Energía por la retención indebida del 6% de la facturación bruta por el uso del espacio aéreo, exigiendo que lo recaudado por ese concepto sea reintegrado a los usuarios.

“La EPE viene enriqueciéndose sin causa, mediante una retención indebida, desde el mes de enero de 2007, en que la ley 11.727 perdió definitivamente vigencia y el tributo desapareció del mapa legal. Desde entonces, si pagó, pagó mal; y si cobró, fue indebidamente”, sostiene en la presentación del 13 de agosto pasado, el abogado Domingo Rondina, presidente de la FDS.

“Según la ley 24.240 deben reintegrar lo ilegalmente retenido y abonar una indemnización por ese abuso”, advierte el escrito que aún aguarda respuesta.

¿SE PINCHARON LOS ACUEDUCTOS?

Se prorrogó la apertura de ofertas de la licitación nacional e internacional de la Etapa 1 de los Grandes Acueductos. El acto previsto para el 20 de octubre pasó al 10 de noviembre próximo. La postergación fue solicitada por las empresas que compararon los pliegos. Desde el gobierno provincial admiten que la crisis financiera internacional puede dificultar el avance del megaproyecto.

El Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia postergó el acto de apertura de propuestas de la Licitación Pública Nacional e Internacional convocada para la contratación del Financiamiento, Suministro de Materiales y Ejecución de la obra de los Grandes Acueductos - Etapa 1 - Tramo A.

El acto había sido programado para el día 20 de octubre, y de acuerdo a lo publicado recientemente en el Boletín Oficial, fue prorrogado hasta el próximo 10 de noviembre de 2008.

Según confiaron fuentes bien informadas del Ministerio de Aguas, la postergación obedece a un pedido de las empresas interesadas en esta licitación, preocupadas por la evolución de la crisis financiera internacional y el impacto que pueda tener en el acceso a líneas de crédito necesarias para concretar el megaproyecto.

Es importante recordar que esta licitación fue iniciada durante el último gobierno de Jorge Obeid desde el entonces Ministerio de Asuntos Hídricos conducido por Alberto Joaquín. El esquema general del proyecto contemplaba que la empresa ganadora debería hacerse cargo del financiamiento, la provisión de materiales y la construcción de la obra. Con la llegada del ministro Antonio Ciancio, los pliegos fueron sometidos a revisión, aunque se respetó la estructura original del proceso que ahora resulta postergado.

En una reunión realizada el pasado 10 de septiembre en la Cámara de Senadores el ministro Ciancio comunicó que “el gobierno provincial reinició el proceso licitatorio para las obras que mejorarán la provisión de agua potable en el Gran Rosario y en el centro oeste provincial", adelantando que la apertura de los sobres estaba prevista “para el 20 de octubre próximo".

Con esta decisión se intentó poner en marcha un ambicioso proyecto que en el inicio contempla tres grandes acueductos sobre un total de doce. “Estamos desarrollando una verdadera política de Estado, en donde sustentamos el saneamiento del agua como un pilar fundamental, considerándola un bien social y un derecho humano intransferible", dijo el funcionario luego de la reunión con los senadores.

Aunque todavía no lo admiten a nivel oficial, el derrumbe de las principales bolsas de valores en el mundo puede postergar de manera indefinida el inicio de la obra de los grandes acueductos.

BANCO DE SANTA FE: LOS DOCUMENTOS DE LA CORRUPCIÓN

El gobierno provincial resolvió levantar el secreto que protegía a los archivos la Comisión Investigadora del ex Banco de la Provincia de Santa Fe. El organismo fue creado en 1997 y estuvo presidido por el abogado Alfredo “pichón” Nogueras. Durante la pesquisa se detectaron maniobras irregulares por 21 millones de dólares. La mayoría de las causas judiciales que comprometieron a funcionarios del Partido Justicialista están prescriptas. La prueba documental reunida por esta comisión se puede consultar en el Archivo General de la Provincia. Estuvimos revisando papeles y contamos lo que vimos.

La cita fue en la sala de reuniones del Directorio del ex Banco de la Provincia de Santa Fe - primer piso de la casa central en Tucumán y 25 de Mayo - el 29 de agosto de 1997. Sobre la gran mesa de madera se destacaban las cajas de cartón que guardaban los siete tomos del informe final de la Comisión Investigadora creada por el entonces gobernador Jorge Obeid y presidida por el abogado Alfredo “Pichón" Nogueras, amigo personal del mandatario e histórico dirigente demócrata cristiano.

El trabajo de la comisión investigadora había comenzado en febrero de ese año, con la promesa de dilucidar los más sonados casos de corrupción que jalonaron el paso de los sucesivos directorios de la entidad bancaria del estado santafesino, que ya se encontraba en estado de liquidación y esperaba ser transferida al sector privado. “No voy a aceptar que por ser quien vaya a privatizar el Banco, tenga que hacerme cargo de los hechos de negligencia o dolo de administraciones anteriores. La privatización de ninguna manera va a tender un manto de olvido sobre todo lo que ha pasado con el Banco”, aseguró, sin temor al archivo, el ex gobernador Jorge Obeid. (El Litoral – 04/02/1997)



El origen de la investigación fue un informe de la Fiscalía de Estado donde se había señalado que la cartera de créditos incobrable ascendía a 334 millones de pesos; advirtiendo que en varios casos no se constituyeron garantías, ni tampoco fue analizada la situación patrimonial o la evolución de la deuda del tomador, desoyendo incluso las recomendaciones de las gerencias, sobre la necesidad de realizar sumarios o denuncia penal contra numerosas empresas y particulares que se beneficiaron con esos créditos.

A partir de este punto de arranque la pesquisa de la Comisión Nogueras avanzó sobre una veintena de contratos celebrados por los últimos directorios; la concentración de los prestamos en un grupo de empresas; la injerencia del Partido Justicialista para favorecer el financiamiento de determinados emprendimientos privados; y el desvió de fondos para asistir al gobierno de la provincia.

Entre los contratos de bienes y servicios analizados aparecen algunos de los casos más emblemáticos de la corrupción de la década menemista. Según el informe final de la comisión investigadora, en el rubro contrataciones “se observa en general un continuo menosprecio por el cumplimiento de las normas que asegurarían mayor transparencia y equidad en los concursos de personas (…) ocasionando perjuicios económicos de singular magnitud”.

La licitación para la informatización del banco fue adjudicada a la empresa IBM, ocasionándole un perjuicio a la entidad de 12 millones de dólares debido a los sobreprecios. Lo mismo ocurrió con la contratación del sistema de transmisión de datos que favoreció a la empresa Telecom y perjudicó al banco en 2,6 millones de dólares. En el caso del contrato con la empresa OCASA el perjuicio fue estimado en 2 millones de dólares. En sus conclusiones, la comisión investigadora estimó que las contrataciones analizadas, le ocasionaron al Banco de la Provincia de Santa Fe un perjuicio superior a los 21 millones de dólares.

Terminado su cometido, el ex gobernador Jorge Obeid anunció que el informe final de la Comisión Nogueras sería enviado al Procurador General de la Corte para que la justicia decida los caminos a seguir. En algunos casos el material se incorporó en causas preexistentes, en otros, sirvió para la apertura de nuevas investigaciones en los juzgados de Rosario y Santa Fe. Pero la mayoría de estos trámites fueron triturados por la maquinaria de la impunidad santafesina. Primero fueron paralizados, luego se buscó la prescripción y finalmente se trabajó para el olvido.

Algunos años después, Alfredo Nogueras publicó un libro llamado “Investigación del Banco de la Provincia de Santa Fe. Democracia o corrupción”. Allí quedó plasmada la visión de este dirigente sobre el trabajo de la comisión especial. “La institución investigada estuvo ganada, en algunos lapsos prolongados, por una corrupción generalizada, impulsada por la impunidad de que gozaban sus autores y que se puede constatar por la falta de reacciones políticas y judiciales, ante la anómala situación. A la Comisión no le quedó duda de que el estado económico financiero en que se encontraba el Banco al momento de la investigación, que no era para nada envidiable, era fruto directo de aquella corrupción generalizada, con responsables dentro y fuera del banco”, anticipa desde el prólogo, el hombre que falleció sin la satisfacción de que algún juez de la provincia corrobore con alguna sentencia el empeño puesto a favor de la transparencia y la honestidad.

El pacto de silencio y protección se completó con el ocultamiento de la formidable prueba documental reunida sobre las maniobras que terminaron con el vaciamiento del ex banco provincial. En el transcurso de la investigación se efectuaron pericias técnicas y contables, se recibieron numerosos testimonios y denuncias, y se extrajo información de expedientes judiciales y publicaciones periodísticas. Todos estos documentos fueron organizados en carpetas temáticas y guardados en una veintena de cajas que fueron depositadas en el Archivo General de la Provincia.

En los estantes del viejo edificio de General López y 9 de Julio se encuentra guardada parte de la historia del saqueo al que fue sometido el Banco de la Provincia de Santa Fe antes de su privatización. Según un cálculo realizado por el ex diputado provincial Carlos Favario, el costo que tuvo que afrontar el estado santafesino tras la enajenación fue de 895 millones de pesos.

Archivo desclasificado

El 27 de agosto pasado se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, la Resolución Nº 0393 del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, donde se establecen los grados de accesibilidad, confidencialidad y plazos de comunicabilidad de los documentos producidos por la Comisión Investigadora del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M.

Esta decisión rompe con once de años de ocultamiento, ya que los documentos de la Comisión Nogueras, estaban protegidos por el Artículo 39° de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 que regula el denominado “secreto financiero”, según la interpretación que en 1997 aplicó el gobierno de Jorge Obeid.

Ahora, la administración de Hermes Binner estableció que una parte de esos materiales deben ser de libre acceso al público. De acuerdo a la reglamentación contenida en la Resolución Nº 0393 del MGyRE, los interesados podrán consultar los siguientes documentos: Dictamen Final; Conclusiones y Dictámenes de las subcomisiones “Contrataciones”, “Relación entre el Gobierno y el Banco de Santa Fe”, “Jurídica” y “Denuncias”; Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Investigadora; Libro de Actas de las Asambleas Plenarias de la Comisión Investigadora; Cassettes con las grabaciones de los Plenarios de la Comisión; Indicadores de Gestión Año 1980/1995; Carpeta con archivos periodísticos; Correspondencia de la Comisión; y Carpeta con denuncias de particulares.

Sin embargo, otra parte de los papeles de la Comisión Nogueras permanecerá protegida por el secreto bancario hasta el 30 de Junio de 2028, aunque puede ser solicitado por los particulares por la vía de las “autorizaciones excepcionales” que serán resueltas por el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. en Liquidación y/o el Ministerio de Economía de la Provincia.

Según el Artículo 5º de la Resolución Nº 0393, los beneficiarios de las eventuales “autorizaciones excepcionales” para acceder a los documentos de carácter restringido “deben observar las leyes relativas al respeto de la vida privada y a la protección de los intereses públicos”.

En este segundo lote de información se destacan: Informe Universidad Tecnológica Nacional: Evolución de deuda, evolución global y análisis individual por cliente; Informe de la Universidad Nacional del Litoral; 1.500 fojas con la situación individual de los deudores; Informe Universidad Nacional de Rosario; antecedentes remitidos por Fiscalía de Estado de la Provincia; antecedentes remitidos por el B.C.R.A.; 30 casetes de la totalidad de las personas citadas o que comparecieron por presentación voluntaria y desgrabación de los mismos; Copia del Expte. Nº 378 bis/93, caratulado “Ghezzi, Luís s/Denuncia”, que se tramita por ante el Juzgado de Instrucción de la 3ª. Nominación de Santa Fe, a cargo del Dr. Julio César Costa, Cuerpo 1 y 2; Informes de Auditorias Internas y Externas; Antecedentes Licitación Pública 1043 IBM e Informe Técnico del CERIDE sobre Causa 1307/94; Antecedentes causas Fiscal Edgar López; y una caja conteniendo 10 (diez) disquetes sobre el estado de los Juicios del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. divididos por regionales y 3 (tres) disquetes de listados de deudores divididos por regiones centro, sur y norte.

Visita guiada

La atención al público en el Archivo General de la Provincia comienza a las 7.30 de la mañana. Con la Resolución Nº 0393 en la mano preguntamos por los archivos de la Comisión Investigadora el viernes pasado bien temprano. Para nuestra sorpresa nos respondieron que aguardáramos unos minutos mientras localizaban el material. Luego de algunas consultas con las empleadas teníamos sobre la mesa las cajas 7, 11 y 13. Allí estaban guardados desde 1997 los documentos de la subcomisión de Contrataciones, información institucional del banco y un voluminoso archivo periodístico sobre la tarea de la comisión. Entre los recortes encarpetados aparecía en primer lugar, un artículo del diario La Capital titulado: “Banco: exigen que llamen a declarar a Reutemann y Mercier”.


Entre los papeles guardados en la caja 13 sobresalía un sobre color marrón con la declaración jurada patrimonial de Alfredo Nogueras. Estaba cerrado con cinta adhesiva y no se nos permitió revisar su interior. También encontramos un informe firmado por Alberto Becanni – integrante de la comisión investigadora – donde se describe la operatoria de la cuenta del Partido Justicialista y la cuenta Menem Presidente. Ambas contaron con autorizaciones especiales para girar fondos en descubierto y fueron beneficiadas con la cancelación de intereses.


La caja 11 contiene la información recolectada en la investigación de las contrataciones. Allí aparece la carpeta sobre la Licitación 1043/91 para la instalación del sistema de transmisión de datos entre las sucursales del banco. El proceso de selección terminó favoreciendo a la empresa Telecom, que tenía como subcontratista a la firma Consad de los hermanos Cattaneo, en un esquema de similar al denunciado en el escándalo IBM-Banco Nación.


Las conclusiones sobre esta licitación son contundentes. Telecom tenía expresamente prohibido brindar el servicio de transmisión de datos. Los otros oferentes de la licitación eran pantallas para disimular la adjudicación a favor de la licenciataria telefónica. Antes de firmado el contrato el banco y había efectuado un pago parcial por el trabajo. Los costos del contrato eran exorbitantes comparaos con otras contrataciones similares dentro del estado provincial. La participación de la empresa Consad sirvió para justificar pagos a favor de los funcionarios del banco. Todos estos antecedentes fueron girados a la Fiscalía Nº 11 de los Tribunales de Rosario para que se inicie una investigación penal. El paso del tiempo se encargó de borrar las huellas encontradas por la comisión.

“Mira fulano las barbaridades que hizo”

Luís Gómez es el secretario general de la Asociación Bancaria de Santa Fe. En 1997 ocupaba el mismo cargo y desde allí participó activamente en las luchas contra la privatización del Banco Provincial. Para este dirigente, la Comisión Nogueras “fue una jugada del ex gobernador Obeid absolutamente demagógica. Obeid tuvo en sus manos la posibilidad de salvar el banco y no lo hizo. En rigor, solo siguió la corriente de lo que pasaba en ese momento por la línea que bajaban Menem y Cavallo de privatizar los bancos provinciales”.

De todos modos, Gómez rescata la figura de Alfredo Nogueras, a quien valora desde lo político y lo personal. “ A “pichón” le tengo un gran respeto y un gran aprecio desde el punto de vista personal, un gran respeto por su capacidad y sus conocimiento técnicos, y un gran respeto a su trayectoria, pero en este caso a mi me parece que Nogueras actuó más por una cuestión de amistad con el gobernador Obeid que otra cosa. Mas allá de que el pueda haber puesto todo el énfasis y su honestidad y capacidad en la investigación”.

El dirigente bancario remarca un punto esencial de su crítica: la Comisión Nogueras debería haber existido antes de la privatización. ”Ahí hubiera surgido que al banco lo vaciaron, que gran parte de la culpa la tuvieron los gobiernos y que podía ser salvado y quedar en manos de estado como se hizo con el Banco Nación”.

“Por eso siempre dijimos que las conclusiones de la comisión investigadora llegaron muy tarde. Insisto, fue una medida demagógica que no condujo a nada. Son jugosas y muchas, pero no se pudieron llevar a la justicia. Hoy por hoy, la única causa que sigue abierta es la denuncia que hizo la Comisión Interna del Banco de Santa Fe”, sostiene Gómez.

Respecto a la apertura de los archivos, el dirigente de la Bancaria admite que “puede servir para señalar los responsables y decir “mira fulano las barbaridades que hizo”, pero ya no quedan posibilidades de ir a la justicia. Si esto sirve para que personajes de esa época queden grabados en la memoria de los santafesinos y nunca más ocupen cargos, bienvenido sea, pero lo dudo, siempre se tuvo miedo de tirar nombres y señalar responsables”.

Sin embargo, Gómez tiene esboza una galería de culpables del descalabro del Banco Provincial que tendría que estar encabezada por los gobernadores Vernet, Reviglio, Reutemann y Obeid. “Son los primeros responsables de todo lo que paso desde el punto de vista de la corrupción, el vaciamiento y de las barbaridades que hicieron los directores. Al presidente del banco y al directorio lo nombraba el gobernador y tenían que rendirle cuentas al Ministro de Hacienda”, remata.

Pero mas allá de las lecturas sobre el rol jugado por Alfredo Nogueras y el valor de la documentación que ha ido desclasificada, lo cierto es que el 29 de agosto pasado, se cumplieron once años de la presentación del informe final de la Comisión Investigadora. A pesar de las pruebas reunidas y el tiempo transcurrido la justicia santafesina defeccionó a la hora de castigar a los responsables del saqueo de la entidad crediticia. Quizás sea el momento para que la sociedad civil santafesina aproveche la apertura de estos archivos y construya “el juicio contra la corrupción” que la provincia se merece.